El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, junto al coordinador y fiscal ad-hoc del Área de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski, denunciaron a autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por su responsabilidad en el presunto desvío de fondos públicos hacia un conglomerado de empresas de su propiedad. En su mayor parte, las maniobras tuvieron como base el Hospital de Clínicas –dependiente de la UBA- desde donde, según se sospecha, fueron direccionados millonarios contratos con proveedores de insumos y medicamentos, que habrían incluido sobreprecios o incluso la entrega de volúmenes inferiores a los acordados.

Los tres principales acusados son José Luis Giusti –ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas-; Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA y titular de la Unión Cívica Radical porteña, y Sergio Gastón Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA, quienes habrían sido asesores de Martín Lousteau, ex candidato por el espacio “Energía Ciudadana Organizada”.

Según la denuncia de la Procelac, las operaciones bajo análisis contribuyeron al “vaciamiento” del Hospital de Clínicas y, simultáneamente, a la obtención de un excedente que, además de enriquecer ilícitamente a sus protagonistas era utilizado para financiar la reciente campaña de Lousteau.

Antecedentes

El 24 de junio pasado, una emisión periodística del canal C5N dio cuenta de posibles hechos de corrupción en el circuito de compras del Hospital de Clínicas “José de San Martín” –que funciona bajo la órbita de la UBA- y de la presunta vinculación entre esas maniobras y el financiamiento de la campaña política del espacio ECO, en ese momento en pleno desarrollo. Inmediatamente, el Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac, coordinada por el fiscal ad-hoc Milton Khaski, dispuso una investigación preliminar para establecer la existencia de algún delito de acción pública. El resultado fue que esas operaciones de la UBA “no resultan ser aisladas, sino que por el contrario, conforman un conjunto de maniobras ilícitas cometidas por funcionarios públicos que desempeñaron distintos cargos estratégicos en esa casa de estudios, y por personas cercanas a ellos”.

 En ambos lados del mostrador

La investigación preliminar de Procelac corroboró que la firma Medipack S.A., constituida por un cuñado del denunciado Sergio Gastón Ricardo, fue proveedora del Hospital de Clínicas al menos desde el 9 de abril de 2009 hasta el 19 de marzo de 2014, a través de 69 contrataciones y por un monto total de $11.229.168. También, se acreditó que American Salud S.A. fue proveedora del mismo hospital, con nueve contrataciones por $872.576.

La investigación puso de relieve los múltiples vínculos existentes entre los tres imputados –José Luis Giusti, Emilio Yacobitti y Sergio Ricardo- con quienes desde 2007 se desempeñaron sucesivamente al frente de la Dirección General de Administración del Hospital de Clínicas, “por lo que podría inferirse que ellos fueron designados estratégicamente en ese cargo” para favorecer sus intereses privados y de su círculo de confianza”.

Dentro del reglamento de la UBA, el secretario de Hacienda y Administración tiene la función clave de autorizar y aprobar todas las contrataciones de hasta $1.000.000, tanto de la Universidad como de los organismos que dependen de ella, como es el caso del Hospital de Clínicas “José de San Martín”. Es así que cobra relevancia la designación de Giusti para desempeñar ese cargo (el 22 de julio de 2009) y luego su reemplazo por Yacobitti, lo cual lejos de parecer casual, habría estado “estratégicamente pensado para beneficiar a sociedades respecto de las cuales se hallaban vinculados, abusando de la competencia que les fue atribuida por el alto cargo jerárquico que detentaron en la UBA”.

El “negocio” de las contrataciones con el Hospital de Clínicas no sería el único que tendrían los imputados al interior de la UBA, ya que también fueron identificados por formar parte –a través de un supuesto testaferro- de una red de consultoras que le facturarían a la Facultad de Ciencias Económicas sin prestar servicio alguno. Según un testimonio, Emiliano Yacobitti se quedaría con el 50% del monto consignado en cada facturación.

Así las cosas, la denuncia de la Procelac concluye que los funcionarios públicos estuvieron “lejos de cumplir con los deberes y pautas de comportamiento ético” que exige la ley, en tanto actuaron “en ambos lados del mostrador”. “En otras palabras, eran los funcionarios competentes con poder de decisión en la adjudicación de las contrataciones y, al mismo tiempo, actuaban como proveedores del Estado a través de empresas vinculadas a ellos”.

Campaña sospechosa

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que existen indicios sobre la utilización de los montos obtenidos a través de las operaciones ilícitas arriba descriptas en el financiamiento de la campaña electoral de ECO. Las sospechas no sólo apuntan a que Giusti, Yacobitti y Ricardo estarían identificados como asesores del por entonces candidato a jefe de Gobierno Martín Lousteau, sino porque también existen vínculos entre ellos y otros aspirantes a legisladores y comuneros porteños por esa misma lista. En este sentido, en los puestos 6 y 9 de la boleta de candidatos a ocupar una banca en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires figuraban Marcelo Alejandro Guouman y Federico Saravia, quienes desempeñaban funciones como subsecretario de Extensión Universitaria y secretario de Bienestar Estudiantil, respectivamente, en el momento en que Giusti, Yacobitti y Ricardo tenían importantes cargos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Hasta existen vínculos familiares, como por ejemplo el de José Luis Giusti y dos candidatos de ECO para la Comuna 15: su hermana María Fernanda Giusti y su sobrino Matías Adrián Ruiz. Se trata de una hipótesis que se alimenta –entre otras circunstancias- por el aporte económico que algunos de los implicados en las maniobras ya efectuaron en la campaña electoral del espacio político UNEN en las elecciones legislativas de 2013.

Asimismo, la investigación preliminar de la Procelac permitió establecer serias incongruencias entre el nivel de vida ostentado por los acusados desde que desempeñaron cargos jerárquicos en la Universidad de Buenos Aires y sus ingresos declarados como funcionarios públicos. En los bienes, se destacan la compra de dos inmuebles en una torre exclusiva en Punta del Este, Uruguay; los viajes efectuados al exterior (en mucho casos a Uruguay y por una exigua cantidad de tiempo) y una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que adquirieron ellos, sus empresas y sus allegados.

Calificación legal

En su denuncia, la Procelac señaló que las conductas atribuidas a los imputados podrían encuadrarse en el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, figura penal que tiene lugar cuando “el funcionario realiza un acto desviado por la prosecución de un interés espurio”. Precisaron que a Giusti y a Yacobitti no sólo debe atribuírseles el período en el cual desempeñaron el cargo de secretario de Hacienda y Administración de la UBA, sino que también fueron partícipes de las maniobras cuando no cumplían ese rol, a través de las personas que interpusieron en las sociedades beneficiadas para que sus nombres no sean detectados fácilmente. Asimismo, en caso de comprobarse la existencia de sobreprecios o falta de entrega del material correspondiente por parte de las proveedoras, también podría quedar configurado fraude en perjuicio de la administración pública. También, advirtieron sobre la posible comisión de peculado, ya que se habrían utilizado fondos públicos suministrados por el Estado nacional a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que luego fueron sustraídos para el pago de consultorías a profesionales que no le prestaron ningún tipo de servicio a esa casa de estudios.

Finalmente, desde la Procelac consideraron que existen todos los elementos que forman parte de la operatoria de lavado de activos, es decir, la existencia de un delito precedente (direccionar contratos para beneficiar a proveedoras de su propiedad); el patrimonio bajo la titularidad de los investigados que no se correspondería con su perfil patrimonial, y la posible intervención de testaferros para la adquisición de bienes.