El jueves por la tarde, se realizó en el auditorio Nelly Ortiz de la Procuración General de la Nación la "Jornada Internacional sobre Recupero de Activos". El encuentro, organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, contó con la presencia de titulares de distintas dependencias y procuradurías del MPF junto con representantes de organismos de control de Italia y México, y estuvo destinado a los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

El panel de apertura, titulado “El recupero de activos como estrategia política criminal frente al crimen organizado”, estuvo a cargo del Fiscal de la Procuración General de la Nación, Félix Crous,  de la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena, y de la titular de la Dirección General de Capacitación y Escuela, Nadia Espina. En su intervención, Crous destacó que, si bien a fines de 2012 el Ministerio de Justicia estableció por decreto la creación de un registro de bienes interdictos y decomisados, nunca pudo ponerse en funcionamiento. “En la Argentina no se sabe cuántos bienes decomisados hay. Si uno quiere monetizarlos para entender el valor sobre la masa crítica de lo potencialmente recuperable, no hay cómo hacerlo”, agregó.

Con el foco puesto en cómo encontrar una manera más eficaz para administrar los bienes, sobre todo aquellos que son comercialmente redituables, Crous remarcó la opacidad de los sistemas de subastas que intervienen en estas causas. En ese sentido, destacó la puesta en funcionamiento en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de un sistema de subasta electrónica para sustituir los remates a puertas cerradas. En este sistema, el anonimato de los ofertantes dura hasta la adquisición definitiva del bien, donde la intervención del Banco Provincia y los requisitos fiscales obligan a que su identidad sea develada. “Si logramos avanzar sobre el aspecto de recupero de activos y su destino a los distintos objetos de bien público, lógicamente habremos conseguido dar un paso adelante”, comentó.

Por su parte, Chena destacó que la jornada era necesaria para acercar a los integrantes del MPF las experiencias de México e Italia, dos países que han desarrollado su estrategia en esta materia en base a parámetros civiles de prueba. Asimismo, agregó que “siguiendo los lineamientos internacionales y la normativa vigente en nuestro país, la estrategia de recupero de activos debe realizarse con estándares civiles, aún cuando se desarrollen en el ámbito del proceso penal”.

Seguidamente, el director general de Cooperación Regional e Internacional del Ministerio Público Fiscal, Diego Solernó, moderó el segundo panel en el que participó Paolo Brucato, Agregado de la Guardia di Finanza en la Embajada de Italia en Argentina, quien abordó la experiencia italiana en los procesos antimafias, destacando la importancia del recupero de activos en la lucha contra el crimen organizado en ese país. Solernó destacó que “el mundo ya está hablando sobre la cooperación internacional en la búsqueda de los bienes en recupero. Las convenciones internacionales tienen capítulos específicos sobre este tema aplicado a recuperación de activos, y nosotros tenemos que evolucionar rápidamente, porque los bienes se van moviendo para diferentes lugares del mundo”.

El tercer panel estuvo a cargo de Gloria Palacios Sánchez, quien disertó sobre su experiencia a cargo del área de Extinción de Dominio e Incineraciones de la Procuraduría General de México. Allí expuso sobre las dificultades en la aplicación de la extinción de dominio en su país. El panel estuvo moderado por el Fiscal Federal de Morón, Sebastián Basso y el Secretario Federal, Santiago Moore, quienes compartieron la experiencia de trabajo conjunto con México en un caso de criminalidad organizada transnacional para la identificación de bienes ubicados en el extranjero con miras a su decomiso.

Finalmente, el último panel fue moderado por la Cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del MPF, Alejandra Mángano, y estuvo a cargo del Director ejecutivo del CIPCE, Agustín Carrara, quien se refirió a la falta de transparencia que caracteriza al sistema de administración de bienes secuestrados y decomisados. Asimismo, señaló que hasta la fecha no existe ningún registro que permita saber cuántos son los bienes incautados en nuestro país, quién los administra, con qué criterio fue elegido el administrador y hacia dónde van los beneficios producidos por la administración judicial.

Como conclusión, postuló la necesidad de rediseñar el sistema normativo, que reemplace a todas las acordadas y resoluciones de la CSJN y permita un funcionamiento ágil con herramientas eficientes, pero al mismo tiempo prevea un control y supervisión adecuados, del sistema de administración centralizado, preferentemente a cargo de un organismo en el seno del PEN y con personal capacitado para la tarea. Así, sostuvo que "debe abandonarse la administración feudal de cada juzgado de instrucción". Finalmente, se refirió al rediseño del sistema de información por uno público que cuente con la información sobre los bienes cautelados y decomisados, fácilmente accesible para toda la sociedad.