Las fiscalías generales, tribunales orales y defensorías públicas federales, junto a entidades que nuclean a profesionales de la abogacía de Córdoba, celebraron un “Protocolo de actuación para la realización de audiencias orales a través de videoconferencias durante la emergencia sanitaria Covid-19”. 

Se trata de una iniciativa que pondera el desarrollo de audiencias observando los requisitos necesarios y garantizando los derechos de las partes. De la iniciativa forman parte los fiscales generales de juicio en la jurisdicción Carlos Gonella, Maximiliano Hairabedián y Carlos María Casas Noblega; las juezas Noel Costa y Carolina Prado; la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba (FeCACor) y el Colegio de Abogados de esa provincia, representados por sus presidentes Augusto Parola e Ignacio Segura, respectivamente, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julián López.

El protocolo

El documento suscripto parte del reconocimiento de que ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los organismos que componen la jurisdicción federal cordobesa están abocados especialmente a la tramitación de prisiones domiciliarias, libertades condicionales y excarcelaciones, entre otros actos urgentes.

En ese escenario, las partes consideraron oportuno contemplar también los casos de las personas privadas de la libertad o bajo prisión domiciliaria que aguardan la resolución de su situación procesal. En consecuencia, elaboraron un protocolo para la realización de audiencias orales a través de entornos virtuales, orientado a dar “una respuesta concreta” ante circunstancias que permitan resoluciones alternativas al juicio oral tradicional, como juicios abreviados, suspensiones de juicio a prueba o aplicación de criterios de oportunidad, entre otras variantes.

La guía de trabajo prevé las tareas preliminares -contacto y reuniones entre defensas públicas o particulares, representantes del Ministerio Público Fiscal e imputado-; el procedimiento para la fijación de audiencias por el tribunal en cuestión -agenda, notificaciones, presentación de acuerdos, comunicación al Servicio Penitenciario en caso de aceptación y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si la persona está detenida y es necesaria asistencia tecnológica-; cuestiones organizativas atinentes a la audiencia en sí, como la plataforma a utilizarse en cada caso, y las notificaciones de las resoluciones, entre otros aspectos. Además, el protocolo estipula la puesta a disposición de las instalaciones del Colegio de Abogados y de las gestiones necesarias de FeCACor para que las y los profesionales cuenten con los medios tecnológicos adecuados y así facilitar su participación en las audiencias.

La iniciativa fue comunicada a la Procuración General de la Nación, en tanto la experiencia podrá servir de modelo para otras jurisdicciones a las que le resulte de utilidad.