En la mañana de hoy, el titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF, Julián Axat, se acercó hasta el inmueble ubicado en la calle Pichincha 191 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a solicitud de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), para recibir el reclamo de las 60 familias que lo habitan, ante la inminencia de que sea concretada una orden de desalojo dispuesta por el juez Penal, Contravencional y de Faltas Nº17, Norberto Ricardo Tavosnanska.

En virtud de ese acercamiento, y mientras en las adyacencias se encontraba desplegado el operativo policial para cumplir la medida, dos vecinos se trasladaron a la sede central de ATAJO, donde la coordinadora del equipo Técnico Jurídico, Katia Troncoso Muñoz, labró el acta que recoge ambos testimonios.Tras las declaraciones, Axat dirigió un escrito a la titular de la Fiscalía Correccional y de Faltas Nº 16, Laura Barcia, en el que solicitó “evaluar la posibilidad de proponer una mesa de diálogo entre las partes (…) a los efectos de poder resolver el conflicto del modo menos perjudicial para las familias que allí habitan”. El titular de las agencias ATAJO alegó la condición de extrema vulnerabilidad de los moradores, y las normas constitucionales que protegen el derecho a la vivienda.

Idéntica presentación realizó Axat ante el juez Tavosnanska, quien recibió al director de las agencias ATAJO en su despacho minutos después del mediodía.

Durante el encuentro, el juez confirmó el desalojo previsto para el día de hoy, pero notificó a Axat del fallo, en el que dispuso otorgar a las familias afectadas un subsidio para el pago de las estadías en hoteles, que podrán percibir hasta tanto se habiliten las líneas de crédito previstas por los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “que permitan la obtención definitiva de una vivienda”.

A la salida del encuentro, el director de Acceso a la Justicia del MPF explicó que el magistrado porteño se comprometió a hacer cumplir en todo su alcance el veredicto suscripto el día anterior, también la parte que establece la obligatoriedad de “relocalizar a la gente en buenos hoteles y el otorgamiento de créditos a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad”.

Testimonios

Según declararon Abel Rodolfo Sanchez, de 23 años, y Margarita Sabina Pérez Pérez, de 44, “en un primer tiempo existió una persona que alquiló el lugar, pero desde aproximadamente 8 años no se cobró más canon locativo”, lapso en el cual las familias pagaron regularmente todos los servicios.

Los vecinos del inmueble en conflicto precisaron además que años atrás “se presentaron inspectores del gobierno de la Ciudad, quienes informaron que los propietarios del inmueble habían fallecido sin dejar herederos”. Sin embargo, y tras una inspección de rutina llevada a cabo en los primeros días de septiembre por la Agencia Gubernamental de Control porteña, se “procedió a la clausura del ingreso al edificio mediante una faja sin dejar ningún acta ni informar los motivos que llevaron a esa decisión administrativa”.

En sus declaraciones los vecinos pidieron dejar asentado que “el edificio en cuestión sólo es utilizado como vivienda familiar”, debido a lo cual continuaron habitándolo, a pesar de la clausura. La violación de la faja de papel, asintieron, habría sido la razón formal que dio pie a la intervención de la Justicia Contravencional y de Faltas, y la posterior orden de desalojo, dictada en resguardo de la vida de las familias debido a las malas condiciones edilicias del inmueble.