Trece personas —entre ellas un policía— fueron indagadas acusadas de haber integrado, desde al menos enero de 2022, una asociación ilícita destinada a adquirir, transferir y comercializar armas de fuego sin autorización, mediante la utilización de usuarios interpuestos o “testaferros”.

En la investigación —iniciada hace más de un año y medio— intervienen la Fiscalía Federal de Campana, a cargo del fiscal federal Sebastián Alberto Bringas, y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), cuyo titular es el fiscal federal Santiago Marquevich.

Las trece personas imputadas son diez hombres —entre ellos un oficial primero en actividad de la Policía de la Ciudad— y tres mujeres. Todos/as fueron indagados/as entre el miércoles y jueves pasado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que está a cargo de la investigación y cuyo titular es el juez Adrián González Charvay, con la intervención de la Secretaría Penal 2, a cargo de Agustín Ocampo, por lo que en los próximos días el magistrado podría resolver sus situaciones procesales.

Los hechos, por el momento, fueron calificados como constitutivos del delito de asociación ilícita destinada a cometer delitos en infracción al artículo 189 bis, inciso 4, del Código Penal de la Nación, que pena a quien “entregare un arma de fuego, por cualquier título, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario”.

Una carabina y una pequeña pistola calibre .22 fueron otras de las armas incautadas. Foto: Policía Federal

Según la descripción de los hechos atribuidos a los acusados, la organización operaba con una división funcional de tareas: algunos de sus miembros coordinaban la compra de armas en el mercado legal; otros reclutaban personas para registrarlas como legítimos usuarios; mientras que intermediarios, gestores y operadores vinculados a armerías facilitaban los trámites administrativos y la circulación del armamento dentro del circuito ilícito.

En ese contexto, se estableció que al menos 742 armas de fuego figuraban registradas a nombre de los presuntos integrantes de la organización, pero no fueron halladas ni en su poder ni en los domicilios declarados como lugar de guarda.

Inicio de la investigación

El caso tuvo su origen en el 26 de julio de 2024 por una denuncia formulada por la entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) ante la UFECO, a partir de la detección de patrones atípicos en la compra de armas por parte de nuevos usuarios registrados desde el 2 de enero de 2022.

Según consta en las actuaciones, el organismo identificó un universo de 147 personas que habían adquirido cinco o más armas en cortos períodos de tiempo, muchas veces con ingresos declarados incompatibles con el valor del armamento y con compras repetidas de armas idénticas, principalmente pistolas semiautomáticas de calibres 9 milímetros, .40 y .380 de marcas como Bersa, Glock y Taurus.

Una pistola Bersa calibre 9 milímetros en su estuche. Foto: Policía Federal

Además, se detectaron coincidencias en domicilios, teléfonos y correos electrónicos, así como la intervención reiterada de determinados gestores, mandatarios y usuarios comerciales (armerías), lo que permitió inferir la posible existencia de una operatoria coordinada.

La fiscalía especializada en crimen organizado realizó una investigación preliminar junto al Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA), tras la cual formuló la denuncia en el Juzgado Federal de Campana, que le dio intervención a la Fiscalía Federal de la jurisdicción, que impulsó la acción penal y profundizó la pesquisa.

En principio, se investigó una posible maniobra organizada para adquirir armas en el mercado legal y desviarlas hacia circuitos ilegales. La hipótesis inicial apuntó a que personas registradas como legítimos usuarios —junto con gestores, mandatarios y operadores comerciales— habrían actuado de manera coordinada para comprar armamento con fondos de origen no determinados y luego insertarlo en el mercado clandestino.

En ese contexto, también se buscó establecer si esas armas eran efectivamente poseídas sin autorización o si habían sido registradas mediante irregularidades, como la presentación de documentación falsa o adulterada, con la posible intervención de intermediarios e incluso funcionarios vinculados al organismo de control.

Con el avance del proceso, se amplió la investigación para determinar la posible existencia de una organización dedicada al contrabando de armas hacia la República de Chile. Según esta hipótesis, parte del armamento adquirido mediante el mismo circuito de testaferros y gestores habría sido desviado de manera coordinada fuera del país.

Modus operandi y estructura

La organización, según la imputación, se valía de un entramado que incluía:

• Reclutadores de personas en situación de vulnerabilidad para inscribirlas como usuarios legítimos.
• Gestores y certificantes que intervenían en los trámites registrales.
• Responsables de armerías que facilitaban operaciones de compra y transferencia.
• Usuarios interpuestos que figuraban como titulares del armamento.

Una vez adquiridas, las armas eran retiradas del control formal, transferidas dentro del circuito investigado y, en muchos casos, introducidas en el mercado ilegal. Parte del armamento era adulterado —por ejemplo, mediante la supresión de numeración— y destinado incluso a su comercialización en países limítrofes.

En los operativos se secuestraron unas 120 armas de fuego. Foto: Policía Federal

Allanamientos y resultados 

En el marco de la investigación, el 27 de abril pasado se realizaron 140 allanamientos simultáneos en todo el país, coordinados por el Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA, con la participación de distintas áreas operativas y de inteligencia de esa fuerza federal.

Los procedimientos se desplegaron en trece jurisdicciones, con la siguiente distribución: 73 en la provincia de Buenos Aires, 18 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 en Tucumán, 12 en Santa Fe, 10 en Córdoba, 3 en Mendoza, 3 en San Luis, 2 en Misiones y 1 en cada una de las provincias de Corrientes, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego y Chubut. En total intervinieron 193 brigadas y 772 efectivos.

Como resultado de los operativos se logró el secuestro de unas 120 armas de fuego con el siguiente detalle: 55 pistolas, 25 escopetas, 17 revólveres, 8 ametralladoras, 7 fusiles, 5 carabinas y 3 pistolones.

También se incautaron una granada de mano Mk 2, más de 40.000 municiones de distintos calibres, y una cantidad significativa de documentación y dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa. Asimismo, se incautaron otros elementos vinculados a las maniobras investigadas, lo que permitió profundizar las líneas de análisis sobre el funcionamiento de la organización.