Los fiscales Maximiliano Hairabedián, Carlos Casas Nóblega, Enrique Senestrari, Alberto Lozada, Gustavo Vidal Lascano y Carlos Gonella realizaron una reunión sobre los distintos pasos a seguir en relación a la problemática delictiva derivada de la violación a las normas de prevención contra el COVID-19 en Córdoba. Como resultado, consensuaron un protocolo que contiene una guía de actuación para este tipo de procesos.

El encuentro se realizó ayer en el edificio de los tribunales federales cordobeses y participaron también los secretarios federales de esa jurisdicción. Se decidió, además, conformar un grupo de apoyo integrado por esos funcionarios para colaborar con las fiscalías de turno en la gestión de esta temática. El fiscal designado como coordinador de este grupo, por quince días, fue Carlos Gonella; el rol se desempeñará rotativamente.

El protocolo de trabajo

El documento repasa que desde la entrada en vigencia del aislamiento y sus prórrogas, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, a través de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), ha reportado hasta ahora 13.101 sumarios iniciados. 94 de esos casos se tramitan con intervención de las fiscalías federales 1 y 3 de la capital, de acuerdo a un criterio de distribución que determina que las actuaciones de las fuerzas federales se derivan a la justicia federal.

De esa forma, quedaron radicadas en el fuero federal las infracciones al artículo 205 del Código Penal donde intervengan la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la Gendarmería Nacional. Ese artículo es el que prevé una pena de prisión de seis meses a dos años para aquella persona que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

No obstante, en el documento los fiscales sostienen que la materia federal es indiscutible, de acuerdo a lo expresado por la Procuración General de la Nación en el comunicado del 19 de marzo de este año, en el cual se exhortó a no plantear cuestiones de competencia. Explicaron que es necesario establecer un protocolo de actuación para procesar las causas ingresadas y a ingresar en el fuero federal, al cual deberá adecuarse la actuación de las fuerzas de seguridad federales que actúan en la provincia, a fin de una lograr una actuación coordinada que redunde en una mejor persecución penal.

En la mayoría de los casos, los hechos ocurren en la vía pública, por lo que eso implica que debe aplicarse el procedimiento de flagrancia. Frente a esta modalidad, el protocolo elaborado por los fiscales busca “optimizar tiempos y recursos, previendo la posibilidad de reasignar otros ya existentes”. El documento sostiene que deberá establecerse un equipo de trabajo ad hoc compuesto por los fiscales y auxiliares fiscales de la jurisdicción capital y que será coordinado por un fiscal. Esta posición podrá ser rotativa o fija, de acuerdo a lo que se debata entre todos los magistrados. Se pondrá en conocimiento al fiscal de instrucción de turno para que este sea el que decida sobre su convocatoria.

Además, se hace hincapié en que, en todos los casos, debe privilegiarse siempre la celeridad en la resolución de los conflictos. Por otra parte, se indica que si hay vehículos secuestrados, podrá instarse a que se destine temporalmente al servicio de los organismos que realicen tareas de prevención y control de la pandemia; o designar a quien resulte titular como depositario judicial hasta la culminación del proceso.