El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y la titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, anunciaron hoy en conferencia de prensa la presentación de una denuncia penal por el posible delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional, en el marco del arbitraje que tramita actualmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la expropiación del paquete accionario controlante en Aerolíneas Argentinas y Austral.

Las maniobras bajo sospecha tienen como base un acuerdo celebrado entre el fondo de inversión Burford Capital y las sociedades que integran el Grupo Marsans, a cargo de la gestión de la línea aérea de bandera hasta su expropiación por parte del Estado nacional, en octubre de 2008. Ese acuerdo –y la consiguiente presentación de documentación posiblemente apócrifa ante el CIADI- habrían tenido como finalidad apropiarse de manera ilícita de las sumas provenientes de una eventual condena contra Argentina, en perjuicio de los verdaderos acreedores de las quiebras de las sociedades que demandaron al país. Así las cosas, Argentina se enfrentaría al riesgo de abonar una indemnización que alcanzaría la suma de U$S 1.036.200.000 a quienes no serían los legítimos acreedores de la misma.

“De esta manera Marsans estaría burlando a sus acreedores, con el doble riesgo para la Argentina de tener que pagar el fallo del juicio, pero también una futura demanda de los acreedores de Marsans”, subrayó Abbona, durante la conferencia de prensa que se desarrolló en el auditorio del Ministerio Público Fiscal.

Los protagonistas

Con una cartera de negocios estimada en 500 millones de dólares, Burford Capital es un fondo especulativo cuyo modelo de negocios se basa en la adquisición de juicios internacionales. De hecho, no es la primera vez que el fondo compra litigios para accionar contra Argentina: en abril pasado tomó estado público la adquisición del juicio que llevaban adelante contra YPF dos empresas en liquidación que habían sido utilizadas por el Grupo Pertersen en 2008 para hacerse del 25% del paquete accionario de la petrolera nacional. Ahora bien, el 14 de abril de 2010 entró en vigencia un acuerdo entre Teinver, Autobuses Urbanos y Transportes de Cercanías –todas ellas pertenecientes al Grupo Marsans- y Burford Capital, por el cual este último se comprometía a financiar íntegramente el reclamo de esas tres sociedades ante el CIADI. Todo ello, a cambio de exorbitantes sumas de dinero que provendrían de la eventual indemnización que debería afrontar Argentina y que –merced al acuerdo- Burford cobraría con preferencia antes de que sea girado a las demandantes.

“Marsans y Burford hicieron un convenio para que en caso de que el Ciadi falle a favor de los españoles, el fondo reciba el pago de la acreencia y tras los descuentos por honorarios y demás accesorios por el patrocinio del litigio, el resto se depositado en una cuenta a favor de los acreedores”, explicó Gonella.

En declaraciones a la prensa, el titular de la Procelac remarcó que la “Argentina, no sólo no debe nada, sino que hasta puede reclamar a Marsans unos U$S 1.000 millones por las consecuencias de su pésima gestión comercial en Aerolíneas”. En abril pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló a favor del Estado argentino, al considerar que al momento de la expropiación Aerolíneas Argentinas tenía un valor negativo de $3.500 millones y, por lo tanto, consideró apropiado el pago simbólico efectuado en ese momento, rechazando así la pretensión de una compensación millonaria reclamada por el grupo empresarial español.

Tanto Gonzalo Pascual Arias –quien falleció en 2012 - como Gerardo Díaz Ferrán, ambos titulares del Grupo Marsans, fueron investigados en España por los delitos de alzamientos de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración de un grupo criminal. Díaz Ferrán fue condenado a prisión por la Audiencia Nacional de Madrid. En el proceso se tuvo por probado “un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, todo ello en evidente perjuicio de los acreedores” y Díaz Ferrán resultó condenado a 5 años de prisión.

Calificación legal

Además de Burford Capital y las sociedades del Grupo Marsans, la denuncia alcanza a estudios jurídicos internacionales y locales que participaron de la operación, entre los que se encuentra los letrados de King & Spalding y Fargosi & Asociados. Para la Procuraduría especializada, las maniobras bajo análisis se encuadran en el delito de estafas y defraudaciones en perjuicio de la administración pública (artículos 172 y 174, inc. 5 del Código Penal). “El fraude empleado por el autor se dirige a perjudicar el patrimonio del Estado, siendo motivo razonable para agravar la pena por la calidad del sujeto pasivo”, señala la denuncia presentada por los fiscales Gonella y Juan Arbigay, coordinador del área de Concursos y Quiebras de Procelac, ante la Cámara Federal. Asimismo, la Procelac sostuvo que, al participar personas físicas de nacionalidad argentina, los hechos podrían quedar subsumidos bajo la ley 14.034, que establece penas de cinco a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ciudadano “que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino”.