En la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal, ubicada en Paraná 425, se desarrolló ayer una jornada en el marco de los 30 años de la sanción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el único tratado internacional que aborda de manera integral y específica los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. El objetivo del encuentro fue analizar las diferentes miradas en la intervención realizada por el MPFN en este tipo de cuestiones. La actividad fue moderada por el coordinador de la DGDH, Juan Antoniassi.

El primero en tomar la palabra fue el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, quien analizó los estándares en materia de propiedad, consulta y reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. Al respecto, reseñó los puntos sobresalientes del Convenio 169 y enfatizó en el valor que le ha dado a este instrumento la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el máximo tribunal argentino. Finalmente, destacó que los instrumentos internacionales en la materia constituyen un piso mínimo para la protección de los derechos de este colectivo.

Luego fue el turno de la procuradora fiscal Laura Monti, quien disertó sobre los debates jurisprudenciales en torno a la competencia originaria de la Corte Suprema para entender en lo que denominó la “causa indígena”. Al respecto, enfatizó que la opinión del MPFN propende a la habilitación de esta instancia, con el objetivo de garantizar, sin dilación, la tutela judicial efectiva de derechos fundamentales. No obstante la tesis restrictiva sostenida por la CSJN en esta temática, Monti destacó que en casos urgentes, el tribunal ha resuelto de manera cautelar medidas tendientes a resguardar los derechos de las comunidades.

Finalmente, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca repasó los principales obstáculos para la tramitación de causas penales que involucran derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. A su vez, dió cuenta de la intervención del MPFN en este tipo de casos, y subrayó los límites del derecho penal para el abordaje integral de estos conflictos.