La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó hoy la investigación y la acusación que la tiene como principal imputada en el juicio oral por la denominada causa “Cuadernos” y sus cumuladas “La Camarita”, “Corredores Viales” y “Trenes”, y se negó a contestar preguntas, al ser la primera de las 86 personas acusadas en este debate, en prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7.

La audiencia comenzó pasadas las 9, en la sala Auditorium de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, ubicados en la avenida Comodoro Py 2002 hasta donde esta mañana fue trasladada por su custodia desde el domicilio del barrio Constitución donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

El tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Como cuarto juez suplente interviene Néstor Costabel.

En el debate, el Ministerio Público Fiscal está representado por la titular de la Fiscalía General N°5 ante los TOF, Fabiana León, junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis. También interviene el abogado Mariano Galpern, que representa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Críticas a la investigación

Tras responder las preguntas de identificación previstas en el Código Procesal Penal de la Nación, la exmandataria expuso durante más de una hora. En su declaración criticó la investigación llevada adelante por el fiscal federal Carlos Stornelli y el fallecido juez federal Claudio Bonadío.

Sostuvo que, si alguien le preguntara cuál fue la causa “emblemática de persecución judicial”, habría mencionado el expediente “Vialidad”, por el que —según dijo— cumple “una muy injusta condena”. Sin embargo, afirmó que la causa “Cuadernos”, “la ha desalojado del podio”.

En ese sentido, acusó a Bonadío y Stornelli de haber utilizado “prácticas absolutamente mafiosas” en la investigación. Entre otras cuestiones, mencionó supuestas maniobras de “forum shopping”, así como una “oleada de detenciones para chantajear a empresarios, extorsionarlos y decirles que tienen que declarar en contra mía”.

La expresidenta también hizo referencia al caso en el que el TOCF N°8 condenó al falso abogado Marcelo D’Alessio el 25 de septiembre de 2025. Sobre ese expediente sostuvo que se trató de “una asociación ilícita integrada por miembros del servicio de inteligencia, periodistas y empresarios” que, según afirmó, exhibían influencias en el ámbito judicial ante los extorsionados o chantajeados y con el aval de Bonadío y Stornelli.

Asimismo, cuestionó el uso de la figura del imputado colaborador en la investigación. “Hubo un manejo delictivo, criminal, sobre la figura del arrepentido: absolutamente un manejo mafioso”, sostuvo.

Durante su exposición también afirmó que existen “jueces que responden a directivas políticas o económicas” pero sostuvo que en este caso “estamos ante un estadio superior”.

“No es que condenan sin pruebas, sino que fraguan y construyen las pruebas, que no son pruebas, sino que van a finalmente condenar a una persona. Estamos ante una cosa nunca vista”, remarcó.

La imputación

Fernández de Kirchner llegó al juicio acusada por el fiscal federal Carlos Stornelli, como jefa de una asociación ilícita que funcionó en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015, para recaudar dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal le imputó la comisión de diversos cohechos pasivos.

En su declaración, la exmandataria sostuvo que, desde el inicio del juicio, el 6 de noviembre pasado, escuchó que era responsable de “203 casos de cohechos pasivos, coimas” y cuestionó esa imputación. “¿Dónde, cuándo, cómo, quién las recibió? ¿Yo? ¿De quién? ¿Cuándo, cómo, cuánto? Pero además, ¿dónde está toda esa plata?”, se preguntó.

“A ver, ¿qué es esto de que se robó un PBI, que se robó miles de millones? Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá. No estaría sentada acá, seguramente, sobre todo teniendo en cuenta ciertos funcionamientos del Poder Judicial y de la Justicia, lamentablemente, en la Argentina”, recalcó.

