La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, en base a un trabajo coordinado entre las Áreas Operativas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Fraude Económico y Bancario denunció al Grupo Económico Estrada y a los bancos JP Morgan, Patagonia S.A. y Merrill Lynch por lavado de activos, administración fraudulenta y evasión tributaria.

Estas acciones se habrían cometido en el marco de una asociación ilícita donde se pretendía obtener una rentabilidad ilegal a partir de la comisión de estos delitos. La entidad financiera JP Morgan habría tenido, según la Procelac, un rol fundamental en la comisión de los ilícitos a los que se refiere la denuncia. Cabe recordar que la empresa estadounidense sufrió recientemente multas en su país por valores cercanos a los dos mil millones de dólares a raíz de su colaboración en el lavado de dinero del escándalo financiero que protagonizó Benard Madoff.

Según el fiscal Carlos Gonella, titular de la Procelac, "no puede soslayarse que estos hechos deben leerse en el trasfondo de las sanciones recibidas por el banco JP Morgan en los Estados Unidos por haber incumplido sistemáticamente la normativa de lavado de dinero en relación con el caso Madoff".  Además agrega que "la actividad ilícita aquí descripta no sería una actividad aislada de la entidad sino, por el contrario, una actividad organizada para prestar servicios ilícitos indeterminados de lavado de dinero como lo explica la Fiscal Preet Bharara".

La operatoria de lavado

Las maniobras se habrían originado en base a una participación en operaciones financieras relacionadas con préstamos de regreso (conocido como "back to back") mediante los cuales, el Grupo Estrada habría utilizado activos financieros depositados en jurisdicciones extranjeras para actividades de financiamiento propio y que tendrían presunto origen ilícito. Los hechos que forman parte de la denuncia presentada habrían tenido lugar a partir del año 2005.

La investigación surge a partir de la instrumentación de cartas de crédito  "standby" (documentos respaldatorios frente a prestamos u obligaciones) que fueron otorgados por los bancos JP Morgan y Merrill Lynch a pedido de Ángel Estada y Cía S.A. Estas cartas fueron garantizadas con depósitos bancarios en esas entidades o en sociedades "off shore" que estarían controladas por la sociedad o por los accionistas de la misma. Entre esas sociedades se encuentra Argentine Development Invesrment constituida en Bahamas, quién habría sido parte de la operatoria.

Las cartas de crédito tenían como beneficiario al Banco Patagonia S.A, de Buenos Aires y servían de garantía para los créditos y préstamos que le eran otorgados por los montos que allí figuraban. Este otorgamiento era realizado sin respaldo económico ni financiero y en una clara contravención de la ley según consta en la investigación de la Procuraduría.

La sociedad offshore Argentine Development Investment (ADI) era utilizada supuestamente por la compañía Estrada y por alguno de su accionistas para recibir, administrar y distribuir fondos de origen ilícito. Según la Procelac, la existencia de cuentas bancarias con fondos millonarios en los bancos JP Morgan y Merrill Lynch demuestran la afectación al fisco ya que provendrían de una reducción de patrimonio no declarado y radicado en el exterior.

Esa diferencia, proveniente de la venta de una de las empresas que estaban dentro del Grupo Estrada, habría sido depositada en la cuenta de la ADI y de allí transferida a las cuentas bancarias de los bancos mencionados.

Además cabe destacar el rol de un supuesto testaferro del Grupo. Según la denuncia, "resulta necesario investigar" si esta persona compró acciones de Ángel Estrada y Cía SA mediante lavado de activos y con fondos que provendrían de contratos de cesión de deudas millonarias de la compañia. La intervención del testaferro explicaría la presunta salida del país de una gran cantidad de dinero, en concepto de dividendos, cerrando así el círculo de movimiento de activos, algo propio del delito por el que se los denuncia.

En cuanto a los cargos por administración fraudulenta y publicación de balances falsos por parte de los directivos de Estrada, la denuncia hace hincapié en el ocultamiento de los activos a los accionistas minoritarios y al público inversor. "En lugar de cumplir con el deber de ofrecer información verdadera y fiel, ofrecieron datos falsos sobre la situación económica y financiera de la sociedad y no mencionaron la utilización de las sociedades offshore ni de las cuentas bancarias."

Por último, según consta en lo presentado por la Procelac a la justicia federal, los hechos tuvieron lugar en el marco de una asociación ilícita entre la sucursal de Nueva York y de Buenos Aires del banco JP Morgan. Cabe resaltar que esta entidad cuenta con una administración de carteras de inversiones con posible procedencia delictiva y que posee una estructura idónea y procedimientos diseñados para evadir los controles establecidos en materia de lavado de activos.