Los integrantes del área técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Guillermo Bellingi y Germán Silva cerraron el curso “Investigación de operatoria off shore”, cuyo objetivo fue conocer aún más en detalle las causas, su utilización para el ocultamiento y  los mecanismos para investigar este tipo de transacciones financieras. La actividad duró dos semanas, fue organizada por la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF y estuvo orientada a magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público.

“En el lenguaje financiero, el término 'offshore' se utiliza para describir cualquier actividad económica o financiera que se realiza fuera del propio país de residencia, por eso se les ha dado, en castellano,  el nombre de extraterritoriales”, indicaron los docentes.

Luego, señalaron que a partir de la década del '80 se restringió el término offshore a determinados tipos de negocios: “Para hablar de una auténtica inversión extraterritorial se tiene que producir en algún país o territorio que ofrezca determinadas ventajas como beneficios fiscales, facilidad de trámites para constituir sociedades, secreto bancario, entre otros”.

Ambos definieron a los paraísos fiscales como países que eximen del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. “Tener una sociedad offshore no es ilegal, salvo que se pruebe que está vinculada al lavado de dinero o la evasión”, aclararon.

“Por lo general, estas firmas no registran ninguna actividad económica o comercial y sirven de pantalla a sus dueños para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior”, dijo Bellingi

“La ventaja de estas empresas es que permiten encubrir a los verdaderos propietarios de los activos e impiden el rastreo de los fondos, lo que las pone en la mira de los organismos que se dedican al combate del lavado de dinero”, afirmó Silva

Acciones contra el lavado

Las principales acciones para desenmascarar estas operatorias son dirigidas a ejercer presión sobre los gobiernos de los paraísos fiscales, para tratar de conseguir que recorten sus leyes de confidencialidad y secreto bancario.

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el G-20 y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) son los organismos más activos en este terreno”, agregaron.

En este sentido, según las entidades internacionales, existe una serie de peculiaridades adicionales que hacen que un país pase de ser considerado un simple territorio de baja tributación a un verdadero paraíso fiscal.

“Los datos personales de propietarios y accionistas de empresas no figuran en los registros públicos; existen estrictas normas de secreto bancario, es decir, los datos de los titulares de las cuentas sólo se facilitan a las autoridades si existen evidencias de delitos graves como el terrorismo o el narcotráfico; no se firman tratados con otros países que conlleven intercambio de información bancaria o fiscal; se fomenta la estabilidad política y monetaria, y cuentan con una excelente oferta de servicios legales, contables y de asesoría fiscal”, concluyeron.

Según datos estadísticos presentados por la Procelac, las transacciones financieras en el mundo off shore representan  el 35% comercio mundial,  y la evasión estimada es igual a la suma del Producto Bruto Interno (PBI) de Estados Unidos y Japón juntos.