La sala B de la Cámara Federal de Rosario confirmó por unanimidad el procesamiento del titular del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad, Gastón Alberto Salmain, como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en el marco de una causa donde fue imputado por manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

En la resolución se dispuso la prisión preventiva domiciliaria con vigilancia electrónica de Salmain, pero se aclara que no podrá hacerse efectiva debido a la inmunidad de arresto de la que goza el imputado por su función de juez federal. El tribunal además resolvió mantener la prohibición de salida del país impuesta al magistrado, y redujo de 200 mil dólares a 10 millones de pesos el monto del embargo preventivo sobre sus bienes. La causa continuará su curso hacia la etapa de juicio, donde se realizará el examen definitivo sobre la responsabilidad penal del imputado.

La decisión fue firmada por el juez Aníbal Pineda y las juezas Elida Vidal y Silvina Andalaf Casiello el 27 de marzo pasado y avaló lo resuelto en diciembre por el Juzgado Federal N°4 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros.

El juez de primera instancia había resuelto el procesamiento de Salmain en el marco de una investigación compleja impulsada por los fiscales federales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, y el fiscal Juan Argibay Molina, de la PROCELAC Rosario; el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y el auxiliar fiscal de esa misma oficina, Esteban Venditti.

La investigación se centró en la manipulación de un expediente judicial radicado en el juzgado a cargo de Salmain entre septiembre de 2023 y abril de 2024. De acuerdo con la investigación, el magistrado habría acordado con terceros el dictado de una medida cautelar a favor de la firma “Attila Fideicomisos SRL” para autorizar la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, bajo el supuesto fin de cancelar deudas externas.

El tribunal revisor confirmó que existen indicios concordantes sobre la existencia de ese hecho. Entre ellos, destacó la declaración del imputado colaborador del financista Fernando Whpei, quien detalló reuniones previas con el magistrado en su despacho oficial para verificar la viabilidad técnica del recurso antes de su presentación formal. Esta versión fue contrastada con registros de geolocalización e impactos de antenas telefónicas que sitúan a los involucrados en las sedes y horarios referidos.

La resolución de la Cámara puso énfasis en las irregularidades del proceso civil tramitado ante Salmain y puso de relieve que el juez imputado hizo lugar a la medida cautelar a pesar de ser manifiestamente incompetente por razón de territorio y de haber sido advertido de tal circunstancia por el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, observó que la medida cautelar fue otorgada bajo caución juratoria, omitiendo las exigencias de caución real o personal que establece la ley para montos de tal magnitud.

Confirmación del procesamiento del escribano

En la misma resolución, el tribunal revisor ratificó el procesamiento del escribano Santiago Busaniche, quien fue señalado como partícipe secundario en el delito de cohecho pasivo agravado. La defensa había apelado la resolución de primera instancia cuestionando la nulidad del acuerdo de colaboración del imputado Whpei, al alegar falta de pruebas sobre su intervención operativa en los hechos.

Sin embargo, el tribunal rechazó los planteos de nulidad al considerar que no se acreditó un perjuicio real a las garantías de defensa y que existen elementos de prueba autónomos que corroboran la hipótesis delictiva.

Entre estos elementos, el camarista y las camaristas destacaron los registros de comunicaciones y la coincidencia geográfica de antenas de telefonía celular, que situaron a Busaniche en reuniones con el juez Salmain y con el imputado colaborador en fechas clave para la negociación de la medida cautelar irregular.

El tribunal confirmó además la prohibición de salida del país impuesta a Busaniche. Fundó la medida en la gravedad del ilícito investigado y en la disponibilidad de medios económicos que podrían facilitar un riesgo procesal. Finalmente, la Cámara dispuso modificar el monto del embargo preventivo sobre sus bienes y lo fijo -al igual que en el caso de Salmain- en la suma de 10 millones de pesos para garantizar la eventual pena pecuniaria y las costas del proceso.

Recorrido

El 24 de noviembre pasado el fiscal Javier Arzubi Calvo, a cargo del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario y con funciones de coordinador de la Fiscalía de Distrito Rosario, formuló requerimiento de instrucción para que se investigue la conducta de “Atilla Fideicomisos SRL”.

De acuerdo con la descripción de los hechos, la firma había tramitado ante el Juzgado Federal N°1 una demanda declarativa de inconstitucionalidad para que se la autorizara a acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para obtener 10 millones de dólares a través de REBA Compañía Financiera SA, con la supuesta finalidad de cancelar una deuda contraída en el exterior con la firma “DB ACF Netherlands BV”.

El fiscal refirió que “Attila Fideicomisos SRL” no había indicado el monto total de la deuda, ni aportado los supuestos pedidos que REBA habría realizado ante el BCRA. Precisó que desde el 14 de diciembre de 2023 al 19 de febrero de 2024 se depositaron en la cuenta del fideicomiso los pesos necesarios para comprar la totalidad de los dólares que oportunamente se habían solicitado, que fueron adquiridos a valor oficial promedio de $873,50, de acuerdo a lo autorizado en la causa a través de la medida cautelar ordenada por Salmain.

Tras el impulso de la acción penal, la investigación fue delegada en el Ministerio Publico Fiscal (MPF) y, a raíz de la profundización de la pesquisa, la fiscalía recibió declaración en términos de la ley 27.304 (del arrepentido) a Whpei, quien describió la maniobra y señaló que resultaba “irregular desde el principio”, y que habrían participado Salmain y Busaniche.