21 de septiembre de 2020
21 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervención de la Fiscalía General N° 1
Mendoza: juzgan a nueve personas acusadas de integrar una “usina” de facturas apócrifas
Están imputadas de asociación ilícita fiscal. De acuerdo con la acusación, emitían facturas a pedido utilizando las cuentas de los clientes de un estudio contable. La maniobra ocasionó un perjuicio al erario público por más de 125 millones de pesos.

Iniciado el 28 de julio, el juicio a nueve integrantes de una “usina” de facturas apócrifas continúa ante el Tribunal Oral Criminal Federal N°1 de Mendoza. Están acusados de haber sido parte de una organización que emitía facturas a través de los clientes de un estudio contable, con lo cual llevaron a cabo un fraude de más de ciento veinticinco millones de pesos en perjuicio al erario público. En la causa interviene la Fiscalía General N° 1, interinamente a cargo de María Gloria André.

La causa se originó a partir de una serie de medidas de urgencia realizadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) luego de notar que un contribuyente de nombre Richardo Ceschín figuraba como proveedor de una firma llamada Marea SRL, con varias irregularidades en su facturación. Para rectificar esta situación, el hombre relató haber acudido al estudio de su contadora, Silvia Gulino Ríos, quien lo “aleccionó” para que le dijera a la AFIP que no la conocía y, en caso de que le preguntasen al respecto, dijera que había realizado algunos trabajos para Marea, una firma cuya existencia desconocía.

Una vez que Ceschín tomó conocimiento de que en las bases de la AFIP figuraba que había facturado electrónicamente a terceros por un monto aproximado a 35 millones de pesos, decidió formular una denuncia penal. Al momento de hacerlo detalló que, hasta 2017, su contador había sido otro hasta que un amigo llamado Daniel Cacciavillani le solicitó sus papeles contables para otorgárselos a Gulino. Ceschín aseguró haber asistido a su estudio no más de tres veces y desconoció las operaciones facturadas electrónicamente con la salvedad de una, y manifestó no conocer su clave fiscal, ya que era utilizada por el estudio de Gulino.

En febrero de 2018, la División Investigación de la AFIP Mendoza recibió una nota relacionada con un procedimiento de auditoría llevado a cabo a la contribuyente Marea SRL por varias inconsistencias de sus proveedores en una lista en la que Ceschín figuraba con otros hombres como Ricardo Ríos, Walter Lobos y Carla Saavedra, entre otros. Así, la administradora fiscal pudo comprobar que tanto los recibos electrónicos de Ceschín como del resto de los contribuyentes fueron realizados desde una misma dirección IP, perteneciente al estudio contable de Gulino.

Están imputados de confeccionar y comercializar facturas apócrifas para generar créditos fiscales y gastos ficticios, a cambio de una comisión del 35 por ciento de la facturación “vendida”.

Como corolario, la AFIP-DGI presentó una denuncia ante un juzgado federal e identificó a Gulino, Caciavillani, Saavedra y Lobos, y solicitó una serie de allanamientos con el objetivo de desbaratar una presunta organización delictiva destinada a la confección y comercialización de facturas apócrifas para generar créditos fiscales y gastos ficticios, a cambio de una comisión del 35 por ciento de la facturación “vendida”. De esta manera, sus clientes disminuían sus saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias, generando así un perjuicio millonario a la recaudación del fisco.

En los allanamientos realizados en los domicilios personales y laborales de los principales acusados se consiguió una cantidad de documentación, tanto en papel como en soporte digital, que permitió confirmar que la organización facturó 276 millones de pesos a través de este sistema, causando un perjuicio tributario de 126.834.028 pesos.

La investigación concluyó que Gulino y Caciavillani eran los jefes de la organización investigada, unidos a su vez por una relación sentimental. La primera, por los conocimientos adquiridos por su profesión de contadora, es quien se habría encargado de lo relativo a la forma y el modo de confeccionar las facturas apócrifas, mientras que el segundo era quien ofertaba el servicio, conseguía los contribuyentes “clientes” y administraba las entregas y cobros por sus prestaciones. Pero además, el grupo contaba también con el aporte de otras personas, como Carla Saavedra, Florencia Morichetti, Romina Molina Gulino, Armando Morón, Carlos Aguirre, Walter Lobos y Sandra Maldonado.

La organización facturó 276 millones de pesos a través de este sistema, causando un perjuicio tributario de 126.834.028 pesos.

Saavedra, Morichetti y Molina, en su carácter de empleadas del estudio de Gulino, tenían una participación activa. Además de brindar y poner a disposición su perfil tributario para generar crédito fiscal espurio, las tres acusadas estaban a cargo de tareas relativas a la confección y comercialización de dicho crédito fiscal mediante la impresión de talonarios,  emisión de facturas de modo manual o electrónico a través de su CUIT o de un tercero, enviar la facturación solicitada y recibir y cobrar cheques por estas tareas.

Dentro de la misma organización, Walter Lobos, sin estar en relación de dependencia con el estudio, habría aportado su perfil fiscal y/o el de sociedades de las que formaba parte o de distintas razones sociales de su titularidad a los mismos fines de engañar al fisco. Por último, Carlos Aguirre, Armando Morón y Sandra Maldonado, todos contadores de profesión, oficiaban de distribuidores intermediarios, propagando los alcances de la actividad ilícita y logrando el crecimiento exponencial de la organización y también encargados de “conquistar”  nuevos mercados.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de los acusados por el delito de asociación ilícita fiscal. Al respecto, se señaló que el perjuicio y la afectación al erario público que produjo su accionar “no puede discutirse ya que el aporte al abultamiento del crédito fiscal de los contribuyentes resulta claro”. En esa misma sintonía, se destacó que “las conductas de cada uno de los miembros de la organización investigada (...) señala la posición que cumplían en la estructura organizada que los unía en el actuar delictivo, cumpliendo cada uno una tarea específica y que les permitía reconocerse entre sí como pertenecientes al grupo”.