El Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción (Foro FIAs y OAs) que integra la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de la Procuración General de la Nación, y que reúne a otras dependencias estatales equivalentes existentes en el ámbito nacional, lanzó una campaña de visibilización sobre la sextorsión o corrupción sexual y pone a disposición distintos canales para realizar una denuncia o recibir asesoramiento.
Desde el Foro FIAs y OAs se busca que la ciudadanía pueda reconocerla como una violación de derechos y un acto de corrupción basado en el abuso de poder y las desigualdades de género, en el cual es el sexo y no el dinero la moneda de cambio de la corrupción. Esto, a diferencia de otra práctica de ciberdelincuencia referida a la amenaza de divulgar imágenes de la intimidad sexual de las personas.
Para trabajar en este fenómeno e implementar esta campaña, entre otras acciones, se conformó un grupo que se integró con la PIA -cuyo titular es Sergio Rodríguez-, la Oficina Anticorrupción (OA) de la Nación; las Fiscalías de Investigaciones Administrativas (FIA) de La Pampa y Río Negro, la OA Chubut, las Oficinas de Integridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo-, el Honorable Tribunal Disciplinario de Santa Cruz; la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis; la Dirección de Investigaciones, Transparencia y Ética Pública de Rosario; la Dirección de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado de Córdoba y la OA de Morón.
También se sumaron organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Poder Ciudadano y Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE).
La sextorsión/corrupción sexual ocurre cuando un agente público solicita un acto con características sexuales como condición para realizar una gestión o actividad dentro de sus funciones que permitan el acceso a un servicio, beneficio o cualquier derecho.
Algunos ejemplos: para otorgar planes sociales; agilizar o gestionar un trámite; conceder contratos de trabajo o mejoras en el ámbito del empleo; obtener una vivienda social, un turno médico, medicamentos, una vacante escolar, un bolsón de alimentos, etc.
Se trata de una práctica que conjuga la violencia sexual con la corrupción y una manifestación del impacto desproporcionado que tiene este fenómeno sobre las mujeres y otras personas en situación de vulnerabilidad.
La acción del foro se enmarca en el trabajo que desarrolla desde 2020 en materia de corrupción y género, inicialmente focalizado en la corrupción facilitadora de la trata de personas y desde 2023, enfocado a abordar de manera específica la sextorsión/corrupción sexual.
Ello en línea con la recomendación propuesta por la Red de Fiscales contra la Corrupción y aprobada en 2022 por la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que insta a que los países miembros legislen esta práctica en sus ordenamientos jurídicos internos, y de la reciente resolución de la X Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CoSP10) que exhorta a los estados a reconocer la demanda de sexo o actos de naturaleza sexual en contextos de abuso de autoridad como una forma de corrupción.
A raíz del trabajo de relevamiento de casos y una serie de entrevistas con actores locales en las distintas jurisdicciones, se identificó que los hechos de sextorsión/corrupción sexual, aparecían muchas veces normalizados o subsumidos dentro de otros hechos delictivos o de irregularidades investigadas, o con serias dificultades para ser tramitados en los sistemas de denuncias y procedimientos existentes por ausencia de legislación específica.
De esta manera, para abordar esta problemática se elaboró de manera conjunta entre todas las jurisdicciones el contenido de la campaña que se presenta, y cuya comunicación está a cargo de la PIA del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Entre los objetivos centrales, se encuentra difundir y visibilizar esta práctica e identificar a las oficinas anticorrupción de cada provincia/municipio que participa del proyecto como ámbitos donde pueden iniciar denuncias que a continuación se ponen a disposición:
Finalmente, para recibir asesoramiento, se encuentra a disposición el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) - Poder Ciudadano, a través del correo centroalac@poderciudadano.org o del sitio https://poderciudadano.org/asistencia-anticorrupcion/.