El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz solicitaron hoy penas de entre 3 años y medio y 4 años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido, dos exfuncionarios de la Secretaría de Energía y un exdirectivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), por las negociaciones incompatibles en las que habrían incurrido para la adjudicación a la firma Constructora Odebrecht S.A. de las obras para la ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008.

En su alegato, que comenzó el martes pasado, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron que se condenara al exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Omar Cameron (72) y a De Vido (72), a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, como autor y partícipe necesario, respectivamente, del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previsto en el artículo 265 del Código Penal.

Además, solicitaron una condena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso para el exsubsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, Cristián Alberto Folgar (55), y el exgerente general y vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), Luis Alberto Beuret (80), a quienes consideraron partícipes necesarios de la maniobra.

El debate se desarrolló ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel. | Foto: captura de Zoom

Por otro lado, le requirieron a los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini la absolución del quinto imputado que había llegado al debate, el exsubgerente de CAMMESA, Julio Armando Bragulat (79), ya que, según la fiscalía, no se podía asegurar que “haya conocido los alcances de la maniobra tal como fue concebida por sus consortes, ni tampoco está acreditado que tuviera conciencia en la participación en el delito”.

Finalmente, solicitaron el “decomiso de todas las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito”.

En el juicio también estaba imputado el exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Bautista Jacinto Marcheschi (86), pero fue apartado del proceso por incapacidad sobreviniente.

El caso

En el juicio oral y público, que comenzó el 9 de diciembre de 2025, se analizan los hechos investigados por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°6, entonces a cargo de Federico Delgado, con intervención del juez federal Daniel Rafecas.

La causa se inició luego de que, en el marco de la investigación por el pago de sobornos a funcionarios públicos y sobreprecios por parte de la empresa sueca Skanska para la construcción de gasoductos, desarrollada por la Fiscalía Federal N°4, se advirtieran una serie de maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos operados por la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS).

De acuerdo al requerimiento formulado por el fiscal Delgado, De Vido, Cameron, Marcheschi, Folgar, Beuret y Bragulat habrían incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, al mantener reuniones privadas con los representantes de la Constructora Odebrecht S.A., dictar diversas resoluciones y tramitar expedientes administrativos. Ello a fin de beneficiar a la empresa al adjudicarle los contratos de prestación de servicios para la ejecución de las obras de los gasoductos.

Primera jornada de alegatos de la fiscalía

En la audiencia del martes, el fiscal general Luciani destacó que estaban “ante un caso de gran corrupción”, donde los funcionarios implicados “al amparo de una falsa apariencia de licitud de sus conductas, convergieron en un claro objetivo: beneficiar ilegalmente a la firma Odebrecht”.

Entre la prueba, la fiscalía exhibió el contrato EPC suscripto entre CAMMESA y la constructora Odebrecht. | Foto: captura de Zoom

“Se soslayó así los más básicos principios que deben guiar a toda contratación pública: la eficiencia en la contratación para cumplir el interés público comprometido y llegar a un resultado esperado, la promoción de la concurrencia de interesados, la promoción de la sana competencia entre oferentes, la transparencia en los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, y la igualdad de tratamientos para todos los interesados y los oferentes”, señaló el representante del MPF.

Agregó que esos “principios cardinales que hacen a la sana y transparente gestión, en este caso, quedaron relegados a partir del accionar infiel de los acusados” quienes “privilegiaron intereses ajenos al bien común con miras de obtener un beneficio propio o de un tercero, en el marco de un contrato en el que intervinieron en razón de sus cargos”.

“Dado el impacto económico de la contratación pública y el volumen de los recursos que se manejan, es necesario evitar, de manera firme que tanto los actores del sector público como del sector privado que intervienen en el proceso, desvíen la voluntad del Estado en su propio interés, o en beneficio de un tercero, con prácticas ilegales o corruptas”, enfatizó.

