El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, participó del seminario “Justicia fiscal: que las empresas transnacionales paguen lo justo”, organizado por la Federación Sindical Global PSI (Internacional de Servidores Públicos) y su representación local y ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El representante del Ministerio Público Fiscal formó parte del encuentro con la exposición “La lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal: la experiencia de Argentina”, en un auditorio del centro porteño.

Gonella enfatizó en las concepciones de fuga de divisas y criminalidad económica, entendiendo a esta última como a un grupo de personas que actúan con el objetivo de la comisión de delitos graves y la generación de riqueza, con capacidad corruptora y de penetración en las estructuras estatales. En este sentido, el titular de Procelac puso énfasis en la concepción errónea de que la corrupción es un fenómeno exclusivo de la esfera pública, ya que también tiene una cuota privada cuando desde allí se compran voluntades de funcionarios y representantes.

Luego, presentó la investigación llevada a cabo desde la Procuraduría especializada por el lavado de activos realizado por el banco BNP Paribas. A través de una investigación de fraude previsional, se descubrió que en esta entidad financiera funcionaba sin autorización la Oficina de Banca Privada Internacional que operaba en la clandestinidad, sin control del Banco Central. A partir de mecánicas de cooperación internacional con Francia (donde está radicada la casa matriz de esta entidad), y por intermedio de INTERPOL se pudo identificar a cinco altos funcionarios del BNP como responsables de esta maniobra delictiva.

A través de esta oficina, el BNP ofrecía a sus clientes la apertura de cuentas en el exterior con nombres codificados o de fantasía para saltear los sistemas de control de lavado de activos, como también la circulación de esas divisas hacia importantes plazas financieras (los llamados “paraísos fiscales”) en Suiza, Luxemburgo, Bahamas, y el estado de Delaware, en Estados Unidos, etc. Con evidencia de intercambio de mails entre el banco y sus clientes, se pudo comprobar que la entidad infringía las leyes 21.256 (regulación del sistema financiero), 19.359 (de sistema cambiario), y 25.246, de lavado de activos.

Gonella relacionó esta investigación con la salida de Argentina de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras estar sometida a un intenso proceso de monitoreo sobre el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del organismo internacional. El titular de Procelac destacó que debe ser discutida una nueva normativa para que los activos embargados en casos de criminalidad económica sean administrados de manera eficiente, transparente y sean aplicados a una finalidad social de manera clara y perceptible, en definitiva, discutir un paradigma superador del sistema vigente en el cual dichos bienes forman parte del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, el fiscal hizo especial hincapié en la importancia de los/as agentes públicas de todas las reparticiones estatales con cuyo trabajo diariamente defienden la soberanía económica de las naciones.