Entre el 13 y 17 de marzo se llevó a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos -OEA- la 28ª reunión del Comité de Expertos del MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción). Allí se aprobó el informe final respecto a la Argentina vinculado al análisis integral de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas al país en el informe de la Segunda Ronda en relación con los párrafos 5º y 8º del artículo III de la C.I.C.C. que se refieren, respectivamente, a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado y para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, así como la tipificación de los actos de corrupción contemplados en el artículo VI de la misma, haciéndose referencia, cuando corresponda, a los nuevos desarrollos dados en relación con la implementación de estas disposiciones.

La delegación argentina estuvo integrada por funcionarios de la Oficina Anticorrupción –punto focal designado ante dicho mecanismo- entre los que se encontraba la experta titular Laura Geler; y en representación del MPF el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio L. Rodríguez en virtud de la competencia específica que posee su Procuraduría en la materia.

Dicho Magistrado también participó en la visita “in situ” de los evaluadores de dicho mecanismo, que tuvo lugar en Buenos Aires entre el 4 y 6 de octubre del pasado año. Asimismo, Rodríguez se entrevistó en el marco de dicha actividad con el Procurador Regional de Brasil Douglas Fisher, en virtud de su desempeño como fiscal del Lava Jato Brasilero.

Por último, mantuvo una reunión en la sede del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América con el Fiscal Federal de la División Criminal, John Beasley, referida al acuerdo celebrado por la firma Odebrecht con dicho Departamento de Justicia. Allí también se hizo hincapié en las posibilidades de cooperación internacional que posee tanto la justicia federal como el FBI respecto de dicho tema.

Se adjunta el informe final aprobado por el Comité de Expertos.