A instancia de una investigación de la Fiscalía de Distrito de Salta, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, condenó por homologación de acuerdo pleno a dos exfuncionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de la localidad salteña de Joaquín V. González, departamento de Anta, por una serie de irregularidades en el registro y tránsito de animales.

La condena -dictada el 18 de diciembre pasado- alcanzó, en primer término, a Sergio Miguel Achtar, quien recibió una pena de 1 año y 4 meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con facilitación culposa de documentos pecuarios falsos. La segunda condenada fue Natalia Gramajo, a la pena de 1 año de prisión en suspenso por el delito de facilitación culposa de documentos pecuarios falsos.

Achtar se desempeñaba como inspector profesional y encargado de la oficina que SENASA posee en la localidad de Joaquín V. González, y Gramajo como secretaria administrativa de la misma dependencia.

Por el caso, también está imputado Raúl Francisco Díaz Pardo, excoordinador de Sanidad Animal del Centro Regional NOA. En su caso, la imputación es por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con facilitación culposa de documentos pecuarios falsos.

La investigación penal contra los exfuncionarios se formalizó el 26 de septiembre del año pasado, a partir de una investigación que lleva adelante el fiscal general con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito de Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.

El caso

Según se expuso en aquella audiencia, la investigación surgió en función de dos denuncias realizadas el 3 de enero del 2024. La primera fue radicada por Álvaro Ortiz de Urbina, presidente de la fundación “Ganaderos del Sur”, ente sanitario a cargo de campañas de vacunación y emisión de documentos electrónicos de transporte de ganado. La segunda, en tanto, fue realizada por un familiar de una productora agropecuaria del sur de la provincia.

En ambos casos, los denunciantes apuntaron contra los exfuncionarios. Uno de ellos sostuvo que su madre, titular de una unidad productiva, advirtió que la cantidad de animales en su poder no coincidía con el stock registrado en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), el cual tenía consignado un número menor al real.

Al indagar al respecto, tomó conocimiento de que se habían emitido a su nombre Documentos de Tránsito Electrónico (DTE) de equinos y vacunos, según figuraba en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.

En dicho trámite, se daba cuenta del movimiento de animales de su propiedad con destino a una unidad productiva ubicada en la provincia de Entre Ríos. Por esta razón, el stock de animales aparecía disminuido, lo que fue desmentido por el denunciante, pues no se había trasladado ningún animal de la finca en cuestión.

Asimismo, descubrió que la misma maniobra se repitió en cuatro oportunidades, siempre con movimientos de animales hacia esa misma firma. Por su parte, Ortiz de Urbina denunció otros dos casos similares, aunque uno de ellos con la particularidad de que se había gestionado un documento de tránsito a nombre de un productor fallecido en 2013.

Las irregularidades

En la faz investigativa, la fiscalía solicitó informes de estos trámites, tanto a la oficina de Joaquín V. González, a cargo de Achtar, como el Centro Regional, cuyo titular era Díaz Pardo, pero ambos demoraron en responder.

Tras acudir a las autoridades nacionales de SENASA, por dichos documentos, se pudo verificar la participación de los imputados en la maniobra denunciada. A su vez, se descubrieron otros numerosos casos similares, tanto de cambio de stock, como de movimiento de animales.

El SENASA, por su parte, realizó dos auditorías y detectó las irregularidades denunciadas, entre ellas más movimientos de ganado usando el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) de productores fallecidos (sin que existan personas autorizadas). Entre las anomalías advertidas, surgieron documentos sin firmas, ausencia de nombres y otros datos personales exigidos para la emisión de la documentación, por lo que no se cumplía con los requisitos que la norma establece para la emisión de los Documento de Tránsito Electrónico (DT-e).

El organismo precisó que estas anomalías estaban bajo la órbita de los tres imputados, sin que ninguno denunciara las irregularidades. La fiscalía, por ende, resaltó, a su vez, la gravedad de los delitos imputados, pues no solo reflejan una maniobra espuria, sino de afectación a la salud, pues se movió ganado, del cual se desconoce su origen y mucho menos si cumplía con los controles sanitarios, como por el ejemplo, contra la fiebre aftosa.

Por otra parte, remarcó el perjuicio sobre los productores que no movieron sus animales y que, a raíz de estas maniobras, el stock de su unidad productiva se vio reducido, con lo cual no podrán recibir determinados beneficios, como ser la cantidad necesaria de vacunas y otros recursos.

Concluida la investigación, el MPF dio por acreditada la responsabilidad de los imputados por no haber ejecutado las leyes cuyo cumplimiento especialmente les incumbía sobre la base de su rol en el organismo y al hacerlo siendo los acusados funcionarios públicos con intervención en la expedición de documentos de tránsito de ganado.

En función de esto, por imprudencia o negligencia, omitieron adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia legítima del ganado, violando normativas internas que regulan la función del organismo nacional del que formaba parte al momento de los hechos.

Remarcaron también que su proceder fue a contramano de las funciones que le fueron encomendadas por la ley, omitiendo tomar las medidas inherentes a su rol como custodio y garante del normal desenvolvimiento y cumplimiento de las funciones propias y específicas del SENASA, organismo al que pertenecían.