Con la colaboración técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Fiscalía General N°1, a cargo de Gabriel Pérez Barberá, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego que la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico desestimara un recurso extraordinario contra la decisión que había absuelto a directivos del banco BBVA y a 34 clientes en la causa que investiga millonarias violaciones a la ley penal cambiaria.

Las maniobras bajo investigación tuvieron lugar entre julio de 2005 y enero de 2006 a través de la operatoria conocida en la jerga financiera como “contado con liqui”, que consiste en la adquisición de títulos en pesos en el mercado bursátil local para luego negociarlos en el extranjero en dólares, a una cotización inferior a la pactada para el dólar que se comercializa en el circuito ilegal.

Al imputar a los principales directivos de la entidad y clientes involucrados, la Fiscalía y la Procelac reveló que BBVA vendía títulos públicos que eran pagados vía transferencia desde una cuenta radicada en el exterior y, simultáneamente, la entidad recompraba los papeles y liquidaba la operación con crédito a la cuenta corriente en pesos de cada cliente. En otra maniobra, BBVA vendía títulos a sus clientes y debitaba el pago de las cuentas corriente para luego comprar esos mismos títulos y liquidar la operación mediante transferencias en el extranjero.

La investigación demostró que "detrás de operaciones recíprocas y simultáneas de compra venta de valores negociables liquidables en mercados del exterior, se escondían verdaderas operaciones de cambio, realizadas al sólo efecto de ingresar/egresar divisas del país eludiendo el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) e infringiendo la ley 19359 sobre régimen penal cambiario". Todo ello le habría permitido al BBVA fugar unos 30 millones de dólares, y el ingreso de otros 20 millones, siempre a través de la compra de títulos en pesos y su venta en dólares en el mercado extranjero.

La justicia había absuelto en primera instancia a todos los imputados al interpretar que las maniobras no implicaban una violación de las normas del Banco Central, bajo el argumento de que estas regulan las transacciones con divisas extranjeras y no la compra y venta de títulos. Tras la apelación, la causa pasó a la Sala B del fuero Penal Económico, que si bien reconoció que las operaciones se realizaron de forma simultánea o con escasa diferencia de tiempo entre el banco y sus clientes que liquidaron pesos en el país y dólares en el extranjero, las mismas no eludieron ningún control regulatorio.

El fiscal general ante la justicia nacional en lo Penal Económico, Ramiro Rodríguez Bosch, interpuso un recurso de casación para la revisión de la resolución adoptada por la sala B. El tribunal terminó por ratificar la sentencia de primera instancia, lo que motivó la elevación de un recurso de queja ante la Corte.

“En el caso concurren circunstancias vinculadas con el resguardo de los legítimos intereses de la economía nacional. Al propio tiempo, está en juego el buen servicio de la justicia y se trata de proteger la confianza pública en la eficacia y del derecho punitivo en tal esfera”, indica el texto de la presentación del fiscal Pérez Barberá ante la Corte Suprema. Al fundamentar el recurso de queja ante el máximo tribunal, la Fiscalía consideró que las maniobras bajo investigación no constituyen hechos aislados, sino que “conforman una práctica verificada con alarmante frecuencia y -aún- naturalidad, cuya convalidación e impunidad repercutirían sobre la plena vigencia del orden jurídico y la conciencia y confianza de la comunidad a su respecto”.