El coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Mateo Bermejo, sostuvo que “los sujetos obligados son los porteros del mercado y que tienen la responsabilidad de evitar el ingreso de activos provenientes del delito”. Así,el funcionario comenzó su intervención en el segundo encuentro del ciclo sobre Nuevos Enfoques en la Lucha contra la Corrupción y Criminalidad Económica en el que la temática fue “Lavado de activos. Sujetos obligados, su responsabilidad administrativa y judicial”. También, participaron el fiscal Diego Luciani; la directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, Mariana Quevedo; el secretario de la Cámara Federal de Casación Penal, Hernán Blanco, y el presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Zenón Biagosch.

Bermejo agregó que “los sujetos obligados deben cuidar la puerta de entrada de los mercados y que tienen el deber social de no ejecutar la operación y reportarla a la UIF ante la sospecha de que el origen del dinero con que se realiza es ilegal”. Además, señaló que “quién no hace un seguimiento responsable de su cliente nunca podrá hacerlo” y que “los sujetos obligados deben cumplir con su deber con la sociedad civil y no sólo dedicarse al lucro”.

Por otra parte, el representante del MPF, explicó que el objetivo de “lavar el dinero” e ingresarlo al mercado legal es incrementar los beneficios del delito, reducir los riesgos ya que “desvinculan” los activos de las actividades ilícitas, y que por lo tanto el lavado de activos es un estímulo para delinquir porque lo hace más rentable, y expande y aumenta el poder de las organizaciones criminales. Bermejo afirmó que algunos de los desafíos actuales para combatir el lavado de dinero son la coordinación y cooperación internacional y también entre los ministerios públicos provinciales y el federal.

Por su parte, la directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, Mariana Quevedo, informó que desde 2010 el organismo coordina el sistema de prevención de lavado y destacó que en el último plenario del GAFI realizado en octubre se verificó que Argentina cumple con sus 40 recomendaciones.

Quevedo se introdujo en el tema específico del encuentro señalando que “los sujetos obligados son quienes tienen la obligación de colaborar con la UIF y reportar las operaciones que les resultan sospechosas”. Y explicó que hay dos tipos de sujetos obligados; los del sector público, como por ejemplo el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP y el INAES; y los del sector privado como por ejemplo escribanos, contadores, casinos, transportadoras de caudales, tarjetas de crédito y fideicomisos no financieros. Cada reporte se deriva a la “matriz de riesgo” y objetivamente se analiza qué caso será investigado. Quevedo dijo que “según la ley actual el sujeto obligado debe conocer a su cliente y ser un enlace con la UIF”; y que para eso hay herramientas como la capacitación de empleados, y también los datos que debe registrar como por ejemplo motivación del cliente por realizar la operación, nombre y apellido, con quién contrata, cual es el perfil; y si la operación es sospechosa, tiene la obligación de reportarla, o en caso contrario puede recibir una sanción administrativa o penal.

En tanto, el titular de la Fiscalía N°1 ante el Tribunal Oral Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, aseguró que la penalización del lavado es fundamental para atacar las ganancias y para frenar el poder y expansión del crimen organizado. Y advirtió que “la represión del lavado surge cuando ya fracasó la prevención del delito. El representante del Ministerio Público Fiscal dijo que “mediante una ley el Estado adquirió colaboradores que tienen que aportar información a la UIF ante la sospecha de una operación que se aparte de la normalidad; y que el incumplimiento es sancionado, en el caso de nuestro país como en Brasil, como autor de una infracción administrativa, pero que en Suiza, Colombia y Eslovenia la causa es penal.
Por su parte, el secretario de la Cámara Federal de Casación Penal, Hernán Blanco, hizo hincapié en que la relación, establecida mediante una ley, entre sujetos obligados y el Estado, es un método alternativo de investigación en el que se investiga el dinero, el activo ilegal y después el delito que lo originó. Y señaló que prevenir el lavado de activos es propio del Estado pero que a los sujetos obligados se les exige detectar hechos inusuales que despierten sospechas. Por otra parte, Blanco destacó la actuación de la UIF durante los últimos cuatro años, pero dijo que todavía queda por mejorar y pulir la normativa que establece las responsabilidades de los sujetos obligados.

El Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Zenón Biagosch, afirmó que el GAFI nos mantuvo injustamente durante cuatro años en un lugar incómodo; y agrego que promueve este tipo de figuras como la de sujetos obligados, para combatir la evasión impositiva. Y aseguró que “los privados tienen mucho que decir”.