Luciani indicó que se detectó, en el marco de la contratación “un claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht, en una contratación pública de enorme envergadura. Estamos hablando de la ampliación de capacidad de transporte de gas de la República Argentina entre los años 2006 y 2008; estamos hablando de una inversión del Estado argentino que supera los 2.300 millones de dólares”.

En su alegato, los representantes del MPF explicaron “cómo idearon, cómo proyectaron y cómo perpetraron esta maniobra delictiva”. Así, Luciani indicó que “durante el proceso de proyección, aprobación y contratación de la obra pública conocía como ‘Ampliación Gasoductos TGN y TGS obras 2006-2008”, financiado a través del plan denominado “Fideicomiso gas”, creado por el decreto N°180/04 del Poder Ejecutivo Nacional y reglamentado por resolución n°185/04 del Ministerio de Planificación como así también por recursos afectados por resoluciones 950/04 y 1436/06 de la Secretaría de Energía, los acusados Julio De Vido, -exministro de Planificación-, Daniel Cameron –exsecretario de Energía de la Nación-, Cristian Alberto Folgar -exsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, Luis Beuret -exgerente general y presidente de CAMMESA- propiciaron, de acuerdo a cada rol, un desvío de la voluntad negocial de la Administración Pública, por cuyos intereses deben velar”.

La fiscalía exhibió el registro de ingresos a Casa Rosada, donde se suscribió el contrato con la constructora brasileña.| Foto: captura de Zoom

Así, indicó que, los imputados “obraron con parcialidad manifiesta en el proceso de proyección, aprobación y contratación de la obra pública conocida como ‘Ampliación de Gasoductos TGN y TGS obras 2006-2008’”, al punto tal que desviaron la voluntad negocial de la administración pública en aras de beneficiar ilegítimamente a la empresa constructora Norberto Odebrecht, que resultó indebida e injustificadamente privilegiada”, al resultar adjudicataria de los contratos para la ejecución de las obras públicas para la ampliación de los gasoductos nacionales.

“Se organizó este desvío negocial al amparo de una compleja ingeniería burocrática. Esto, en definitiva, permitió a los acusados sortear controles ineludibles e indispensables para una obra pública de la magnitud de lo que implica obviamente la ampliación de la red troncal de gasoductos de un país”, destacó el representante del MPF.

A su turno, el fiscal coadyuvante Ipohorski Lenkiewicz se refirió a las nuevas regulaciones y decretos, a partir de 2004, que regularon la creación de fondos fiduciarios para financiar las diversas obras en la red de gas, la conformación y papel de CAMMESA dentro de la maniobra, y el nuevo rol de las licenciatarias TGN y TGS, que quedaron reducidas a meros entes técnicos. También abordó las distintas normas que sustentaron el “esquema delegativo de poder” mediante el cual De Vido “delegaba en sus subordinados ciertas funciones que le correspondían como ministro del área”.

“Fue así que designó a la Secretará de Energía, a cargo del coimputado Daniel Cameron, como organizador del programa, y a la Subsecretaría de Combustibles, en ese momento a cargo de Christian Folgar, como suborganizador. Entonces, así el ministro delegó en la Secretaría de Energía, la facultad de determinar los términos para calificar los proyectos de obra y la firma de convenios con entidades públicas o privadas”, destacó Ipohorski Lenkiewicz.

Agregó que “este acto administrativo permitió crear un sistema legal paralelo, del cual se valieron ampliamente todos los imputados para licuar eventuales responsabilidades” y que “la resolución 185/04 no fue una simple norma administrativa, una norma reglamentaria de un decreto reglamentario, sino que constituyó el instrumento y el mecanismo que justamente allanó el camino para que el Estado se desdoblara actuando simultáneamente como representante del interés público y como parte interesada en favor del tercero, en este caso la empresa Odebrecht”.

