El director general de Acceso a la Justicia del MPF, Julián Axat, realizó una presentación ante el Jugado Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, en la que solicitó “se disponga el cese del desalojo y de toda medida que pueda implicar violencia sobre las personas o cosas, y que se fomente un espacio de resolución alternativa del conflicto, con intervención de la Defensa Pública y los organismos de protección que el juez considere pertinente”.

La petición se enmarca en la investigación en trámite por la ocupación del predio ubicado entre las vías del ferrocarril y la calle Lavardén, en el barrio de Barracas, lugar en el que un grupo de personas se encuentran llevando adelante una toma de terrenos que pertenecerían a la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) nacional.

La intervención de ATAJO se inició a pedido del padre Lorenzo “Toto” de Vedia, titular de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, de la villa 21-24, barrio donde la Dirección del Acceso a la Justicia tiene emplazada desde 2014 una de sus agencias territoriales.

La presentación fue acompañada de un informe de actuación, a fin de sumar “elementos y consideraciones que pueden resultar de interés para los autos en trámite ante el Juzgado a su cargo”, que evidencian “a prima facie un estado de vulnerabilidad en las personas que se encuentran llevado adelante la ocupación del terreno”.

La intervención de ATAJO se produjo conforme a lo normado por el artículo 35 inc B) de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación Nº 27148, en lo relativo a facilitar la resolución alternativa de conflictos.

El escrito detalla las recomendaciones de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, que en la Sección 5ª reafirma la importancia de los medios alternativos de resolución de conflictos “en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante la tramitación del mismo. La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios formales de justicia”.

El informe

La petición al juez fue acompañada de un informe de actuación, labrado en el territorio, por los responsables de la agencia ATAJO de la villa 21-24.

El documento detalla que el terreno cuenta con una superficie de alrededor de 150 metros cuadrados, sobre el que se asientan alrededor de 60 carpas, uno de cuyos sectores se encuentra inundado y con barro.

Según testimonios recogidos en el lugar, la toma “se produjo tras la muerte de una joven de 15 años de edad, víctima del paso del tren por las viviendas del sector del barrio”, episodio que no sería asilado, ya que las personas entrevistadas refieren otros incidentes similares ocasionados a raíz de la cercanía de las vías con las viviendas.

El relevamiento precisa la falta de medicación e insumos básicos para algunos niños con enfermedades graves que se encuentran junto a sus padres ocupando el terreno, al tiempo que detalla que “personal policial no permite el ingreso de nadie al predio y si alguien sale no vuelve a ingresar”.

Según los testimonios recogidos, “uno de los menores quedó sin poder reencontrarse con su familia ya que al salir del predio, no pudo reingresar. Asimismo este impedimento se extiende a frazadas, mercadería y productos de higiene”.

Por último, la Dirección de Acceso a la Justicia manifestó al juez que “se encuentra a disposición para prestar la colaboración que estime necesaria”.