En la mañana de ayer, en el Salón Malaver de la Procuración General de la Nación, se realizó una audiencia entre partes, convocada de urgencia por el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 18, a cargo del doctor Blanch, y en la que el director del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, Julián Axat, ofició de mediador. El procedimiento se dio en el marco de una causa seguida contra los ocupantes de una vivienda ubicada en el barrio de Constitución, por una entidad gremial que agrupa a trabajadores de la sanidad. Durante el acto, ambas partes habrían alcanzado un punto de posible acuerdo, cuya concreción depende de la ayuda estatal.

La causa, iniciada en julio de 1995 tras una demanda interpuesta por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) contra los vecinos que ocupan una propiedad en Humberto Primero al 2000, tiene sentencia firme en favor de la parte actora, en virtud de la cual el juzgado interviniente ordenó el desalojo del inmueble, cuya ejecución es inminente.

En la vivienda, que ocupan desde hace 25 años, viven 14 familias, entre las cuales hay más de 20 niños y personas con discapacidades. Según alegan los vecinos, varios de ellos compraron de buena fe la propiedad, aunque irregularmente, a quien entonces manifestaba ser el dueño del inmueble, en el que funcionaba un local político partidario.

Tras la intervención del Programa ATAJO, solicitada por los vecinos que llegaron a la agencia de Acceso Comunitario a la Justicia en busca de ayuda, sus trabajadores sociales confeccionaron un informe social que se presentó en el juzgado y fue incorporado al expediente. Debido a ese trabajo, que determina que “la trayectoria de vida de estas familias (que ocupan el inmueble), permite caracterizarlas como una población atravesada por la vulnerabilidad social”, el juez aceptó convocar a una audiencia de mediación entre partes, para encontrar algún tipo de solución que las conforme.

Debido a la falta de transferencia de la Justicia ordinaria hacia el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron convocados organismos de distintos niveles y de distintos poderes, para que articulen medidas, planes y políticas públicas, para el mejor y mayor respecto a los derechos económicos y sociales de los ciudadanos.

La mediación estuvo a cargo del titular del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del MPF, Julián Axat, y participaron, en representación de FATSA, la abogada Alejandra Guerrisi, y por los vecinos, el titular de la Defensoría Pública Oficial N° 3, Héctor Copelo, y la Defensora de Menores Nº 6 de la Defensoría General de la Nación, Laura Di Loreto. Asimismo, estuvieron presentes y expresaron su opinión y el interés por resolver el conflicto, una delegación de los propios ocupantes, compuesta por 16 de ellos.

Además, intervinieron el enviado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roque Matías Di Biase; Sergio Antonio Varas, de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat; Eduardo Portillo, por el Consejo de Derechos de niños, niñas y adolescentes de la CABA; Vanesa Wolanik, por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma; Romina Tuliano Conde, del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación; y Gastón Juan, en nombre de la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires.

La audiencia

Una vez iniciado el procedimiento fue cedida la palabra a todos los actores. “El juzgado Nacional en lo Civil Nº 18 delegó en ATAJO la posibilidad de escuchar a las partes, si bien el proceso ya está en etapa de ejecución”, explicó Julián Axat. El director del Programa de Acceso a la Justicia estuvo acompañado por la coordinadora del área jurídica de esa dependencia, Katia Troncoso, y Paula Mallimaci, a cargo de las relaciones institucionales de ATAJO.

“Nosotros realizamos un informe social de las familias afectadas, el que tendrán a su disposición. Allí observarán que estamos ante un nivel de conflictividad importante, y por ello es necesario que todos maximicen sus esfuerzos, y propongan medidas que aporten soluciones de manera permanente y atiendan las necesidades de estas personas”, añadió Axat.

La letrada de FATSA reconoció lo delicado del caso y se mostró sensible ante la posibilidad de ejecutar un desalojo compulsivo, por lo cual  señaló que su parte está dispuesta a escuchar propuestas para resolver el problema habitacional de la parte demandada.

Seguidamente hablaron los vecinos, quienes, con lágrimas en los ojos, pidieron una oportunidad para poder comprar el inmueble y reclamaron algún tipo de ayuda estatal para lograrlo. “Somos trabajadores. Estamos dispuestos a pagarle a FATSA hasta la última moneda para poder seguir viviendo ahí. No tenemos dónde ir. Mis hijos y hasta mis nietos nacieron allí”, expresó uno de ellos. Otro aclaró que “no nos sirve un subsidio de 1200 pesos. Queremos que se cumpla nuestro derecho a la vivienda digna”.

Posible solución

Si bien el procedimiento es un tanto anómalo, porque el desalojo tiene ya su mandamiento de lanzamiento, “guía a esta Procuración el fin de defender el interés general y bregar por la paz social, de acuerdo a lo ordenado por el juez en lo Civil”, precisó Julián Axat. En el mismo sentido, el defensor oficial a cargo de la representación jurídica de los vecinos reclamó “una solución extraordinaria para una situación extraordinaria”. Todos los actores intervinientes en la audiencia se mostraron de acuerdo.

Sin embargo, Gastón Juan, de la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires, estimó que “tendrían que estar presentes aquí todos los ministerios del Gobierno porteño y no su representación letrada”. En efecto, si bien estaban citados a la audiencia, no estuvieron los responsables del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) ni del Ministerio de Desarrollo Social de la CABA, y en cambio sí participó el delegado de la Procuración General de la Ciudad, Roque Matías Di Biase, quien, no obstante, aclaró que “no tengo instrucción alguna y el Procurador tampoco, por lo que sólo haré un informe”.

El representante porteño sólo se limitó a transmitir los diversos subsidios con que cuenta el gobierno de la Ciudad y que el Instituto de la Vivienda tiene línea de créditos para acceder a la vivienda siempre que las personas que aspiren a ellos categoricen y cumplan los requisitos económicos.

Todas las partes expresaron que tomaron conocimiento del desalojo cuando las instancias judiciales ya se encontraban agotadas. Además, fueron coincidentes en reclamar una nueva audiencia, en la que estén presentes las dependencias del gobierno porteño encargadas de ensayar respuestas y dar soluciones concretas a los vecinos sin acceso a la vivienda, “caso contrario no se puede avanzar”, resumió el delegado de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat. En ese sentido, Sergio Antonio Varas se comprometió a “analizar la posibilidad de otorgar un subsidio pero en el marco de una mesa de diálogo”.

A su turno, la apoderada de la parte actora señaló que “no contaba con la información brindada en esta audiencia en relación a la posibilidad de compra del inmueble”, al tiempo que pidió se los letrados que le informen qué otras negociaciones similares hayan encontrado una solución análoga, “para poder conocer esas experiencias y transmitírselas a FATSA, mi cliente, para que vean que no es una propuesta utópica”.

“Nosotros, desde ATAJO Constitución, que fuimos quienes primero recibimos a los vecinos, nos comprometemos a reunir esa información y alcanzársela”, aportó Melina Sánchez Rincón, coordinadora de la agencia de Acceso Comunitario a la Justicia ubicada en ese barrio capitalino.

Ahora, el acta de la audiencia conciliatoria será remitido al juzgado Nacional en lo Civil, que se estima que convocará a un nuevo acto. “Sería bueno que estuviera presente también un representante de FATSA, y no sólo su apoderada”, concluyó Julián Axat antes de la firma del escrito.