En el marco de la investigación penal que lleva adelante desde julio de 2024, el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, imputó el miércoles pasado a quince personas -diez de ellas, funcionarios públicos- por integrar una organización dedicada a falsificar certificados médicos y diversa documentación que permitió la gestión y obtención de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento de Anta, donde los beneficiarios suman 4.305, más de un 15 por ciento de la población local.

Acompañado por la auxiliar fiscal Roxana Gual, el fiscal Amad -quien destacó el respaldo a la investigación del fiscal de Distrito, Eduardo Villalba- formalizó las acusaciones ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, al cabo de una audiencia de siete horas de duración. El juez autorizó un plazo de investigación de un año y el registro de anotación de litis por el mismo plazo sobre los bienes de los acusados. Se trata de una medida cautelar que implica la publicidad, a través de los registros públicos respectivos, sobre que aquellos bienes son objeto de un litigio.

Tras la reunión de evidencia en dos tandas de allanamientos -26 en total- realizados en noviembre y junio pasados, el fiscal formalizó la imputación este miércoles contra los médicos José y Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, y el exgerente del hospital de El Quebrachal, Oscar Luna, quien no es médico sino “licenciado en Comunicaciones”. Todos ellos fueron imputados por los delitos de asociación ilícita, en grado de miembro, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario público. Este último delito no se le imputó a quienes se encuentran individualizados con iniciales, dado que no se desempeñaron en la administración pública.

Orellana, además de médico, es actualmente diputado provincial por el departamento de Anta. Morales, en tanto, se desempeñó como gerente del hospital Enrique Romero, de El Quebrachal.

Ese cargo también fue ejercido por Blanco y Muñoz Torres, quienes ahora son propietarios, cada uno, de una clínica privada. El resto de los médicos acusados, que no desempeñaron cargos públicos, también poseen centros médicos privados en Joaquín V. González.

Amad expuso que la maniobra consistió en la emisión de certificados de salud falsos y en la adulteración de exámenes médicos que luego eran utilizados para la tramitación de la pensión no contributiva por discapacidad que paga la ANSES.

Por otra parte, el fiscal imputó con la misma calificación al exjefe de la sucursal de ANSES en El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; al bioquímico del hospital Francisco Solano de El Galpón, Luciano Benjamín Esteban; y a los empleados municipales de El Quebrachal y Joaquín V. González, Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares. También fue imputado el kiosquero Hugo M. -a quien no se atribuyó el delito especial para funcionarios públicos- dado que, según explicó el fiscal, desde su local comercial ubicado “a la vuelta” del hospital de El Quebrachal captaba posibles beneficiarios, falsificaba documentación con el uso de la fotocopiadora y cargaba los trámites de las pensiones por Internet.

Los 26 allanamientos realizados en el caso tuvieron como objetivo domicilios particulares, consultorios privados, hospitales, clínicas privadas y municipalidades, donde se recolectaron listados de personas que pagaban a los involucrados para que realicen el trámite de pensión por discapacidad, que debía ser totalmente gratuito, remarcó el representante del MPF.

También recordó que se secuestraron teléfonos celulares, algunos de los cuales ya fueron peritados. Explicó que Los datos extraídos de los dispositivos permitieron corroborar la hipótesis del MPF en cuanto al rol y la participación de cada investigado, a partir de los mensajes enviados entre ellos, y la nómina de los pacientes que pagaban y los que faltaban pagar.

Si bien en la audiencia se abordó la situación del departamento de Anta, por pedido de la fiscalía la Gendarmería Nacional elaboró un informe que da cuenta de que unos 9.000 beneficiarios no cumplirían los requisitos -por presentación de documentación apócrifa y/o incompleta- de un total de 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en la ciudad de Salta, expuso Amad. Luego añadió, a partir de ese dato, que el impacto de las maniobras fraudulentas en torno a esas pensiones sería de 3.240 millones de pesos por mes y de casi 40 mil millones de pesos al año,

Estructura y roles

Al presentar el caso, el fiscal Amad explicó que las actuaciones se iniciaron en julio de 2024, cuando se advirtieron maniobras irregulares en el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad. Explicó que la situación tenía un gran parecido con un caso detectado en febrero de 2023 en la localidad chaqueña de Taco Pozo, que él conocía por su función de fiscal subrogante en la jurisdicción de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, donde impulsó una causa penal que ya tiene 14 imputados que esperan fecha de juicio, entre quienes se encuentran varios funcionarios públicos, médicos, gestores, autoridades hospitalarias y el jefe comunal de aquel municipio.

El fiscal indicó que había detectado una similar forma de operar en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González, del departamento de Anta. Precisó que la maniobra consistió en la emisión de certificados de salud falsos y en la adulteración de exámenes médicos que luego eran utilizados para la tramitación de la pensión no contributiva por discapacidad que paga la ANSES.

Añadió que el circuito delictivo incluía la comercialización de estos trámites entre personas en extrema situación de vulnerabilidad -se detectó que vendían sus animales o tomaban préstamos para hacer frente a esas obligaciones-, a las que le negaban la atención médica en los hospitales públicos cuando se presentaban para realizarse los estudios que les permitieran la gestión de ese beneficio.

El fiscal describió que, de esta manera, los imputados obligaban a los aspirantes a acudir a la asistencia privada en consultorios y clínicas, de las cuales los acusados eran propietarios. Precisó que, en esos lugares, los médicos imputados emitían certificados de enfermedades inexistentes, como mal de chagas, diabetes y problemas de columna, con altos porcentajes de incapacidad laboral, pues -entre otros requisitos- el otorgamiento de las pensiones no contributivas requiere la acreditación de la afectación de la capacidad laboral de un 66% o más.

