El fiscal general Diego Luciani se opuso al resarcimiento de 10 mil pesos, a cambio de suspender el juicio a prueba, que ofreció una imputada por defraudar en alrededor de 320 mil pesos al Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines.

Luciani, titular de la Fiscalía General N° 1 ante los tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires, dictaminó por el rechazo del pedido de la imputada tras requerir la intervención del Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Milton Khaski.

La asistencia de la Procelac, consistente en el análisis de diversa documentación de contenido patrimonial, permitió sacar a la luz que la mujer contaba con un caudal de bienes sumamente significativo y desproporcionado en relación con la oferta realizada.

La Procelac colaboró en el marco de dos causas en las que se investigan, entre otras cuestiones, defraudaciones al Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines, que le habrían generado al organismo un perjuicio de, aproximadamente, 320 mil pesos.