09 de diciembre de 2022
09 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento del fiscal Enrique Senestrari
Córdoba: solicitan jucio oral para siete personas por asociación ilícita y desbaratamiento de derechos acordados
Los acusados utilizaban distintas empresas que prestaban servicios de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, pero una vez finalizado el plazo, no realizaban el reintegro correspondiente. A fines de mayo, cuatro de ellos fueron condenados por intermediación financiera no autorizada.

El titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, solicitó la elevación a juicio de la causa seguida a siete personas por los delitos de asociación ilícita y desbaratamiento de derechos acordados. Los acusados están señalados de utilizar distintas empresas que prestaban servicios de cajas de seguridad para ofrecer a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego quedarse con él una vez finalizado cada contrato en perjuicio de once víctimas. A fines de mayo, cuatro de ellos habían sido condenados por intermediación financiera no autorizada.  El MPF también solicitó que se continúe otra investigación por evasión fiscal y administración fraudulenta, en las que se promovió la acción penal en 2014.

De acuerdo al requerimiento, en el marco de las actividades comerciales, financieras y bursátiles desplegadas por las firmas Bacar Traca, Barrera, Blinar y Blicen, entre otras, Juan Carlos Barrera y sus hijos Pablo, Ivan y Mariano Dan Barrera se valieron de la estructura jerárquica y de roles que desarrollaban en ellas, y de la intervención de José Luis Cavazza, Carlos Orlando Reartes y Carlos Alejandro Reartes para formar una asociación ilícita destinada a cometer una indeterminada cantidad de delitos financieros y patrimoniales. 

La investigación comenzó durante 2014, a partir de las denuncias presentadas por clientes de las firmas, con quienes habían celebrado previamente contratos de mutuo, y a quienes se negaron indebidamente a restituir los montos depositados.

La investigación comenzó durante 2014, a partir de las denuncias presentadas por clientes de las firmas, con quienes habían celebrado previamente contratos de mutuo, y a quienes se negaron indebidamente a restituir los montos depositados. Conforme avanzó la instrucción, se formuló la hipótesis de que estos contratos eran parte de una serie de delitos indeterminados de índole financiera y patrimonial que se estaban cometiendo dentro de las firmas aludidas y que eran comandadas por la familia Barrera, con la complicidad de otros directivos. 

A lo largo de la instrucción se ha podido establecer que los miembros de la asociación ilícita se valieron de la estructura legal y funcional de las firmas Bacar, Blicen, Blinar SA, Compañía Barrera y de sus locales comerciales. Este aprovechamiento consistió, no sólo en la utilización del capital humano sino, particularmente, en su uso como “pantalla” de legalidad al mantener paralelamente a servicios de alquiler de cajas de seguridad, distintas actividades ilícitas, principalmente de intermediación financiera sin autorización de la autoridad competente.

La organización utilizaba la estructura de las firmas legítimas y se afianzaba en ellas para dar un velo de transparencia y confianza que invitaba a los clientes a invertir su propio patrimonio convencidos de la solvencia y buena fe de los imputados, señaló Senestrari. Esta doble estructura requirió, asimismo, un doble acuerdo, en tanto, para el fiscal, “pertenecer a la asociación lícita no implica hacerlo en su contracara ilegal”. De los testimonios de los damnificados se desprende tanto el conocimiento que tenía cada uno de los imputados sobre las circunstancias que rodeaban los mutuos y las imposibilidades reales que existían de devolver todo el dinero ante el requerimiento.

En la distribución de roles, para el fiscal, Juan Carlos Barrera tenía el rol principal en la organización ilícita, era el jefe del grupo tanto en su faz legal como ilegal, ya que tenía la autoridad y poder de decisión que se traducía en la disposición del dinero de los clientes y su devolución. La participación de sus hijos constaba de dos partes: convencer a los clientes de cajas para que “invirtieran” en las empresas y poner su propia firma en los mutuos. Asimismo, a Pablo Barrera le quedó la tarea de ser la cara visible ante los reiterados pedidos de restitución del dinero indebidamente retenido. 

La participación de Carlos Orlando Reartes y José Luis Cavazza, señaló el fiscal, surge no sólo de los papeles, ya que figuran como firmantes de mutuos y directivos de las firmas, sino que, además una de las denunciantes los señaló como aquellos que le sugirieron de forma personal entregar su dinero bajo esa forma contractual. Carlos Alejandro Reartes, en tanto, figuraba como director administrativo de algunas de las firmas, como Bacar Traca. 

La puesta en escena que se ofrecía a los clientes era en base a la trayectoria y supuesta solvencia de las firmas, que contrataban con entes públicos y privados de toda la provincia.

Al mismo tiempo, los cuatro integrantes de la familia Barrera se encuentran procesados por once hechos de retención indebida en concurso ideal con el delito de desbaratamiento de derechos acordados, con Carlos Orlando Reartes en carácter de partícipe necesario. La configuración de este tipo de delito requiere lograr de un tercero una disposición patrimonial que se traduce en la obtención de un beneficio indebido para el autor y en un perjuicio económico para la víctima. 

De acuerdo al fiscal, “el delito no consiste en apropiarse de él, sino que puede cometerse omitiendo su devolución, negándose expresa o implícitamente a hacerlo, no haciéndolo a su debido tiempo”. De las pruebas recabadas en autos, las once víctimas fueron cautivadas por los acusados para depositar su dinero (pesos y dólares estadounidenses) y posteriormente defraudadas al momento de pretender recuperarlo (con intereses), ya que los imputados se negaron a restituírselo.

La puesta en escena que se ofrecía a los clientes era en base a la trayectoria y supuesta solvencia de las firmas, que contrataban con entes públicos y privados de toda la provincia, sin contar del respaldo que el propio apellido “Barrera” tiene en esta ciudad , lo que los movilizaba a contratar con ellas, señaló Senestrari en la pieza acusatoria.  Agregó que, al mismo tiempo, los imputados utilizaban como “gancho” intereses muy por encima de lo que ofrecían las entidades financieras en plaza, sobre todo en cuanto a dólares estadounidenses.

En otras ocasiones, las víctimas cayeron por la credibilidad que tenía el Grupo y el “boca en boca” por parte de amigos o familiares que ya habían tenido experiencias positivas en la operatoria. Para Senestrari, estas experiencias no resultan fuera de lo común, de la forma en que funcionaba la maniobra, ya que mientras más gente depositara, más posibilidades existían de que el dinero fuera devuelto.