La Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo de Paulina Coto, informó que entre el 1° de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026 se registraron 13.344 consultas en las 18 agencias territoriales del organismo, lo que representa un incremento del 4,5% respecto del período anterior.

El relevamiento fue elaborado sobre la base de la información registrada por las agencias territoriales y por el Equipo de Coordinación Jurídica, tanto en los sistemas de la Dirección General de Acceso a la Justicia (DGAJ) como en el sistema digital de gestión de casos Coirón.

Según ATAJO, la demanda se mantuvo por encima de los niveles registrados en el período previo durante casi todos los meses analizados. En ese sentido, el reporte señala que esta tendencia “es coherente con el creciente peso que vienen cobrando las agencias territoriales como referencia pública en los barrios”.

Durante el período relevado se llevaron adelante 21.610 instancias de intervención. Del total, el 29% correspondió a asesoramientos jurídicos; el 16% a acompañamientos y canalización de problemáticas hacia organismos estatales ajenos al Ministerio Público Fiscal; el 10% a gestiones vinculadas con el acceso a información administrativa; el 5% a información judicial sobre procesos en trámite y otro 5% a notificaciones en el marco de casos en curso.

Las problemáticas más frecuentes

El reporte indica que el 34% de las consultas estuvieron relacionadas con solicitudes de información y orientación; el 30% con cuestiones vinculadas al derecho de familia y el 10% con problemáticas relativas al trabajo y la seguridad social.

Al analizar los temas específicos, se destaca que las consultas sobre cuestiones de familia civil —como alimentos o responsabilidad parental— representaron el 18% del total. Le siguieron las vinculadas con la situación migratoria, con un 10%, y los pedidos de información y orientación en materia penal, con un 6%.

“La recurrencia de consultas sobre determinados temas pone de relieve la emergencia de problemáticas que exceden el orden individual, representando carencias comunes del ámbito familiar y comunitario”, señala el documento.

Asimismo, el relevamiento da cuenta de que el 47% de las consultas involucró problemáticas con impacto directo en el ámbito familiar, mientras que el 2% se vinculó con situaciones que afectaban al conjunto de la comunidad barrial y el 1% a colectivos específicos.

“Esta situación pone de relieve que, al menos la mitad de las consultas tramitadas, no se agotan en la resolución de un conflicto particular, sino que constituyen una acción que se irradia efectivamente hacia la vida familiar y comunitaria en los barrios donde se emplazan las agencias territoriales”, remarcó ATAJO en el reporte.

Factores de vulnerabilidad y obstáculos para el acceso a la justicia 

El documento también analiza los factores de vulnerabilidad (según la tipología propuesta en las Reglas de Brasilia) identificados durante las entrevistas iniciales, así como los principales obstáculos para el acceso a la justicia.

Según se aclara en el relevamiento, tanto los factores de vulnerabilidad como los obstáculos suelen presentarse de manera simultánea en una misma consulta, por lo que las distribuciones porcentuales superan el 100%.

En ese marco, la condición de pobreza estuvo presente en el 70% de las consultas, seguida por la niñez y adolescencia, con el 32%, y las situaciones vinculadas con cuestiones de género, con el 18%.

Respecto de los obstáculos para el acceso a la justicia, la agencia especializada detalló que “son una serie de barreras” que se identifican regularmente en el marco de la entrevista inicial. En esa línea, el reporte señala que en el 36% de las consultas se identificaron barreras burocráticas; en el 31%, dificultades asociadas a la educación legal; y en el 16%, cuestiones vinculadas con los costos directos del servicio jurídico. También se registraron condicionamientos relacionados con la mediación tecnológica y la desconfianza en el sistema judicial, ambos con una incidencia del 6%.

Requerimientos institucionales

Durante el período relevado también se registraron 664 requerimientos institucionales provenientes de áreas y dependencias del MPF, que representaron el 70% del total, además de solicitudes formuladas por organismos de la administración pública y otros actores del sistema de justicia.

Dichas solicitudes de intervención se vinculan a la función de asistencia técnica que la DGAJ brinda a los integrantes del MPF, como así también a distintas dependencias judiciales, en las jurisdicciones donde funcionan agencias territoriales ATAJO.

Asimismo, desde julio de 2025, la demanda de requerimientos institucionales mantiene una tendencia ascendente. En ese contexto, el 58% de los requerimientos fue tramitados por el ATAJO Mendoza, seguido por el ATAJO Rosario con el 12%, y por las coordinaciones regionales, con el 8%.

Entre las intervenciones más requeridas durante el período se encontraron la elaboración de informes interdisciplinarios para evaluar medidas de morigeración de pena o como recurso técnico para la estrategia acusatoria; ofrecimiento de organizaciones comunitarias e instituciones de bien público como posibles destinatarias de reparaciones económicas en los casos de resolución alternativa de conflicto y/o para cumplimiento de tareas comunitarias en casos de suspensión del proceso a prueba; la notificación de citaciones judiciales a víctimas o testigos de delitos; y la realización de talleres de promoción de derechos como regla de conducta en casos de probation, entre otras.

El impacto del sistema acusatorio

Del reporte también se desprende que, de la implementación del sistema acusatorio también se reflejó en un incremento de las solicitudes de intervención por parte de las áreas que conforman las Unidades Fiscales, tales como la de Casos Sencillos, la de Ejecución Penal y la de Atención y Acompañamiento a Víctimas. En efecto, durante el período analizado se registraron 664 pedidos de intervención en comparación con los 359 requerimientos que se registraron durante el mismo período el año anterior, lo que representa un incremento interanual del 85%.

Por último, cabe señalar que la DGAJ desarrolló el sistema REPARAR, una herramienta destinada a facilitar a las unidades fiscales la identificación de organizaciones comunitarias e instituciones de bien público como posibles destinatarias de reparaciones económicas integrales, con criterios de eficiencia, transparencia y equidad. Actualmente, el registro reúne más de 300 entidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Mendoza, Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Bariloche.