El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el otorgamiento de permisos a establecimientos para que funcionen como “casa de cambio”, en abierta violación a la legislación vigente, que coloca en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la facultad exclusiva para autorizar la apertura de nuevas entidades financieras o cambiarias.

Sobre un total de 23 comercios inspeccionados por el Banco Central por presuntas violaciones a la Ley Penal Cambiaria, 17 contaban con esa “habilitación” expedida por la Dirección de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, circunstancia que contribuía a “aparentar legitimidad” en la operatoria marginal de cambio ilegal de divisas que allí se desarrollaba. En tanto, los restantes seis establecimientos, si bien no se encontraban habilitados bajo el rubro “Casas de Cambio-Agencias de Seguros”, realizaban actividades de intermediación financiera no autorizada y cambiaria, por lo que también fueron reportados ante el Titular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires. Un dato llamativo: entra estas últimas “cuevas”, una publicita su actividad como dedicada al comercio de golosinas, mientras que otra decía dedicarse a la numismática.

Operaciones sospechosas

El 14 de agosto pasado, el BCRA había realizado una presentación ante la Procelac de la que se desprendía la posible participación de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en delitos de acción pública. En el marco de inspecciones y allanamientos por supuestas infracciones al Régimen Penal Cambiario, la autoridad monetaria había detectado que algunos de los locales contaban con la habilitación de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Ejecutivo porteño, para funcionar como “Casa de Cambio” bajo la nomenclatura 604008, correspondiente al rubro “Casa de Cambio-Agencia de Seguros”.

Tras la presentación del Banco Central, el área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac, a cargo del fiscal ad-hoc Néstor García Paradiso, inició una investigación preliminar que, entre otros aspectos, reveló la existencia de una gran cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a las personas o sociedades a cargo de los locales habilitados por el Gobierno para funcionar como casas de cambio. Por ejemplo, dos comercios ubicados sobre la Avenida Triunvirato 4625/26 contaban con un permiso otorgado el 6 de octubre de 2010. Una de las personas denunciadas se encuentra involucrada en un ROS originado en 2012 por el Banco Santander Río, ya que recibió depósitos en pesos y dólares sobre los cuales no ha sido posible verificar el origen y licitud. Los montos involucrados alcanzan los 523.000 pesos.

Otro de los locales, en este caso ubicado sobre la calle Posadas al 1564 y habilitado en 2011, figuraba a cargo de la sociedad “Agrobkk SRL”. Según la información provista por la UIF, dicha sociedad está vinculada a un ROS del 26 de marzo pasado por un monto total de 5,6 millones de pesos. En otros casos, las personas involucradas contaban con causas abiertas en el fuero Penal Económico por infracciones al Régimen Penal Cambiario e intermediación financiera no autorizada.

Relevancia penal

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, el comportamiento detectado en cuanto al otorgamiento de habilitaciones a diversos comercios para funcionar como “casa de cambio”, pese a no contar con la autorización del Banco Central –único con potestades legales para ello- podría encuadrarse como incumplimiento de los deberes de funcionario público. En concreto, se trataría de la figura prevista por el artículo 248 del Código Penal, que reprime a quien, detentando la calidad de funcionario público, “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

A la hora de fundamentar la posible configuración del delito, la presentación de la Procelac puso de relieve que el otorgamiento de habilitaciones no constituyó un hecho aislado, sino que se transformó en una práctica ejecutada en forma regular –al menos en las 17 oportunidades conocidas- y prolongada en el tiempo –la primera habilitación data del 9 de octubre de 1992 y la última del 10 de agosto de 2012-, por lo que “las sospechas se acrecientan significativamente”.

De hecho, entre la documentación en manos de la Procelac figura un oficio del Banco Central del 27 de enero de 2009, donde insta a la Dirección General de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a tomar las medidas que correspondan, debido a que en un domicilio inspeccionado se encontró un permiso para funcionar como “casa de cambio”, pese a no contar con la autorización del ente de control.

“Resulta innegable a esta altura el conocimiento sobre la situación descripta por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto por las expresas comunicaciones particulares remitidas por el BCRA, como por el estado público y notorio de la problemática en general”, señaló la Procelac en su presentación. Así las cosas, la Procuraduría especializada solicitó que se investigue la posible omisión en el cumplimiento de los deberes pero ya no sólo en la instancia preliminar de otorgamiento del permiso, sino también en relación a la actitud asumida por los funcionarios del Gobierno porteño durante el tiempo ulterior de ejercicio de la actividad.

La presentación de la Procelac, en la que también intervino el área de Delitos Económicos contra la Administración Pública a cargo del fiscal ad-hoc Milton Khaski, deja abierta la posibilidad de que los hechos analizados queden encuadrados en la figura penal del artículo 246, que sanciona “al funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo”, o incluso bajo alguna de las variantes previstas para el delito de encubrimiento (artículo 277 del Código Penal). En otra etapa procesal, deberá evaluarse si la posible comisión de incumplimiento de deberes podría concurrir en forma ideal con la participación en delitos de índole económica o incluso que las conductas bajo análisis confluyan en otros tipos penales más graves: la autoría o complicidad en delitos contra el orden económico y financiero.

Indiferencia deliberada

En el marco de una profundización de las políticas de supervisión en materia financiera y cambiaria, la denuncia de la Procelac indica que haber otorgado para permisos para funcionar como casas de cambio a locales que no contaban con la única autorización correspondiente del Banco Central constituye “una contribución criminal relevante al haber dotado con apariencia de licitud a las actividades delictivas allí cometidas”. Sin embargo, aclara que este proceder no es la única sospecha sobre el accionar irregular de los funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ya que no se “vislumbra una respuesta adecuada” de los mismos “pese a las reiteradas oportunidades en que el Banco Central de la República Argentina comunicó en forma expresa al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la comisión de delitos cambiarios en esa jurisdicción y la amplia difusión pública que hace tiempo se le otorga a la problemática”.