El Tribunal Oral Federal n°2 resolvió rechazar la suspensión del juicio a prueba de una mujer acusada de defraudar en  318.428 pesos a afiliados del Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines. De esta manera, la imputada -que había pedido la suspensión a cambio de pagar un resarcimiento de 10 mil pesos- será juzgada en el marco de un debate oral y público.

El fiscal general Diego Luciani se había opuesto al resarcimiento que ofreció la imputada invocando no sólo su disconformidad con la reparación ofrecida sino también basándose en distintas pautas a considerar al momento de dictaminar sobre la concesión o no del instituto de la suspensión del juicio a prueba.

El titular de la Fiscalía General N° 1 ante los tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires estimó que debía llevarse a cabo la realización del juicio oral y público ya que el "apartamiento de la acusada del proceso podría debilitar la acusación de sus consortes de causa como así también la prueba".

El representante del Ministerio Público había solicitado para evaluar el caso la colaboración y asistencia del Área de Delitos contra la Administración Pública de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que comprobó una significativa desproporción entre el caudal de bienes de la imputada y la oferta realizada.

Finalmente el Tribunal aceptó favorablemente el dictamen del fiscal, estimando que el mismo se adecuaba a los lineamientos de política criminal sentados sobre la materia por la Procuración General de la Nación, por lo que se realizará juicio oral y público a la imputada