Diez de los imputados se desempeñaron o desempeñan en cargos públicos. La lista también la integran médicos particulares y un kiosquero de El Quebrachal, cuya actuación consistió en captar aspirantes a la pensión, falsificar documentos en una fotocopiadora y cargarlos en la web de ANSES con credenciales que le facilitaba un jefe local de ese organismo.

Amad explicó que, en caso de ser necesario un estudio complementario, las personas aspirantes eran remitidas al bioquímico Esteban, quien se valía de estudios de pacientes que padecían las patologías que encuadraban en los requisitos para intercambiarlas con las de las personas sanas.

De acuerdo con la imputación, en este contexto el kiosquero Hugo M. -además de realizar copias de los documentos y cargar los trámites por Internet- alteraba los membretes de los recetarios y enviaba pacientes para los médicos a fin de que se realizaran los estudios apócrifos necesarios. El fiscal expuso una comunicación incorporada en la investigación en la que M. se dirige a Morales de la siguiente manera: “Hola, doctor. Ahí te mando un análisis; supuestamente son de diabetes. Quería saber si están bien, si así son los análisis de diabetes. Avisame. Era para yo poder cambiarle el nombre, para una parienta mía ahí, para que cargue la auditoria”.

En otra comunicación, en tanto, se lo captó en conversación con un cliente, a quien le indicó que fuera a ver al médico José B.: “Él te va a vender el informe con el electro; está cobrando setenta y ahí te venís y yo te encargo los análisis de Salta, que están sesenta, y ahí ya completás”.

Al respecto, el fiscal marcó el rol de Salazar, quien se desempeñaba como jefe de la ANSES en El Quebrachal, como una pieza clave en la estructura criminal, ya que -de acuerdo con la imputación- se encargaba de facilitarle al kiosquero M. el blanqueo de claves para el acceso al sistema a personas ajenas al organismo.

De esta manera, según precisó Amad, el kiosquero realizaba la carga de la documentación obligatoria, que era falsa, para que se gestionaran las pensiones por discapacidad, a partir del listado de personas proporcionado por Romano, Morales y Blanco.

En tanto, el fiscal también refirió que Luna, quien -sin ser médico- se desempeñó como gerente del hospital de El Quebrachal desde 2017 a 2025, tuvo un rol fundamental, dado que se encargaba de firmar, con la matrícula del médico Morales, el “certificado médico oficial” (CMO), en el que se consignaba los requisitos indispensables como el diagnóstico y el porcentaje de discapacidad para el otorgamiento de la pensión no contributiva.

El fiscal expuso un informe elaborado por la Gendarmería Nacional que indica que en la ciudad de Salta existen unas 9.000 pensiones no contributivas por discapacidad que no cumplen los requisitos, de un total de 39.715. Calculó el perjuicio por el pago de esas pensiones en 3.240 millones de pesos por mes.

Amad señaló que este paso era considerado el más importante previo a elevar el pedido a la ANSES, instancia en la que intervenían otros actores como Salazar y, posteriormente, el área de Acción Social de la Municipalidad donde trabajaba Romano.

En tal sentido, el fiscal también destacó el rol de Romano como reclutadora de los interesados en recibir las pensiones no contributivas que no cumplían los requisitos legales y como nexo directo entre dirigentes políticos como Orellana, los médicos Morales, Blanco y Muñoz Torres, y personal de la ANSES.

Según el fiscal, Romano se encargaba de recopilar la documentación, como la copia del DNI y el informe negativo de ANSES respecto de que los aspirantes no percibían otro beneficio, y aseguraba que se realizaría el trámite con éxito si cada uno efectuaba un pago de dinero en efectivo o transferencias, que superaban los 300 mil pesos.

En algunos casos, el costo, ya sea de obtención o renovación, podía llegar hasta 1 millón de pesos, indicó el fiscal, y narró que, para ello las personas beneficiarias, de escasos recursos, tomaban préstamos o vendían algún bien o animales para poder acceder al beneficio.

El fiscal resaltó que, durante su gestión como intendente de Joaquín V. González entre 2007 y 2011, el actual diputado Orellana avaló con su firma trámites de personas que no cumplían los requisitos y que, de esa forma, permitió el acceso irregular a beneficios que hoy continúan vigentes.

El fiscal sostuvo que, en época electoral, Orellana ofrecía pensiones a cambio de votos a familias completas cuyos integrantes no padecían una enfermedad invalidante. Al respecto, citó el caso que derivó a la Unidad Fiscal Salta el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), Guillermo Marijuan, en el que se corroboró que miembros de una familia obtuvieron pensiones por discapacidad sin cumplir requisitos, con el diagnóstico del médico Julio O. y el aval del intendente Orellana.

También reseñó el expediente de una persona de 32 años que actualmente trabaja como empleada doméstica, a quien Orellana validó un diagnóstico de un 97% de discapacidad.

En las entrevistas realizadas por la fiscalía durante la investigación del caso en esos municipios se estableció que dirigentes políticos visitaban los parajes y ofrecían pensiones, y que daban referencias de las clínicas a las cuales los aspirantes debían acudir, con quiénes debían hablar en la ANSES y a quiénes llevar directamente los papeles en la municipalidad, a cambio de dinero.