El fiscal federal Franco Picardi formuló el requerimiento de instrucción e imputó por posible lavado de activos a Néstor Emilio Otero, el principal accionista de TEBA SA, la empresa que se dedica a la administración y explotación comercial de la Terminal de Ómnibus Retiro. De esa forma, el representante del Ministerio Público impulsó la acción penal tras la presentación de una investigación preliminar realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta.

De acuerdo al requerimiento, Otero “habría desplegado una serie de operaciones cuestionadas sirviéndose de las firmas TEBA SA, NUEVA ESTACIÓN ONCE SA, RICOS SABORES SRL, COSAS DULCES SA, TERMINAL DE MAR DEL PLATA SA, HARAS DILU SA, con la presunta connivencia del BANCO SAENZ SA -entidad bancaria a través de la cual operaba”. “El análisis integral de los antecedentes colectados le ha permitido a la Procuraduría especializada suponer la presencia de conductas que podrían hallar su encuadre típico en el delito de lavado de activo de origen delictivo, administración fraudulenta y/o insolvencia procesal fraudulenta o fiscal”, reseñó Picardi.

Embargo y conductas investigadas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que, en agosto de 2014, “Otero habría realizado treinta y nueve transferencias a través del medio electrónico de pagos (MEP) desde su cuenta corriente personal del Banco Sáenz SA, por una suma total de $ 7.480.000 con destino a cuentas de las empresas Terminal Mar del Plata SA -TEBA SA-, Nueva Estación Once SA, Ricos Sabores SA, Haras Dilu SA y Cosas Dulces SA”, todas ellas abiertas en el Banco Macro SA y en las cuales posee participación accionaria.

Entre los documentos acompañados por el BCRA, se encuentra una copia del acta de Directorio N°285 -de 2010- de la firma Teba SA, “por medio de la cual los socios habrían aprobado dejar de operar con las cuentas propias de la empresa” porque “pesaba sobre ellas un embargo preventivo” en el marco del expediente “GCBA contra Teba SA sobre ejecución fiscal”, en el que el gobierno porteño le reclamaba la falta de pago de la tasa de ABL entre 2005 y 2009 por un monto aproximado de 18 millones de pesos. De esa forma, los directores “convinieron comenzar a canalizar la operatoria de dicha sociedad a través de la cuenta particular de Otero”.

Por otra parte, el BCRA le reprochó al Banco Sáenz haber incumplido con normativa en materia de prevención de maniobras de lavado, en cuanto habría permitido que el empresario “canalizara a través de su cuenta corriente particular en la entidad, aquellos fondos correspondientes a la operatoria comercial que era ajena a su actividad y propia de personas jurídicas de las cuales –en la mayoría de los casos- era accionista y presidente”.

Si bien el embargo habría finalizado, para el fiscal Picardi “esta circunstancia no obsta la posibilidad de perjuicio cierta que la maniobra pudo haber generado en cualquier accionista y/o posibles acreedores de Teba SA, quienes, en principio, se verían imposibilitados no sólo de individualizar una cuenta bancaria en la cual se encuentren los fondos de la sociedad y llevar un debido control de su giro comercial, sino también de conocer y distinguir los patrimonios y de obtener, eventualmente, medidas cautelares; tal como podría haber sucedido, por ejemplo, con las partes de aquellos procesos judiciales comerciales que se habrían iniciado luego del año 2010”. Por otra parte, el fiscal no descartó que la finalidad “haya sido intentar otorgar apariencia de licitud a fondos cuyo origen no sea lícito”.

En ese sentido, señaló que el accionar “mínimamente atenta con los controles diagramados para evitar que se propicien maniobras de lavado de activos. En el contexto descripto, la presencia de reportes de operaciones sospechosas -remitidos por el Banco Macro a la Unidad de Información Financiera (UIF)- no resulta menor, pues las maniobras desplegadas atentan contra la transparencia en las operaciones”.

Por esos motivos, el representante del Ministerio Público Fiscal le solicitó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la realización de una quincena de medidas de prueba. Si bien el único imputado en principio es Otero, Picardi aclaró que las constancias de la causa permiten “suponer la participación de terceros vinculadas con las firmas que integran el grupo económico y la entidad financiera que habría propiciado el desarrollo de la maniobra”.