"Este tipo de delitos económicos repercute profundamente, a tal punto que hemos tomado conocimiento que entre los miles de afectados se encuentran ahorristas jubilados en proceso de profunda depresión y hasta se nos informó de un caso de una persona que falleció en un cuadro de este tipo", señaló el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, tras detallar ayer por la tarde a los damnificados por la gran estafa de la sociedad de bolsa Bolsafe el pedido de indagatoria a 49 operadores financieros a quienes la Fiscalía imputó por intervenir en las maniobras fraudulentas que culminaron en la apropiación de los ahorros de cientos de personas.

La reunión con las víctimas se llevó a cabo por la tarde en la sede de la Prefectura Naval de Santa Fe, ubicada en la zona portuaria de la capital de la Provincia. Unas sesenta personas se dieron cita en el tercer encuentro que mantuvieron los fiscales desde el año pasado, al inicio, de la causa federal por esos hechos. "Venimos a rendir cuentas. Es nuestro deber ante ustedes que han sido damnificados", explicó Gonella.

Durante el mediodía, el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, junto a Gonella y el coordinador del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, Pedro Biscay, habían presentado en el Juzgado Federal N°2 el pedido de indagatoria del titular de Bolsafe, Mario Rossini, y de otros 25 empleados, productores y directivos de esa firma y de BV Emprendimientos, de 13 directivos del Mercado de Valores del Litoral y de 11 del Banco de Galicia.

En la reunión de la tarde, los fiscales agradecieron especialmente la "predisposición" de las víctimas y les requirieron que "sigan activos para lograr una condena en este caso ". "Hay un antes y un después de sus testimonios, que han sido decisivos para el avance de la causa", les dijo Gonella, tras recordar que la investigación se motorizó con los alrededor de 150 testimonios prestados en tres días por los damnificados en la sede de la Fiscalía.

En el auditorio, había unas 60 personas que escucharon en silencio al fiscal Rodríguez, quien abrió la presentación y leyó uno por uno los nombres de los 49 imputados y explicó sus lugares de pertenencia. Hubo sorpresa entre los damnificados y los periodistas locales cuando les informaron que el pedido se extendió a los responsables del Mercado de Valores del Litoral y a funcionarios locales y porteños del Banco de Galicia.

Luego, fue el turno de las víctimas: "Queremos agradecerles todo lo que han hecho desde la Fiscalía. La causa ha seguido adelante gracias a ustedes. Hay gente que está padeciendo y otra que ya no está. Vamos a seguir luchando, porque nos robaron el sacrificio de una vida. Detrás de cada cuenta en Bolsafe hay una historia de vida. Hay gente con enfermedades, depresiva, agravada por todo esto", dijo una de las damnificadas. Su intervención fue seguida por un aplauso.

"Es la tercera vez que tomamos contacto directo con las víctimas con la finalidad de informarles sobre el desarrollo del caso. Para nosotros, es muy importante porque más allá del valor probatorio de su testimonio estos encuentros nos permiten captar en esencia la real dimensión del daño generado por la maniobra delictiva que investigamos", dijo Gonella en un diálogo posterior a la reunión con Fiscales.

Los damnificados, pequeños y medianos ahorristas, centraron sus interrogantes en las medidas cautelares sobre los bienes de los imputados, que les permitan recuperar el patrimonio del que fueron desposeídos. Los fiscales precisaron entonces que en el marco de la causa ya se han pedido una serie de medidas en ese sentido, y particularmente el fiscal Rodríguez se encargó de aclarar que el objeto de este proceso es la sanción penal y no la indemnización de las víctimas, más allá de que se procuren todas las medidas para que la reparación económica pueda asegurarse.

Un caso inédito

Biscay, en tanto, precisó aspectos técnicos del caso. El especialista en fraudes bancarios de la Procelac señaló que la presentación puso "el énfasis en la acción del Mercado de Valores" porque "Rossini no actuó solo, sino con una maquinaria muy aceitada. La nómina de imputados refleja el rol que le ha tocado jugar a cada actor".

"El Banco de Galicia fue fundamental para el lavado de activos. Oficiales de cuenta, gerentes y oficiales de cumplimiento están entre los imputados", agregó. Los oficiales de cumplimiento son los encargados de cada entidad bancaria de denunciar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones sospechosas, que -en este caso- podrían haber sido determinantes para descubrir las maniobras de lavado del dinero sustraído a los ahorristas.

En ese sentido, Biscay explicó que "este es uno de los primeros casos en Argentina de captación de ahorros públicos. Es un caso notorio y se van a aplicar tipos penales nuevos, como la intermediación bursátil no autorizada", incorporada al Código Penal en el 2011.

Gonella, en tanto, calculó que "la estafa fue al menos por una cifra que oscila entre los 70 y 80 millones de pesos", y remarcó que "el universo de afectados excede a la Provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que Bolsafe tenía productores en otras provincias". En el pedido de indagatoria, se hace referencia a 408 casos de víctimas individualizadas, aunque la cartera de clientes de Bolsafe ascendía a los 13 mil.

"No tenemos registro de una investigación igual ni de una maniobra similar", valoró el titular de la Procelac, quien tras la reunión con las víctimas reflexionó: "Este encuentro es inédito en el marco de una investigación por delitos económicos. Consideramos que es un deber funcional y ético el encuentro con las víctimas de este tipo de casos. Es una forma de acortar la brecha entre el servicio público de administración de justicia y los ciudadanos protagonistas del drama social que subyace a todo conflicto penal".