El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció por presunto lavado de activos a una organización que realizaba secuestros virtuales. La presentación de la procuraduría especializada es un desprendimiento de la causa por la que en octubre pasado fueron condenados siete integrantes de esa banda a penas de entre tres y ocho años de prisión, por maniobras desplegadas entre febrero y mayo de 2014.

Durante la etapa de instrucción, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal n°37 Silvia Ramond había trabado embargo sobre los bienes de los imputados por más de 8,4 millones de pesos, cifra que brinda una dimensión de la estructura delictiva investigada. La Fiscalía de Instrucción n°7, a cargo de Joaquín Rovira,  intervino en esa investigación, en la cual  solicitó oportunamente la extracción y posterior envío de testimonios a la Procelac.

Los doce hechos atribuidos a la organización delineaban un mismo modus operandi: llamadas a las víctimas en horas de la madrugada haciéndoles creer que mantenían secuestrado a un familiar (una persona con voz llorosa se hacía pasar por un ser querido en peligro) para luego exigir el pago de un rescate para su “liberación”. Mientras se desarrolla la estafa, un integrante de la banda se ubicaba en las inmediaciones del domicilio de la víctima para brindar datos específicos del edificio, de tal forma de darle verosimilitud a la maniobra delictiva, y con el objetivo de que el damnificado deje las sumas requeridas en un lugar específico.

Propiedades y autos de lujo

La presentación de la Procelac atribuye a los miembros de la banda haber introducido en el mercado de bienes los fondos provenientes de los secuestros virtuales. De hecho, a partir de las declaraciones testimoniales, surge que para llevar adelante las maniobras los imputados habrían utilizado al menos cuatro bienes inmuebles –tres de ellos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y ocho vehículos –cuatro de ellos de alta gama-, cuya adquisición “no puede explicarse por fuentes lícitas sino a partir de la obtención ilegal de cuantiosas sumas de dinero y/o joyas mediante maniobras de fraude conocidas como ‘secuestros virtuales’”, señaló Gonella. Solamente en uno de los hechos enrostrados, la organización logró hacerse de 470.000 pesos.

Investigación patrimonial y ofrecimiento de colaboración

A los fines de avanzar en la pesquisa, el representante del Ministerio Público Fiscal sugirió una batería de medidas de prueba, entre las que se encuentran el levantamiento del secreto bancario y pedidos de información a distintos organismos de control, al tiempo que solicitó medidas cautelares de tal forma de “evitar que el cumplimiento de una eventual sentencia pueda tornarse ilusorio”. Asimismo, puso a disposición del juez y la fiscalía que finalmente intervengan el asesoramiento técnico y la colaboración de la Procelac, ya que los hechos denunciados forman parte del ámbito de competencia y especialidad de esa procuraduría.

“Se trata de la tercera presentación que realizamos en relación a esta modalidad delictiva -el lavado de activos proveniente de secuestros virtuales- y es fruto del trabajo articulado que venimos realizando con el fuero criminal de instrucción, una estrategia clave a la hora de coordinar esfuerzos contra el crimen organizado”, señaló Gonella.