También afirmó que, en la causa “Vialidad”, había propuesto que se realizara un peritaje sobre toda la obra pública ejecutada entre 2003 y 2015 “para determinar responsabilidades y si había habido corrupción”, lo que —según indicó— no fue aceptado.  Añadió que, en ese proceso, se la “condenó a 6 años de prisión y a proscripción definitiva para ocupar cualquier cargo público” sobre la hipótesis de que había beneficiado al empresario Lázaro Báez pero que ahora la acusaban de ser “la jefa de una asociación ilícita con todos los empresarios de la obra pública de la República Argentina, donde Lázaro Báez no aparecen en ningún cuaderno, libreta, ni nada que se le parezca”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a sus abogados, antes de iniciar su indagatoria en el juicio de la causa Cuadernos. Foto: M. Pellón

“Tienen derecho a perseguir, porque la historia se nutre de persecuciones. Pero, por favor, sean más coherentes a la hora de perseguir”, agregó y tildó la investigación como “un gran disparate”.

Finalmente, anunció que no respondería preguntas de los jueces ni de las partes. Señaló que lo haría “el día que algún juez o algún fiscal llame a Stornelli para que declare sobre alguna de las barbaridades” en otras investigaciones que mencionó, o cuando se cite al expresidente “Mauricio Macri para hablar de los parques eólicos que duerme el sueño de los justos en Comodoro Py”, o a algún ministro por la deuda con el Fondo Monetario.

“Ese día les voy a contestar preguntas. Pero hasta ese día, permítanme no formar parte de este circo”, concluyó.

 Las declaraciones de los demás funcionarios

La jornada continuó con la declaración del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido (76), quien “rechazó, total y categóricamente, por falos e infundado, el requerimiento del Ministerio Público y la UIF”.

En su breve exposición, el exfuncionario también se reservó el derecho de intervenir en otro momento del debate y solicitó que se incorporaran, por lectura, sus declaraciones indagatorias previas.

Posteriormente, fue el turno del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Roberto Baratta (52), quien —junto a De Vido— está imputado como organizador de la asociación ilícita, por la supuesta comisión de cohechos pasivos y la admisión de dádivas. Con la asistencia de filminas, durante más de tres horas, el exfuncionario negó todos los hechos de la causa a la que tildó de “vergonzosa”.

Por su parte, Nelson Javier Lazarte (48) y José María Olazagasti (51) —exsecretarios privados, respectivamente, de Baratta y De Vido— señalaron que declararían más adelante, por lo que se incorporaron por lectura sus indagatorias durante la instrucción. Los funcionarios están acusados como miembros de la organización, por distintos cohechos pasivos y por la supuesta admisión de dádivas.

La audiencia concluyó con Rudy Fernando Ulloa Igor (65), socio de la financiera Cumehue S.A., a quien se le imputan su intervención en tres cohechos activos. Al igual que en la etapa de instrucción, el empresario se negó a declarar.

Sin embargo, la fiscal León señaló que en el expediente obraban dichos de Ulloa Igor, por lo que, con el acuerdo de la defensa, fueron incorporados por lectura.

Las próximas indagatorias

De acuerdo al cronograma informado por el TOCF N°7, el 12 de marzo pasado, las audiencias continuarán este jueves con las declaraciones del exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens (que estaba prevista para hoy, pero se reprogramó); del extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti; del exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; del excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu; del exchofer de Baratta, Oscar Bernardo Centeno; del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Guillermo Enrique Wagner; del financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens; y del exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Luis Ferreyra.

El 26 de marzo será el turno del extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello; el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez; el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián Ezequiel García Ramón; y el ex asesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de planificación, Walter Fagyas. También declararán los empresarios Carlos José Mundin, presidente de BTU S.A.; Claudio Javier Glazman, exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI); y Juan Carlos de Goycoechea, exdirectivo y representante legal del Grupo Isolux Corsan S.A..

Finalmente, el 31 de marzo, se indagará a los industriales Raúl Víctor Vertúa, presidente de Servicios Vertúa Ingeniería y Construcciones S.A.; a Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, accionista y directivo, respectivamente, de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.; a Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S.A.; a Néstor Emilio Otero, accionista mayoritario de TEBA S.A.; a Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.;  Raúl Víctor Vertúa, Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Héctor Javier Sánchez Caballero, Roberto Armando Loson, Néstor Emilio Otero, Juan Carlos Lascurain, Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.; al exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río; y a Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009.

Oportunamente, el tribunal informará las fechas en que serán convocadas a declarar las restantes personas imputadas.