A pedido del titular de la Sede Fiscal Descentralizada Rawson, el fiscal federal Fernando Gélvez, el Juzgado Federal N°2 de esa ciudad chubutense dispuso la clausura de la instrucción y la elevación a juicio de la causa en la que el presidente de la empresa constructora a Apicons Elaborados S.A., Carlos Castro Blanco, está acusado de evadir cerca de 9 millones de pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre 2015 y 2017 y a través de facturas apócrifas.

De esta forma, el juez Guillermo Lleral rechazó el planteo de nulidad de la defensa, que invocó la cancelación de la deuda con el fisco, y elevó el caso al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia por considerar al titular de la empresa hormigonera como probable autor del delito de evasión agravada de tributos.

Según el requerimiento fiscal, el empresario evadió $2.126.874,27 por el período fiscal del 2015, $4.309.721,53 por el período 2016 y $2.364.304,52 por el 2017, lo que da un total para ese período de $8.800.569,37. Según Gélvez, la maniobra empleada consistió en la utilización de facturas apócrifas, consignando datos falsos en sus declaraciones juradas para ocultar su verdadera situación.

Asimismo, la fiscalía indicó que, al momento de los hechos, el imputado ocupaba la presidencia de Apicons, que actuó en representación de aquella sociedad y que tuvo la oportunidad de saldar debidamente las obligaciones fiscales determinadas por el fisco, y no lo hizo. En ese sentido, señaló que todas las maniobras delictivas fueron atribuidas al imputado, es decir, a la persona humana.

Con respecto a la prueba en la que el representante del Ministerio Público Fiscal fundó su requerimiento acusatorio, se destaca la denuncia inicial efectuada por la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)-, la respuesta de la Inspección General de Justicia de la Provincia del Chubut, el oficio de respuesta de la ARCA por el que se da cuenta que la empresa no se acogió a ningún Plan de Facilidades de Pago respecto de los períodos denunciados y el informe final del peritaje realizada por una contadora pública.

Las maniobras delictivas

Entre las maniobras delictivas que se le endilgan al acusado, la fiscalía señaló la emisión irracional e injustificada de notas de crédito tendiente a anular el monto de la operación para procurar el cobro, ya sea por operaciones que fueron perfeccionadas por las partes -es decir, que se ejecutaron las obras y/o servicios pactados- como aquellos casos que no han sido abonados.

Aquellas circunstancias fueron detalladas por la Administración de Vialidad Provincial cuando informó a la ARCA que no recibieron las notas de crédito emitidas por la empresa, ya que las operaciones fueron realizadas y pagadas.

Lo mismo ocurrió con una nota de crédito del 30 de marzo del 2016 a la Municipalidad de Trelew, referida a una obra de pavimentación de calle, respecto de la cual la exAFIP circularizó al municipio y el mismo respondió que el concepto había sido abonado el 6 de abril de ese año mediante transferencia bancaria al Banco de Chubut. Ello evidenció que se trató de una operación consumada entre las partes y que no resultaba procedente la emisión de la nota de crédito.

El otro movimiento delictivo se realizaba a través de la utilización de facturas apócrifas, que resultaron impugnadas por el fisco, de los comprobantes emitidos por la firma Apimir Construcciones Ganaderas y Comerciales S.A., cuyo presidente era el propio Castro Blanco, proveedor que había sido incluido en la Base eApoc (que identifica a contribuyentes que utilizan facturas apócrifas) por no poseer capacidad económica, circunstancia que la empresa Apicons no podía desconocer.

También se lo acusa de computar crédito por facturas emitidas a otras firmas y no a Apicons. En relación al proveedor Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., se detectaron 14 facturas incluidas en la declaración jurada, que no fueron emitidas a Apicons sino a otros contribuyentes. En ese sentido, otros proveedores tampoco reconocieron facturas computadas por la empresa, deduciéndose que esos instrumentos fueron manipulados por Apicons para computarse crédito inexistente.

Por último, otra de las operaciones era el cómputo de facturas de proveedores por actividades no vinculadas con operaciones gravadas. En ese caso, la fiscalía menciona el caso de una empresa que le responde a la exAFIP que el servicio facturado fue un trasporte terrestre no vinculado a la actividad de la firma Apicons y otro comprobante emitido por otra empresa que responde a servicios turísticos prestados en el exterior.