El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 condenó hoy, por mayoría, al exsecretario de Obras Públicas José López y al exsubsecretario Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión de ejecución condicional por considerarlos responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco del debate por el proyecto “Sueños Compartidos”, en el que se juzgó el desvío de dinero que originalmente estaba destinado a la construcción de viviendas sociales. A ambos se les fijó una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, por mayoría, el tribunal  —integrado por los jueces Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grunberg— consideró como partícipes necesarios de ese mismo delito a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, antiguos apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En ese sentido, se le fijó a Sergio Schoklender una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional mientras que para el otro exapoderado se estableció una condena de dos años y cuatro meses de prisión. Por otro lado, el tribunal decidió la absolución del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y de otros cuatro exfuncionarios.

En el debate, intervino el fiscal general Diego Velasco junto con el fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet, quienes habían reclamado penas de hasta seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los Schoklender.

El fiscal general Diego Velasco y el auxiliar fiscal Diego Puñet, durante el juicio. Foto: captura del canal del PJN en YouTube

No obstante, dos de los jueces coincidieron con lo planteado por el MPF en cuanto al decomiso de 206 millones de pesos como resultado de la maniobra ilícita. Cabe recordar que, durante el alegato, la fiscalía había señalado ese monto como piso y que debía ser actualizado mediante el Índice de Precios al Consumidor al momento que quede firme la sentencia.

Los fundamentos de la decisión del tribunal se conocerán el próximo 13 de noviembre.

El caso

En su alegato, la fiscalía había reconstruido la estructura delictiva que conformaron los acusados desde 2007 hasta 2011. Según estipuló, desde el Estado Nacional se fijó que la Fundación Madres de Plaza de Mayo (FMPM) recibiera fondos de manera directa para llevar adelante obras de construcción de viviendas en distintos lugares del país. “Se ha demostrado cómo, a través de un esquema criminal pergeñado desde el Estado, se le adjudicó a la Fundación obra pública, convirtiéndola de la noche a la mañana en una de las empresas más importantes”, describió el fiscal Velasco. Remarcó que “ese fin noble” que era solucionar problemas habitacionales se convirtió con el paso del tiempo en todo lo contrario. “Hubo problemas económicos en todas las jurisdicciones y una inmensa cantidad de obras quedaron abandonadas e inconclusas”, repasó.

En ese sentido, mencionó que se pudo probar en la causa que la Fundación recibió extensiones de plazo “sin precedentes”, que hubo una “absoluta falta de controles” y que incluso funcionó sin las certificaciones correspondientes. “Se resquebrajaron y violentaron los principios esenciales que regulan la contratación pública”, recalcó el fiscal e indicó que se produjo una erogación por “cifras escandalosas” para aquel momento. “Se otorgaron más de 900 millones y se comprobó un desvío de 206 millones, dinero que nunca debían haberse entregado a la Fundación porque nunca tendrían que haberle adjudicado esas obras”, reclamó.

Según exhibió el fiscal Velasco, quedó acreditado que tanto Sergio como Pablo Schoklender junto con los funcionarios públicos “orquestaron” la maniobra para sustraer dinero previsto en el presupuesto nacional.

En ese sentido, indicó que la Secretaría a cargo de López transfirió más de 748 millones de pesos a la Fundación para la ejecución de las obras, lo que se realizó de forma directa y sin pasar por un proceso de licitación, en 2007. Para ello, se utilizó como fachada el “Programa 50”, que permitía la firma de convenios con las provincias y posibilitaba la adjudicación sin pasar por el sistema previsto en la normativa pública. Ello se hizo a pesar de que dicho programa no estaba destinado a la construcción de viviendas y cuando existían diversos planes que sí estaban relacionados con la temática pero que tenían mayores controles y regulaciones.

Con respecto al período 2009-2011, ya se realizaban otro tipo de convenios donde desaparecía la figura de la asociación civil y se suscribían directamente entre el Estado Nacional y el municipio o provincia. “Como nos dijeron los testigos en este juicio, sin la Fundación no había obras”, recordó y especificó: “Más allá de todos los vericuetos legales, surge claramente que el dinero terminaba en manos de la FMPM sin licitación, sin competencia alguna y con sobreprecios de hasta el 100%”.