Representantes y funcionarios del Ministerio Público Fiscal participaron del Seminario Regional sobre Investigaciones Complejas y Gestión Penitenciaria que se llevó adelante el miércoles y jueves pasados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de la provincia de Corrientes.

El evento —coordinado por el MPF— se realizó en el marco del Proyecto contra las Organizaciones Criminales Transnacionales en el Cono Sur (PRISFRONT) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Region Andina y Cono Sur que cuenta con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Como representantes del MPF Argentina participaron los fiscales generales con funciones de coordinación de las Fiscalías de Distrito de Corrientes y de Resistencia,  Carlos Schaefer y Federico Carniel, respectivamente; el fiscal federal a cargo de la fiscalía federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo; la fiscal a cargo del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, Tamara Pourcel; los auxiliares fiscales de esa unidad, Juan Martín Mariño Fages y Nicolás Marquevich; el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Alberto Barbuto; y los auxiliares fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Ignacio Rueda y Ramiro García Martínez. Los paneles fueron coordinados por representantes de la UNODC.

También participaron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA) Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La apertura del encuentro estuvo a cargo del fiscal general Schaefer; el auxiliar fiscal Rueda; la y el representante de la UNODC, Carla Rojas y Gonzalo Escalante; y el agregado político de la Embajada de Estados Unidos, Timothy McNally, que participó de manera virtual.

El y la representante de la UNODC Gonzalo Escalante y Carla Rojas (UNODC), el fiscal general de la Fiscalía de Distrito Corrientes, Carlos Schaefer; y el auxiliar fiscal de la UFECO, Ignacio Rueda , en la apertura del seminario. Foto: Fiscalía de Distrito Corrientes

La actividad incluyó distintos espacios de intercambio. El primer panel de la jornada del miércoles abordó la “Investigación criminal de casos de crimen organizado” y contó con la participación de Rueda y la fiscal adjunta de la Fiscalía Metropolitana Occidente del Ministerio Público Fiscal de Chile, Tania Mora Gutiérrez.

Luego se desarrolló el panel “Escenario actual del crimen organizado en la provincia de Corrientes”, a cargo de Schaefer, Pourcel y Mariño Fages.

A continuación, se llevó a cabo el panel sobre “Presentación de casos de criminalidad organizada. Coordinación y dirección de la investigación”, con exposiciones de García Martínez, Barbuto y Marquevich.

La última exposición de la jornada inicial abordó los “Nuevos desafíos para la persecución penal de la criminalidad organizada transnacional en contexto de encierro”, y estuvo a cargo de Carniel y Rebollo.

El seminario continuó el jueves con otros paneles sobre “Inteligencia penitenciaria e investigación en contexto de encierro” y el abordaje de un “caso práctico en apoyo al análisis criminal y a las investigaciones en contexto penitenciario”.

La intervención de la representante de UNODC

En su discurso de apertura, la representante de la UNODC, Rojas, resaltó que el objetivo del encuentro es fortalecer las capacidades técnicas y analíticas de funcionarios de la justicia penal, agencias de aplicación de la ley y oficiales penitenciarios en el abordaje de modalidades delictivas complejas “en un contexto de criminalidad organizada transnacional para un abordaje integrado de modalidades delictivas complejas en contexto de encierro”.

“En los últimos años, el crimen organizado ha profundizado la crisis de los sistemas penitenciarios, convirtiéndolos en centros de operaciones y en espacios donde surgen nuevas organizaciones criminales, replicando modelos como el Comando Vermelho, el PCC y el más reciente Tren de Aragua.

La especialista planteó que, frente a este desafío, el proyecto impulsado por la UNODC —en sus componentes de prisiones y fronteras— permitió capacitar a más de 1.400 funcionarios de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay, a través de más de 40 instancias de formación especializada, lo que contribuyó al fortalecimiento de mecanismos de control y cooperación a nivel subnacional, nacional y regional.

Asimismo, indicó que esas acciones permitieron desarticular “células transnacionales, limitar la operación de líderes criminales desde prisión —con impacto en la reducción de homicidios en Rosario—, frustrar el ingreso de drogas en cárceles y promover el intercambio de información estratégica a nivel regional”.

