La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la fiscal Laura Roteta, recibió una denuncia que daba cuenta sobre una serie de irregularidades en la Universidad de Morón, relacionadas con la venta de materias y títulos universitarios de la carrera de Derecho de dicha institución. Tras considerar que la presentación guardaba entidad suficiente –con un relato circunstanciado de los hechos y precisiones de tiempo, modo y lugar- la procuraduría especializada entendió que correspondía la judicialización inmediata del caso, por lo que remitió la denuncia a la Justicia Federal de Morón.

La Procelac consideró que se estaba frente a la posible comisión de un delito federal, puesto que se trata de cuestiones que vulneran intereses que deben ser custodiados por el Estado Nacional que, a través del Ministerio de Educación, determina la carga horaria, contenidos y los criterios de intensidad en la formación práctica de las carreras universitarias.

La procuraduría especializada también destacó que la jurisdicción federal está dada ya que es la Comisión Nacional de Evaluación y  Acreditación Universitaria (CONEAU), la que posee competencia de evaluación y acreditación de las carreras de grado y posgrado; y que es la Ley 24.521 la que establece la validez nacional de los títulos que certifican la formación académica y habilitan para el ejercicio profesional en todo el territorio de la Nación.

La presentación concluye con que se está frente a un caso federal por cuanto la “Constitución asigna al Congreso de la Nación la potestad de dictar leyes de organización y de bases en materia de educación, lo que demuestra que es al Estado Nacional a quien corresponde controlar los contenidos mínimos de los estudios cuyo título habilita el ejercicio de la profesión respectiva, facultad que refleja el interés público que revisten las actividades reconocidas mediante el título que habilita a ejercerlas”.

Finalmente, la Procelac se puso a disposición del representante del Ministerio Público Fiscal que intervenga en la investigación para brindarle la asistencia que estime necesaria.