La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, impulsó la acción penal en una causa que tiene como imputados al director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, y al director de Relaciones Gremiales del mencionado organismo por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y coacción agravada contra empleados de esa dependencia.

En su presentación, el fiscal general de la PIA Walter Rodríguez describió la hipótesis delictiva como una “práctica sistémica” diagramada y ejecutada por los imputados entre el 26 de enero y 12 de febrero pasado contra un número indeterminado de empleados (serían al menos 25) en el ámbito de las oficinas ubicadas en Avenida Córdoba 720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  La operatoria consistió en dirigir ofrecimientos a distintos agentes de la ANSES para que éstos perciban su correspondiente salario durante tres meses, dispensándolos de las obligaciones laborales que cada uno de ellos cumplía hasta ese momento, a cambio de presentar la “renuncia diferida” a sus cargos. En caso de no aceptar la propuesta, se les informó que igualmente serían marginados de la actividad pública como consecuencia de alguna “causa justa”.

“Se infiere que la no aceptación derivó en la declaración indagatoria fijada en los términos del artículo 61 del RIA (Decreto 467/99), comunicada a distintos trabajadores el día 16 de febrero del corriente año”, consignó Rodríguez.

Rodríguez enmarcó el hecho en el contexto originado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 254/2015, de diciembre pasado, relativo a la revisión de Procesos Concursales y de Selección de Personal de la Administración Pública Nacional, el cual instruyó a las respectivas autoridades a analizar la legalidad de los actos, especialmente en lo que respecta al cumplimiento y pertinencia de los requisitos para el cargo concursado merituando los antecedentes presentados por los postulantes.

El caso

A raíz de una publicación periodística que mencionaba un presunto intento de soborno por parte de funcionarios estatales para conseguir renuncias en la ANSES, el titular de la Procuraduría especializada, Sergio Rodríguez, inició una investigación preliminar en marzo pasado. Al tomar conocimiento de una denuncia judicial preexistente respecto del mismo hecho, el fiscal general Walter Rodríguez ordenó el cese de la actuación que venía desarrollando y le solicitó al fiscal Sandro Abraldes –quien intervenía en la causa que tramitaba en la justicia ordinaria- que le comunique la adopción de cualquier criterio contrario a la prosecución de la acción penal. El mencionado representante del MPF solicitó la desestimación de la denuncia y el 28 de ese mes la PIA se presentó formalmente requiriendo la remisión del caso a la justicia federal.

El caso recayó en la Fiscalía Federal n°11, a cargo de Gerardo Pollicita, quien le dio vista a la PIA. Sin embargo, pasando por alto el pedido de acceso a las actuaciones, el juez federal Sebastián Ramos dictó la resolución desestimatoria, lo que motivó la apelación de la PIA.

En su presentación ante la Cámara, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostuvo que la desestimación judicial resultaba “defectuosa en cuanto a su forma (sin vista previa) y prematura respecto del fondo del asunto al confrontarse sus fundamentos con la incipiente etapa procesal del trámite penal, cuyo estado embrionario reclama en forma elocuente una investigación integral”.

En ese marco, el fiscal general Walter Rodríguez señaló que debió profundizarse desde el aspecto probatorio el estado actual en que se encuentran las actuaciones disciplinarias sustanciadas en ANSES contra un grupo de empleados, como así ponderarse la convocatoria testimonial de los mismos. También indicó que debía tenerse en cuenta las grabaciones producidas por uno de los empleados a través de su teléfono celular, y los mensajes de texto en su poder, en cualquiera de sus variantes.

La Cámara Federal de Apelaciones convalidó los argumentos de la PIA y rechazó la desestimación efectuada por el juez Sebastián Ramos.