El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, citó a prestar declaración indagatoria por presuntas maniobras fraudulentas a 14 personas, actuales directivos y exdirectivos de la empresa agroexportadora Vicentín y a la propia firma, como persona jurídica. Los imputados deberán responder en orden al delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, pues se los acusa de haber presentado facturas apócrifas para acceder indebidamente a reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las indagatorias comenzarán el 1° de noviembre y se extenderán hasta el 20 de diciembre.

La investigación de la causa se encuentra a cargo del titular de la Fiscalía Federal de Reconquista, Roberto Salum, quien les imputó la presentación de facturas apócrifas entre el 2016 y 2018 que generaron un perjuicio al Estado de al menos 140 millones de pesos en la recaudación del IVA, con el siguiente detalle: $ 84.672.402,38 en 2016; $ 44.466.746,54 en 2017; y $ 11.464.326,29, en 2018. La fiscalía cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) -a cargo de Diego Velasco y María Laura Roteta- que participó en el análisis técnico y la confección del dictamen.

La causa se originó a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que detectó 54 proveedores apócrifos entre los emisores de los comprobantes presentados por Vicentín.

Según el representante del MPF, en la investigación se han comprobado irregularidades tales como la inexistencia de Clave Única de Identificación Tributaria en los emisores de las facturas y de personas incluidas en la base de facturas apócrifas de la AFIP incluso antes de la fecha en la que contrataron falsamente con la empresa.

Además, se detectaron casos en los que los supuestos proveedores no denotaban actividad real; no tenían capacidad económica ni financiera; no justificaban el origen de los granos; no se lograba su localización o bien en los domicilios de acopio no se verificaba actividad alguna; o tenían nulo o escaso personal declarado o sin relación con la actividad.

En el dictamen, el fiscal hizo mención a otra causa que tramita en el fuero provincial, en la ciudad de Rosario, en la que el fiscal Miguel Moreno imputó a la totalidad del directorio por estafas y balances falsos, incluyendo a la sindicatura societaria.

“Está claro que lo que necesitó la empresa para perfeccionar la maniobra que comenzó al momento mismo de la operación comercial lo aportó en una gran cantidad de casos un contador público vinculado a Vicentín SAIC y gran parte de su grupo económico, ello se advierte en los informes que la denunciada adjuntó cada vez que pretendía los reintegros impugnados”, aseguró el fiscal Salum en el dictamen por el cual solicitó el llamado a indagatoria de las 14 personas imputadas.

“La empresa basó las solicitudes de reintegro en facturas apócrifas y luego, mediante el dictamen del supuesto ‘contador independiente’, perfeccionó la maniobra para obtener entonces una disposición de dinero por parte del Estado en su favor”, agregó.