27 de febrero de 2024
27 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El Movimiento de Trabajadores Excluidos solicitó la intervención de ATAJO
La Dirección General de Acceso a la Justicia reclamó a la Operadora Ferroviaria del Estado por la suspensión del “tren cartonero”
Julián Axat presentó un escrito en el que requirió una solución a la situación planteada por los recolectores informales, que no pueden trabajar tras el cese del servicio del tren especial de la Línea San Martín para el traslado de sus carros y materiales reciclables.

El Director General de Acceso a la Justicia del MPF, Julián Axat, remitió un escrito al presidente de la Operadora Ferroviaria del Estado, Marcelo Orfila, en reclamo de una solución al conflicto suscitado con los trabajadores de la economía popular que hacían uso del “tren cartonero” hasta el mes de agosto de este año, cuando la empresa a cargo del servicio ferroviario de la Línea San Martín interrumpió la prestación.

Según consta en el acta labrada por el equipo jurídico de ATAJO, Jacquelina Andrea Flores, trabajadora de la economía popular y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, relató que “el conflicto se inició hace dos meses, cuando la persona a cargo de la seguridad del tren especial comunicó la decisión de la empresa de cesar el servicio, alegando que las formaciones no serían seguras por falta de mantenimiento”.

La trabajadora agregó que “en un primer momento se manifestó la propuesta de poner a disposición de los trabajadores, colectivos y camiones para trasladarse y un predio donde acopiar el material reciclable recolectado, pero hasta la fecha no se ha cumplido” con ese ofrecimiento.

“Desde entonces –continuó Flores- hemos intentado, aunque sin éxito, comunicarnos con el personal de la empresa Ferrocarriles Argentinos a fin de acordar una solución al conflicto planteado”.

En la presentación, Axat alegó que el tren especial para el traslado de los cartoneros resulta esencial para “este trabajo, que constituye el único medio de vida y sustento para las familias”.

La actuación de la Dirección de Acceso a la Justicia se da en el marco del convenio que la Procuración General de la Nación y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular suscribieron en junio de este año, que persigue la creación de herramientas jurídicas para que los conflictos de los trabajadores informales y precarizados encuentren caminos de solución por fuera de la esfera penal y sean abordados desde la órbita laboral.