El juez a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, Aurelio Cuello Murua, dispuso el procesamiento por lavado de activos de cuatro integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y dictó su embargo por 20 millones de pesos, en sintonía con lo solicitado por el fiscal Walter Rodríguez.

La causa en la que se dictó la medida se desprende de una investigación principal en la que tres de los cuatro acusados fueron elevados a juicio imputados de ser parte de una organización dedicada al narcotráfico, luego que fueran detenidos en junio de 2021 tras una serie de allanamientos en los que se encontró en una cochera una camioneta BMW, en cuyo interior se almacenaba  un cargamento de 392 kilos de cocaína.

En función de ese hallazgo, dos hombres -GDN y SOR- y dos mujeres -JVG y JMV, la segunda de ellas, contadora- fueron citadas a prestar declaración indagatoria por el delito de lavado de activos, agravado por la habitualidad en dos imputados y una imputada, y por haber actuado en ejercicio de la profesión que requiere habilitación especial, en el caso de la contadora.

Durante los allanamientos realizados como parte esa investigación, se halló más de una cuarentena de vehículos. De acuerdo a lo planteado por el representante del Ministerio Público Fiscal, los acusados pusieron en circulación entre 2017 y 2021 activos provenientes del tráfico de estupefacientes en la modalidad de conversión y disimulación a partir de la compra de 30 vehículos, entre los que se encuentran 15 automóviles, 6 motocicletas, 4 cuatriciclos, 2 camiones y 4 semirremolques. Esta imputación constituye un segundo tramo de otra causa en la cual la fiscalía promovió el enjuiciamiento oral y público de los imputados por el mismo delito, en virtud de la puesta en circulación de activos provenientes del narcotráfico mediante la adquisición de otros 31 vehículos y 3 inmuebles.

El fiscal señaló que, al mismo tiempo, GDN, SOR y JVG llevaron a cabo acciones deliberadas para poner en circulación dinero lícito mediante la administración de vehículos de carga con la intención de darles apariencia lícita. Así, adquirieron camiones, tractores y semirremolques para canalizar los ingresos provenientes de las actividades de tráfico de estupefacientes. Por su parte, Viglione brindó asesoramiento profesional técnico contable para llevar a cabo la puesta en circulación de activos mediante la administración de estos vehículos.

De acuerdo al juzgado federal, se puede concluir que GDN, SOR y JVG "tuvieron conocimiento de que el dinero utilizado para adquisición de bienes provendría de la venta de material estupefaciente, dado que ellos mismos se encuentran involucrados en la actividad generadora de recursos ilícitos”, por lo que indicó que la actividad desarrollada por los acusados se enmarca dentro de un “autolavado” para convertir el dinero de fuente ilícita a través de su intercambio por bienes registrables y disimulando su verdadera condición de propietarios.

En el caso de GDN y JVG destacó además que pusieron en circulación dinero ilícito mediante la administración de los vehículos de carga que habían sido adquiridos con activos provenientes de las actividades de tráfico de estupefacientes que desplegaron, con la consecuencia posible de que este adquiera apariencia lícita. Por último, en el caso de la contadora JMV consideró probable que conocía el origen de los fondos del dinero utilizado por Núñez y Galligani y que “tuvo una responsabilidad muy importante en su asesoramiento técnico contable, sin la cual los hechos no hubiesen ocurrido en la forma que ocurrieron, y ello fue el resultado de un involucramiento personal en las maniobras ilícitas desarrolladas”.