Ayer por la tarde, comenzó en el auditorio del Banco Nación la primera de las dos jornadas organizadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sobre “criminalidad organizada, lavado de activos y el recupero de activos como estrategia fundamental en la lucha contra la criminalidad económica” de la que participan funcionarios italianos y argentinos, además de magistrados del Ministerio Público Fiscal. La apertura estuvo a cargo del fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, y del fiscal General a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, quien agradeció la participación de funcionarios italianos con gran experiencia en la materia.

Gonella aseguró que “en la investigación de la criminalidad económica, una de las principales preocupaciones es la cuestión patrimonial, que no sólo permite recabar pruebas que para apuntalar la responsabilidad penal de los acusados sino también tiene una importante dimensión en el plano simbólico”.

El fiscal General concluyó que “en menos de dos años de trabajo, la Procelac solicitó 517 medidas cautelares; embargos por 300 millones de pesos; logró embargar o secuestrar 300 automotores; consiguió la inhibición general de 70 bienes, y secuestrar 23 millones en efectivo”.

El jefe de Investigación de la Unidad de Criminología del Departamento de Policía y Seguridad Urbana de la región italiana de Emilia-Romagna, Gian Guido Nobili, destacó la importancia de la incautación de bienes al señalar que “es una demostración de que las mafias no son invencibles, fortalecen la credibilidad de las instituciones, crean un capital social, posibilitan comenzar un proceso de desarrollo económico en un territorio; e interrumpen las relaciones que tienen las organizaciones criminales con personas que pertenecen al “área gris”, como políticos, empresarios y profesionales.

Nobili, abogado y profesor de Sociología Jurídica en la Universidad de Módena y Reggio Emilia ironizó con que “las palabras más conocidas y vinculadas a Italia son 'pizza' y 'mafia' y que el poder que llegaron a tener las organizaciones criminales fue lo que justificó la dureza y rigurosidad de las normativas que en su país se aprobaron en 1991 y 1992 para combatirla". Como ejemplo, recordó la ley Rognoni-La Torre, que posibilita la incautación de bienes; la ley 221. que anula los Consejos Municipales contaminados por la mafia; la 410, que crea la “Direzione Investigativa Antimafia” (DIA), y la ley de encarcelamiento duro, que prácticamente aísla a los jefes mafiosos para impedir que sigan dirigiendo a su organización desde la prisión.

El consultor de la ONU en seguridad explicó además que un cambio muy importante fue que se comenzó a procesar al patrimonio en oposición al proceso a la persona, algo fundamental cuando se lucha contra una organización criminal ya que permite reconstruir el flujo del dinero sucio. Y agregó que la persecución de las riquezas acumuladas en forma ilegal por la mafia es decisiva para derrotarla ya que en ella fundan su poder y la capacidad de control de un territorio determinado, no sólo desde el punto militar, sino también social y político.

Nobili detalló las diferentes formas de incautación que se implementaron en Italia. Las más tradicionales implica que condenar a un imputado, se establece un enlace directo entre lo que se confisca y el crimen por el que se lo sentenció, en los delitos de contrabando, usura, contra la Administración Pública y las acciones mafiosas. También, se refirió a las “incautaciones ampliadas” en las que se afecta el patrimonio del condenado que no puede demostrar la legitimidad del mismo, se invierte la carga de la prueba para poder avanzar sobre todo el patrimonio y no sobre el de un crimen particular. Además, se refirió a los casos en que el decomiso se lleva adelante sin la condena del acusado, cuando hay una prueba menor del delito pero es clara la evidencia del origen ilegítimo del bien decomisado, cuando el delincuente no puede demostrar de qué manera lo adquirió.

El otro panelista fue el agregado en la Embajada de Italia en nuestro país en representación de la Guardia di Finanza, una fuerza de seguridad especializada en la investigación de la criminalidad económica en Italia, coronel Andrea Martinengo, quien explicó al sistema antilavado de su país, el rol de la UIF, de la Guardia di Finanza y el trabajo articulado con los fiscales que se ocupan de este tipo de casos. También, mostró datos estadísticos sobre lavado y destacó que los delitos tributarios constituyen aproximadamente el 60 por ciento de los ilícitos precedentes del lavado de activos.