09 de diciembre de 2022
09 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Fiscalía Federal Nº 10
Imputaron a empresarios de la firma argentina Unetel S.A. por el presunto pago de sobornos en El Salvador
Así lo dictaminó la fiscal federal Paloma Ochoa. Se investiga el posible pago de coimas por parte de la firma argentina a la compañía SIPAGO de la República de El Salvador, en el marco de un proyecto de obras públicas en ese país financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

La titular de la fiscalía federal Nº10, Paloma Ochoa, imputó a los empresarios Jorge Enrique Samperisi, Christian Maximiliano Duva, José Rubén Benolo y Luis Duva, de la firma argentina Unetel S.A., por el presunto pago de sobornos a directivos de la compañía SIPAGO de la República de El Salvador, que tuvo a su cargo el desarrollo de un proyecto de obras públicas en ese país financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La representante del Ministerio Público Fiscal impulsó la acción penal tras la de denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

En su dictamen, la fiscal Ochoa apuntó que los responsables de la empresa argentina Unetel S.A. se comprometieron con las autoridades de la firma SIPAGO, a quien el Ministerio de Transporte de la República de El Salvador delegó el proceso de licitación para contratar a la compañía que cobraría el pasaje electrónico del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) a abonarles un “salario” de US$ 4.500 por mes durante diez años para garantizarse, antes de la adjudicación, información esencial de un proyecto vinculado con la compra de buses y la prestación de un sistema de gestión de flota para el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en ese país.

Consecuentemente, en contraprestación por los pagos indebidos, los titulares de la empresa salvadoreña encargada de la licitación, se obligaron a proporcionarles información relevante del proyecto: asesoramiento de carácter general y particular, intermediación con las autoridades competentes, información sobre las actividades de los competidores del proyecto (PRODATA de Brasil e INDRA de España), entre otros datos.

En el requerimiento de instrucción se hizo hincapié en la multiplicidad de elementos probatorios que darían cuenta de la maniobra denunciada. En particular, con relación a las negociaciones entabladas y las condiciones del acuerdo espurio, se precisó que entre la documentación remitida por la PROCELAC, se encuentra una “Nota” de Unetel S.A. dirigida a Eduardo Mendoza, Rodrigo Contreras Teo y Miguel Ángel Díaz González Castañeda, autoridades de SIPAGO, que dice: “quiero reafirmar enfáticamente tanto en nombre de la empresa como en el mío propio, que vamos a honrar el acuerdo verbal alcanzado en el hotel Intercontinental de El Salvador, durante la reunión que tuvimos conjuntamente con el Ingeniero José Roberto Martínez a fines de mayo de 2011. De acuerdo al mismo, para un parque instalado de 5000 vehículos, nosotros vamos a pagarles en concepto de asesoramiento, U$S 4.500 mensuales (divididos en tres partes iguales) a 10 años, que equivale a U$S 540.000 (dividido en tres partes iguales) total. Eso lo vamos a pagar por medio de un adelanto de U$S 75.000 en dos pagos de U$S 37.500 y el resto a razón de cuotas mensuales e iguales por el término de 7 años. La primera cuota de anticipo será pagada cuando firmemos el acuerdo con SUBES y recibamos el primer anticipo, que pediremos que se haga efectivo en El Salvador, tal como acordamos en ese momento…”.