"Tenemos la necesidad de destacar la labor de los fiscales para revertir la insignificancia actual de la investigación de los delitos económicos", indicó el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y remarcó que el poder político, el Judicial y las fuerzas de seguridad “son parte del problema”. El fiscal habló ante un auditorio integrado por personal superior y subalterno de la Policía Federal, en el marco de un curso de actualización sobre investigación criminal.
Gonella expuso sobre las distintas modalidades de criminalidad económica, se refirió a los motivos que llevaron a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, a la creación de la Procelac y describió la estructura de esta Procuraduría, puesta en funciones por la resolución PGN 914/12, del 21 de diciembre pasado.
"La procuradora fue fiscal ante la Cámara en lo Civil y Comercial. Observó cómo operaban y delinquían empresas, cómo montaban maniobras en el mercado financiero y de valores. Por eso creó la Procelac con una resolución en la que realiza un análisis del contexto mundial de los perjuicios que genera y qué consecuencias conlleva la criminalidad económica. Entonces, repensó el rol de los fiscales", explicó el fiscal a unos 80 policías que realizan tareas de investigación criminal en el Área I – La Plata, la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos. "La Procelac obedece a los compromisos internacionales del Estado argentino sobre investigación del lavado de dinero", remarcó.
En ese contexto, Gonella puso de resalto que "las fuerzas de seguridad son parte esencial del trabajo investigativo", aunque también explicó que "son parte del problema". "La criminalidad económica es un fenómeno dinámico que va mutando, buscando espacio para cometer ilícitos. Es difícil de definir. Es un fenómeno denso y amplio. Pero tiene rasgos: hay un grupo de personas, con división de funciones, que permanecen en el tiempo, tienen el objetivo de cometer delitos con finalidad económica, con profesionalización y poder corruptor que alcanza a políticos, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad", precisó Gonella.
"Me ha tocado impulsar causas contra fiscales y policías de Córdoba. Aunque cueste hablar, debemos reconocerlo. Tenemos que asumir que el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad son parte del problema. Si no tenemos conciencia de esto, no podremos dar respuesta", enfatizó.
Al respecto, cuestionó la escasa respuesta del sistema penal frente a estos temas y citó la escasa jurisprudencia en la materia. En ese sentido, marcó la necesidad "de revertir" esta situación y especificó que la actividad de la Procelac está enderezada a esa misión.
Gonella destacó que para la concreción del lavado "hay un contexto delictivo previo", en el que se lleva a cabo -explicó- evasión fiscal, trata de personas y fraudes bancarios, enumeró entre los delitos que más dinero generan. Luego, indicó, viene la etapa "de apariencia legal", en la cual esos activos se intentan insertar en el sistema, fundamentalmente con la participación de profesionales del derecho y de las ciencias económicas.
"La criminalidad económica genera un impacto en todo: en las personas, con el delito de trata; en las arcas públicas, con la evasión", describió.
El fiscal explicó que estas empresas criminales se caracterizan por ingresar en el sistema, con mecanismos sofisticados, el dinero proveniente de actividades ilícitas, mediante operaciones de "lavado". En ese sentido, citó la normativa interna que reprime estas acciones: el artículo 303 del Código Penal, que pena con prisión de tres a diez años y mulda de dos a diez veces el monto de la operación a quien "convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí".
Gonella explicó los alcances de la Procelac y del cargo que desempeña. Indicó que sus funciones, como titular de la Procuraduría, tienen que ver con la coordinación de seis áreas de trabajo operativas: "Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo", "Fraude Económico y Bancario", "Mercado de Capitales", "Delitos Tributarios y Aduaneros", "Delitos contra la Administración Pública" y "Concursos y Quiebras".
Asimismo, refirió que está facultado para colaborar con los fiscales titulares, o intervenir como principal. También, indicó, puede intervenir en allanamientos a solicitud de un magistrado; y puede recibir denuncias. "Nosotros también tenemos una actitud proactiva; la Procelac recibe también las denuncias de la Unidad de Información Financiera (UIF) y establece prioridades de intervención", agregó.
“Aumentar la interacción entre las instituciones”
En la misma mesa que Gonella expuso su colaborador, Omar Orsi, coordinador del Área Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, quien remarcó que “el Estado ha funcionado mal históricamente en el tema del lavado. El Ministerio Público Fiscal y el sistema preventivo, incluidos”.
Didáctico en su exposición, Orsi explicó a los policías que las películas Gomorra y Wall Strett “exponen las dos puntas del lavado”. La primera, dijo, narra el funcionamiento de la mafia en la concreción de actividades ilícitas que reporten gran cantidad de dinero; la otra, añadió, refiere los delitos “de cuello blanco” mediante los cuales se lavan los montos obtenidos de forma ilegal.
“Las conductas que tienen que ver con los entramados económicos son difíciles de investigar. Hay muchos factores que dificultan. Pero la falta de respuesta del sistema tiene que ver con deficiencias de investigación”, evaluó Orsi.
El funcionario describió la bifurcación del Estado en el modo de encarar las investigaciones relacionadas con la criminalidad económica. Explicó que la Unidad de Información Financiera, que denuncia ante la Procelac las irregularidades que descubre en el flujo de dinero de personas físicas o jurídicas, parte de esa detección para luego corroborar el origen ilegal de los fondos; en tanto que las fuerzas de seguridad intervienen ante un ilícito, como trata de personas, para después seguir el curso que ha tenido el dinero obtenido de esa actividad. En ese sentido, remarcó que “todo se previene aumentando la interacción entre las instituciones”.
También puntualizó que “la fuente de origen de los casos que llegan a juicio son prevenciones policiales” y criticó que “el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial estuvieron diseñados para agarrar pequeños casos”. En esa línea, valoró la creación de la Procelac para acompañar a los “fiscales naturales, que tienen además mucho trabajo en diversas materias”. Y le habló directamente a los policías: “si no encuentran debida respuesta en los fiscales, en la Procelac podemos interactuar. Cada uno debe aportar desde su ámbito”.
“Celebramos la creación de la Procelac”
Por su parte, el representante de la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, Leonardo Pérez Candreva, explicó que desde 2009, después de un informe negativo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el gobierno argentino realizó cambios para fortalecer el sistema antilavado. “Tenemos una base de datos de 30 mil sujetos obligados. La cantidad de reportes y de multas creció al infinito”, reveló, y explicó el funcionamiento de la UIF.
Los sujetos obligados son las entidades financieras que tienen el deber de remitir información –en el marco del secreto fiscal- sobre movimientos sospechosos de sus clientes. Esa información se denomina “reporte”. Con esa denuncia, la UIF se encarga de investigar, mediante diferentes bases de datos, si el origen del dinero mencionado en la operación denunciada de una persona física o jurídica procede de actividades lícitas o ilícitas.
Si hay sospechas sobre el origen espurio de los fondos, la UIF realiza la denuncia ante la Procelac, a fin de que se lleve a cabo una investigación penal de las personas o empresas involucradas. “La UIF tiene facultades para requerir información de cualquier persona; la investigará y lo derivará a la Procelac, que luego lo judicializará si lo considera”, indicó Pérez Candreva. En este esquema, dijo, “es relevante la creación de la Procelac, porque nos permite profundizar en cuestiones en las que no se reparaba. Celebramos su creación”.