En relación a CAMMESA indicó que se trataba de un “ente de naturaleza técnica encargada del despacho de energía eléctrica” y que “lo metieron dentro del mercado de gas en algo todavía más específico, como es la expansión de las redes de gasoductos, y para contratar la construcción de esta red de gasoductos”. Así utilizaron la empresa “como una suerte de vehículo para alejar responsabilidades y aparentar que, lo que es claramente una obra pública, debía ser abordada ficticiamente como un supuesto negocio entre privados ajeno al Estado”.

Luego, el fiscal Luciani retomó la palabra y destacó que “nunca se quiso pisar el terreno de la Ley de Obras Públicas, porque evidentemente la aplicación de esa legislación. hubiese sido claramente un obstáculo al plan trazado, esto es el desvío negocial que los acusados habían pergeñado en favor de la empresa constructora Odebrecht”. Agregó que “al esquivar esta normativa, los encausados lograron diseñar reglas a medida, diseñar las alternativas de financiamiento para elegir a dedo a los adjudicatarios” y también para “eludir los controles presupuestarios del Congreso Nacional”.

“Bajo estos artilugios, los acusados lograron que, un interés particular, el beneficio indebido a Odebrecht, fuese insertado en la voluntad negocial de la Administración Pública”, sostuvo Luciani y enfatizó que “se eliminaron los frenos y contrapesos en favor de la corrupción”.

Posteriormente, los representantes del Ministerio Público Fiscal describieron cada una de las resoluciones del Ministerio de Planificación, la Secretaría de Energía y las notas y correos electrónicos cursados entre CAMMESA y representantes de Odebrecht de los que surgen cómo se armó el procedimiento a la medida de la constructora brasileña.

Pedido de penas

Tras un cuarto intermedio, el debate continuó hoy, cuando los fiscales culminaron con la descripción de la prueba, efectuaron el encuadre jurídico y solicitaron las condenas para los exfuncionarios.

El exsecretario de Energía, Daniel Cameron, y el exministro Planificación, Julio De Vido, están acusados por negociaciones incompatibles con la función pública. | Foto: captura de Zoom

Al comienzo de la audiencia, el fiscal Luciani señaló cómo “a partir del mes de octubre de 2005, la firma Odebrecht se puso en contacto, de manera formal, con la Secretaría de Energía y con Cammesa, con el fin de colaborar con la ampliación de los gasoductos prevista para el período 2006-2008”. Para ello se propuso como contratista “cuando todavía no estaba abierto el concurso de posibles oferentes que luego llevaría adelante CAMMESA, por cuenta del Estado Nacional”.

Luciani señaló que la constructora brasileña se valió “de la información privilegiada con la que contaban gracias a la sinergia generada con la Secretaría de Energía”.

Al solicitar la pena, el fiscal general consideró como agravantes la sofisticación y complejidad de la maniobra y los altos montos involucrados. Agregó que se produjo el “avasallamiento de todos los principios que deberían haber regido la proyección de esta gran obra pública destinada a la expansión de la red de gasoductos” y que se produjo un “daño patrimonial de magnitud para las arcas del Estado”, ya que “la constructora Odebrecht, a partir de este desvío negocial en el cual se la privilegió, se transformó, sin competencia alguna, en la dueña de un multimillonario contrato que superaba los 900 millones de dólares”, solo por el tramo de expansión asignado a CAMMESA.

Destacó que los imputados “se aprovecharon de sus posiciones estratégicas para darle apariencia de licitud al delito. Diseñaron una verdadera ingeniería burocrática para eludir la Ley de Obras Públicas y así manejar discrecionalmente arbitrariamente cuantiosos recursos públicos. Fingiendo, aún hoy, que se trataba de un negocio entre privados.”

“Articularon una verdadera coreografía administrativa para utilizar a Cammesa como el vehículo puente que conectó a los fondos del Tesoro Nacional con la empresa extranjera beneficiada”, enfatizó Luciani.

La jornada continuó con el alegato del abogado Roberto Arturo Martínez, que representa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), que también solicitó las mismas penas que los representantes del MPF y la absolución de Bragulat.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 12 de mayo, a las 9.30, cuando el debate continuará con los alegatos de las defensas.