El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin, participó esta semana del 6to encuentro del Grupo de Expertos encargado de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético. Se trata de un espacio que funciona en el ámbito de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) que elabora recomendaciones en torno al cibercrimen.

El representante del Ministerio Público Fiscal expuso ayer de manera virtual en el panel sobre prevención, durante la segunda jornada del encuentro. Tras reseñar la experiencia de trabajo de la UFECI, Azzolin destacó la información que proporciona el contacto con las víctimas “para intentar determinar qué aspectos de la actividad estatal pueden mejorarse para contrarrestar las actividades ilícitas en internet”.

En esa línea, explicó que se llegó a la conclusión de que usuarias y usuarios no suelen tener los mismos recaudos en materia de seguridad cuando utilizan internet, como se hace en otros aspectos. Por ejemplo, en torno al cuidado de la privacidad, el uso de contraseñas robustas y conexiones seguras y la activación de la verificación en dos pasos, entre otros.

Esa circunstancia, consideró, “facilita mucho la acción de los criminales. A modo de ejemplo, de los más de 5000 reportes que hemos recibido durante los meses de aislamiento preventivo por la pandemia del Covid-19, aproximadamente el 35% corresponden a accesos indebidos a cuentas de correo, billeteras electrónicas y plataformas de redes sociales”.

De los 5 mil reportes que recibió UFECI durante el ASPO, el 35% correspondieron a accesos indebidos a cuentas de correo, billeteras electrónicas y plataformas de redes sociales.

Frente a ese escenario, la UFECI viene desarrollando una serie de acciones tendientes a mitigarlo. Su titular explicó que se desarrollan  alertas a la comunidad “por medios de prensa y redes sociales sobre las principales maniobras delictivas, desde los ataques a la propiedad como el ransomware y el phishing, hasta los ataques a la intimidad y a la libertad individual, como la sextorsión, la pornovenganza, la pornografía infantil y el grooming”; en esos casos no sólo se indican cuales son los cuidados que deberían adoptarse, sino que también se proporcionan “las vías de comunicación con las autoridades policiales para el caso que quieran formalizar una denuncia. Recurrimos incluso a nuestros canales de comunicación institucional: nuestra web www.fiscales.gob.ar y nuestras cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube”.

Otras de las medidas consistieron “en el desarrollo de programas de capacitación orientados al ciudadano, focalizándonos principalmente en niños, niñas y adolescentes, educadores, personas mayores y otras comunidades vulnerables”. Asimismo, se generaron “alianzas estratégicas con otros organismos del estado como la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y el Centro de Ciberseguridad de la Ciudad de Buenos Aires para llevar nuestro mensaje a más personas aún”, agregó el fiscal.

No obstante esas acciones, el titular de la UFECI instó al desarrollo “de una serie de políticas públicas a largo plazo, algunas de las cuales empiezan a gestarse, como una reciente campaña nacional contra el grooming -iniciativa del Ministerio de Educación- de la que tuvimos el honor de participar”. “Estas políticas públicas tendrían que estar, idealmente, en un marco más general: una estrategia nacional de ciberseguridad”, agregó. Y completó: “Hemos visto muy buenas experiencias en otros países del mundo y el nuestro ha empezado a transitar ese camino desde hace un tiempo”.

"Cuanta mayor información tenga el usuario de internet, más seguro será el uso que haga de la red, menor será el desarrollo del ciberdelito y, fundamentalmente, mayor será la promoción de derechos fundamentales”, resaltó Azzolin.

“Consideramos que es necesario no abandonar esa senda, ya que nuestra experiencia de trabajo nos ha permitido concluir lo que parece evidente: cuanta mayor información tenga el usuario de internet, más seguro será el uso que haga de la red, menor será el desarrollo del ciberdelito y, fundamentalmente, mayor será la promoción de derechos fundamentales”, resaltó.

Del congreso, que terminó hoy al mediodía -hora argentina-, también participaron integrantes de CiberRed -la red especializada de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos AIAMP- como Pedro Verdelho -de Portugal, que también disertó ayer-, Antonio Segovia -de Chile- y Soledad Machuca -de Paraguay-.

La delegación argentina también está integrada por Pedro Janices -director nacional de Ciberdelito del Ministerio de Seguridad, que expuso sobre cooperación internacional-; la Oficina de Ciberseguridad, Ciberdelito y Asuntos Digitales de la Dirección de Seguridad Humana, Innovación y Asuntos tecnológicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.