El fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, a cargo de Patricio Evers, los resultados de un proceso de análisis realizado sobre la licitación pública llevada adelante por la Secretaría de Transporte de la Nación en 2006 del denominado “Tren Bala”, que fue adjudicado al Consorcio Alstom. Al respecto, hizo hincapié en la posible violación de diversos artículos de la Ley N° 13.064 -de obras públicas-, y en la existencia de otras irregularidades en la contratación de las obras de electrificación integral, civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio ferroviario de alta velocidad que se anunció funcionaría en el corredor Buenos Aires-Rosario-Córdoba.

Esas anomalías le permitieron a la PIA inferir un posible direccionamiento a favor del consorcio Alstom, conformado por Alstom Transport SA, Alstom Transporte SA, Alstom Argentina SA, IECSA SA, Grupo ISOLUX  CORSAN SA y EMEPA SA.

Las irregularidades advertidas

En particular, el fiscal Rodríguez destacó en la presentación que el llamado a licitación no habría cumplido con lo establecido en los artículos 4 y 7 de la Ley N°13064 -que exigen la existencia de un proyecto, presupuesto y crédito legal previo al llamado-, como así también que se habría omitido el cumplimiento de la publicidad exigida, tanto del llamado a licitación como de las resoluciones que modificaron las fechas de apertura de las ofertas técnicas. Asimismo, hizo eje en que la designación efectuada por el secretario de Transporte del Comité de Evaluación sería nula por carecer de competencia delegada para tal acto.

Por otra parte, el titular de la PIA indicó que la oferta presentada por el mencionado consorcio sufrió una modificación sustancial -luego de adjudicada la obra por la entonces presidenta de la Nación-, al modificar la entidad bancaria y estructura financiera que se encontraba incluida, lo que importaría una clara vulneración al principio de igualdad, competencia y concurrencia que rigen las contrataciones públicas.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se avance en la investigación de la participación que le cupo a miembros de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la empresa SYSTRA y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, entidades que se introdujeron en el procedimiento licitatorio a través de informes, observaciones y evaluaciones realizadas al grupo Alstom, que fueron tenidas en cuenta por la Comisión de Evaluación al aconsejar la adjudicación de la obra a ese grupo empresario.

Asimismo, el fiscal destacó la vulneración del principio de concurrencia, inconsistencias en materia presupuestaria y la excesiva celeridad otorgada al proceso licitatorio, lo que no se condeciría con la envergadura de la contratación. Por último, apuntó contra el otorgamiento de prórrogas para la entrada en vigencia del contrato de obra pública -por parte de las autoridades de la Secretaría de Transporte- en contraposición con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado, como así también la sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato por una mera caución juratoria.

El informe se emitió para su consideración en el marco de la causa N° 7030/2008, caratulada “NN s/defraudación contra la administración pública”,  que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Secretaría N° 17.

Presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación

La PIA informó que se hará una presentación ante el Procurador del Tesoro de la Nación, a fin de que se adopten las medidas necesarias para hacer cesar la situación de incertidumbre que mantiene el Estado respecto de la vigencia del contrato y la posibilidad de afrontar eventuales reclamos del Grupo Alstom.