El Ministerio Público Fiscal coorganizó de las Segundas Jornadas Internacionales de Diálogo sobre Registros Públicos de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y su Vinculación con el Lavado de Activos, la Corrupción y la Evasión Fiscal. El encuentro, realizado en el Salón Ernesto Bosch del Banco Central de la República Argentina, contó además con la participación y el apoyo de representantes de la Oficina Anticorrupción, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) y la Universidad Torcuato Di Tella, entre otros organismos.

En la primera jornada, la apertura estuvo a cargo de la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos(Procelac) Laura Roteta, junto a la secretaria de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el coordinador de la Red de Justicia Fiscal, Jorge Coronado. Finalizada la presentación, Eduardo Blanco, del Ministerio Público Fiscal, moderó el primer panel del día “Formas de generar opacidad y la importancia de los beneficiarios finales en la lucha contra el lavado de dinero, la corrupción, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos”, del que participaron economistas especializados y representantes de organismos de inteligencia financiera de Estados Unidos y Perú.

Durante el mismo encuentro, el coordinador del Área lavado de activos de Procelac, Juan Argibay Molina,  moderó el debate “Dificultades y necesidades de obtener información sobre beneficiarios finales para autoridades y periodistas de investigación”, integrado por periodistas de Página 12, Clarín, La Nación y BAE. Por la tarde, la titular de la Dirección de Recupero de Activos de la PGN, Carmen Chena, integró el último panel del día, “La lucha contra la Corrupción. Régimen actual de transparencia en las contrataciones del Estado, Personas Expuestas Políticamente y Declaraciones Juradas”.

En el segundo encuentro, la titular de la Fiscalía general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Gabriela Boquín; el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Santiago Eyherabide, y Argibay Molina integraron la mesa “La identificación de los beneficiarios finales y la justicia”. Boquín remarcó la necesidad de contar con registros públicos exhaustivos de beneficiarios y puso énfasis en "el compromiso en la búsqueda de la transparencia. La opacidad financiera no favorece a las inversiones ni al mercado legítimo sino que lo erosiona, ya que este tipo de prácticas están detrás de los grandes negocios ilícitos, como el narcotráfico y el terrorismo". Eyherabide planteó las problemáticas y limitaciones relacionadas con este tipo de investigaciones, tanto de carácter interno como externo, este último relacionado con el acceso a la información de cuentas y sociedades radicadas en el extranjero. Por su parte, a través del estudio de ejemplos basados en casos, Argibay Molina mostró cómo el trabajo en conjunto entre jueces y fiscales hizo posible que esas investigaciones siguieran su curso, por lo que propuso "fomentar la cooperación entre organismos de la sociedad civil para que estos temas se discutan en serio y podamos darle a esta cuestión una solución mejor".

En el panel siguiente, Agustín Biancardi, director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información Financiera, participó de una mesa en la que representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción detallaron de qué manera funciona y se articula el intercambio local de información entre organismos públicos.

En la última actividad del día, el cotitular de la Procelac Gabriel Pérez Barberá, participó junto a Carlos Bedoya, de la Red Latindadd de la mesa de cierre. El representante del Ministerio Público Fiscal hizo un repaso de los temas tratados en cada uno de los debates a lo largo de las dos jornadas y resaltó los avances realizados en materia de investigaciones sobre beneficiarios finales en comparación al primer encuentro, realizado el año pasado al afirmar que "se advierte una profundización de los lazos entre los distintos actores involucrados, algo muy importante para contribuir a la lucha contra la opacidad". Pérez Barberá hizo énfasis en la necesidad de agilizar el acceso a la información y planteó el debate de la necesidad de incorporar a estudios jurídicos y contables como actores obligados a sumarse a los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, destacó que, a partir de estos encuentros "ya es una realidad el trabajo en conjunto de los distintos organismos públicos y la sociedad civil en aras de lograr los objetivos propuestos".

Las jornadas estuvieron destinadas a funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organizaciones sociales, sindicales, centros de investigación e instituciones académicas para generar un intercambio de experiencias y formulación de recomendaciones de políticas públicas que ayuden a la Argentina a contar con registros púbicos de beneficiarios finales que le permitan cumplir con las nuevas exigencias internacionales en materia de transparencia. Además, se buscó construir relaciones entre los sectores convocados para fortalecer las estrategias frente a los casos de narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, como también elaborar una serie de recomendaciones de políticas públicas y proyectos de ley que sirvan para potenciar la capacidad de los Estados en su rol de reguladores de las economías y los mercados.