En esa línea, destacó que la cooperación internacional y la articulación interinstitucional “son esenciales” para enfrentar el fenómeno y advirtió que las organizaciones criminales modifican sus dinámicas y modus operandi, exploran nuevas rutas de tráfico, penetran sectores económicos y utilizan herramientas digitales para incrementar sus capacidades logísticas y operativas.

“La situación en el Cono Sur confirma este diagnóstico”, aseguró y consideró que esta situación exige el fortalecimiento de capacidades analíticas, estratégicas, técnicas y operativas para responder con “eficacia” y “anticipación” al fenómeno criminal en un contexto “altamente complejo e interconectado”.

Rojas explicó que la UNODC, a través de su proyecto contra las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) en el Cono Sur —con apoyo de la INL de los Estados Unidos—, provee asistencia especializada para fortalecer a las agencias de aplicación de la ley y a la justicia penal de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay, con el objetivo de contrarrestar la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT) en zonas de frontera y cárceles.

“El crimen organizado evoluciona con rapidez y la respuesta debe hacerlo aún más rápido. La articulación entre países, el desarrollo de capacidades especializadas y la consolidación de estrategias regionales son elementos clave para reducir oportunidades delictivas, limitar el poder de las organizaciones criminales y proteger a las comunidades”, sintetizó.

Los participantes del Seminario Regional sobre Investigaciones Complejas y Gestión Penitenciaria que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de Corrientes. Foto: Fiscalía de Distrito Corrientes

La exposición de Schaefer

Durante su intervención, el fiscal general Schaefer abordó las estrategias avanzadas de investigación penal contra el terrorismo y sostuvo que la labor del MPF “no se agota en la persecución del autor material, sino en la desarticulación integral de las estructuras mediante investigaciones técnicas y estratégicas”.

En ese sentido, destacó apoyo “fundamental” de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo (SAIT) del MPF. “Esta unidad especializada proporciona el soporte técnico y el análisis de inteligencia criminal necesarios para procesar grandes volúmenes de información, permitiendo a los fiscales federales anticipar amenazas y estructurar imputaciones sólidas basadas en la comprensión profunda del fenómeno terrorista contemporáneo”, aseguró.

Luego hizo hincapié en que la investigación moderna evolucionó de un modelo reactivo a uno proactivo. “La labor fiscal coordina la inteligencia humana (HUMINT) con la vigilancia técnica para identificar indicadores de radicalización y movimientos de combatientes extranjeros”, señaló. En ese marco, hizo mención a herramientas como el agente encubierto y el informante.

Schaefer también aseguró que, ante la sospecha o consumación de un hecho, el análisis de la escena del crimen es “determinante” y también se refirió a la relevancia de la persecución financiera en este tipo de casos. “No hay terrorismo sin logística, y no hay logística sin recursos. La investigación financiera es nuestra herramienta más potente de neutralización”.

Explicó que en el marco de la Ley N°25.246 y en coordinación con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC, se trabaja en el rastreo de flujos de capitales “para congelar activos de forma inmediata” y agregó: “El objetivo es la asfixia operativa de la estructura de apoyo, detectando desde grandes transferencias internacionales hasta el micro-financiamiento que sostiene la operatividad local”.

El representante del MPF también hizo mención a la importancia de la cooperación internacional y a los nuevos desafíos jurisprudenciales. En esa línea, señaló que el terrorismo ignora las fronteras, “lo que nos obliga a fortalecer el intercambio en tiempo real con Interpol y agencias regionales”.

Por otra parte, Schaefer se refirió a los desafíos jurídicos vinculados a la calificación de conductas, en particular en relación con hechos atribuidos a grupos como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “Como fiscales, nuestra labor es determinar con precisión técnica si estos actos de violencia organizada encuadran en los tipos penales de terrorismo o seguridad nacional, conforme a las leyes vigentes y los tratados internacionales, asegurando que la respuesta del Estado sea siempre proporcional y ajustada a derecho”, afirmó.

Por último, señaló que toda la labor investigativa debe operar bajo el respeto irrestricto de las garantías constitucionales y aseveró que la búsqueda de la verdad y la seguridad ciudadana solo son legítimas si se realizan dentro del marco de los Derechos Humanos.