La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó en la tarde de ayer la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Se trata de un equipo formado por fiscales y funcionarios especializados que investigarán delitos vinculados con lavado de dinero y financiación del terrorismo; fraude económico y bancario; mercado de capitales; delitos tributarios y contrabando; delitos contra la administración pública y concursos y quiebras. La PROCELAC estará a cargo del hasta hoy Fiscal General subrogante ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Carlos Gonella.

Durante la presentación, Gils Carbó estuvo acompañada por el ex juez y ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, y por el vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y experto en la temática, Alberto Binder.

Asistieron al acto la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, y el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Durante la presentación, la Procuradora aseguró que “la crisis financiera global que se inició en 2008 dejó al descubierto que la criminalidad económica representa una amenaza para la vida de los Estados y para hacerle frente es necesario contar con un Ministerio Público Fiscal capacitado y entrenado”.

Gils Carbó remarcó las asignaturas pendientes en materia de criminalidad económica y explicó que la nueva Procuraduría fue creada para superar ese déficit, potenciando la capacidad investigativa y la eficacia de la persecución penal del delito económico.

“Todo fenómeno de crimen organizado necesita insertar las ganancias en el circuito de la economía legítima, por eso el lavado de dinero es la punta de la madeja de toda actividad delictiva”, precisó.

Por su parte, Massoni aseguró que el anuncio es “excepcionalmente alentador” y sostuvo que funcionará como una plataforma “para dejar de estar inermes y empezar a cambiar la cultura de los operadores judiciales”.

Finalmente, Binder remarcó que “desde hace más de 25 años decimos que no se puede sostener una verdadera institucionalidad democrática sin perseguir la criminalidad económica”, y enfatizó que la creación de la PROCELAC “es un acto de valentía y de madurez institucional”.

Gils Carbó se refirió también a los datos elaborados por la ONG internacional Global Financial Integrity, que muestran que la criminalidad, la corrupción y la evasión de impuestos costaron casi 6 trillones de dólares a los países en desarrollo en la última década.

Otras estadísticas realizadas por expertos locales indican que la duración promedio de los procesos por grandes fraudes bancarios y financieros en nuestro país es de 14 años. Muchas de las causas terminan prescriptas y el porcentaje que efectivamente llega a juicio es ínfimo.

Estos números no encuentran correlato con la investigación y efectiva sanción de la criminalidad económica en nuestro país, que hasta hoy exhibe magros resultados. Luego de una década de vigencia de la ley que impone penas de prisión, multas y decomisos por el delito de lavado de dinero sólo se produjo una condena. La falta de sanciones por actividades de lavado es una de las principales críticas que afrontó el país cada vez que fue evaluado durante los últimos años por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según sostuvo Gils Carbó “la complejidad de estas causas por criminalidad económica requieren la actuación de fiscales dedicados full time a combatir este tipo de delitos”. Asimismo afirmó que la PROCELAC contará con la apoyatura técnica necesaria por cuanto “es necesario revertir la selectividad penal que opera en la Justicia y que hace que se persiga y condene sólo a quienes tienen menos recursos económicos”.

La nueva estructura institucional apunta a revertir esta situación, generando estrategias unificadas de investigación, asesorando a los fiscales y coordinando el seguimiento de casos. Además, recibirá denuncias y realizará investigaciones preliminares respecto de hechos con fuerte impacto socioeconómico. Los funcionarios que la integran podrán intervenir como fiscales coadyuvantes en los expedientes que tengan que ver con hechos de su competencia, elaborar programas de capacitación, proyectos de reformas legislativas, protocolos de actuación y convenios de cooperación con otros organismos.

Por primera vez, estas áreas especializadas trabajarán de manera coordinada entre sí y con la asistencia técnica de equipos multidisciplinarios. La PROCELAC está ideada para llevar adelante una labor sistematizada entre cada una de las áreas que la componen, superando la actuación compartimentada que tienen actualmente las oficinas que desde el MPF trabajan en la materia.

En tanto la Criminalidad Económica es una problemática compleja, que abarca la comisión de ilícitos no sólo en sede penal, la PROCELAC estará facultada para intervenir en distintos fueros. En ese sentido, el área que se abocará al recupero de activos podrá realizar sus cometidos en instancias civiles.

Finalmente, con motivo de los requerimientos que se vienen recibiendo desde las distintas jurisdicciones del país, para dotar a las mismas de estructuras que permitan enfrentar la criminalidad económica, la Procuradora General de la Nación sostuvo que en el futuro inmediato se replicará la PROCELAC en el interior del país.

El titular de la nueva Procuraduría es el Fiscal General Subrogante Carlos Gonella, quien tiene una amplia trayectoria como fiscal en Córdoba, donde estuvo a cargo de megacausas por violaciones de derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. En 2010 fue nombrado integrante de la comisión de fiscales que tuvo a su cargo la investigación de la voladura de la fábrica militar de Río III, ocurrida en 1995. Desde allí requirió la elevación a juicio oral de la causa, que finalmente se alcanzó a mediados de 2012.

También durante 2010, Gonella tuvo a su cargo la investigación en la causa “Altamira”, que condenó por primera y única vez hasta la fecha el lavado de dinero en la Argentina.

Por otra parte, los Coordinadores de las Áreas operativas serán: Omar Orsi (Lavado de activos y financiamiento del terrorismo), Pedro Biscay (Fraude económico y bancario), Macarena Comas Wells (Mercado de capitales), Juan Pedro Zoni (Delitos tributarios y contrabando), Milton Khaski (Delitos contra la administración pública) y Mariel Dermadirossian (Concursos y quiebras). A estas Áreas operativas se sumarán las de Asistencia Técnica, formadas por un Cuerpo de investigadores, Consultoría técnica, Recupero de activos y Apoyo informático. Cabe destacar que todos los integrantes de la PROCELAC tendrán dedicación exclusiva a los cargos asignados, con la excepción del área Concursos y quiebras.

Además de los funcionarios mencionados, participaron del acto, entre otros fiscales, Jorge Auat, Javier De Luca, Félix Crous, Daniel Adler, Marcelo Colombo, Abel Córdoba, Pablo Parenti, Jorge Di Lello, Mirna Goransky, Alberto Gentili, Horacio Azzolín, Martín Mainardi y Juan Patricio Murray.

También estuvieron presentes funcionarios del MPF, integrantes del Poder Judicial y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes previamente habían sido convocados para interiorizarse de la iniciativa. En una reunión realizada el miércoles con la Procuradora General participaron miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Contadores Forenses, Consumidores Financieros, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Observatorio de la Justicia Argentina, Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Instituto Latinoamericano de Seguridad Democrática (ILSED), Rodrigo Luchinsky de la Universidad de San Martín, Guillermo Jorge de la Universidad de San Andrés y el economista y coordinador del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, Eduardo Basualdo, entre otros.