03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La denuncia está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9
Solicitan investigar a los hermanos Cirigliano por lavado de activos
Fue por medio de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Busca esclarecer si los empresarios realizaron maniobras para lavar más de seis millones de dólares. La investigación se basa en los Reportes de Operaciones Sospechosas de la Unidad de Información Financiera.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) emitió un dictamen donde solicita iniciar una investigación que permita comprobar si Sergio y Mario Cirigliano realizaron maniobras de lavado de dinero. El documento se basa en las investigaciones administrativas y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de la Unidad de Información Financiera (UIF). La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº9, a cargo de Luis Rodríguez.

En los reporte de la UIF se da cuenta de una serie de negocios jurídicos, cuanto menos sospechados de ser fraudulentos, desarrollados por un grupo de personas físicas y jurídicas vinculadas a la firma “Trenes de Buenos Aires S.A.” y a  los hermanos Cirigliano.

Cabe recordar que ante el Juzgado Nacional Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 se encuentra una causa que investiga al conjunto de irregularidades que pudieron haberse verificado en la entrega de subsidios por parte del Estado Nacional a las empresas concesionarias de los servicios públicos, más precisamente a la firma Trenes de Buenos Aires S.A

La hipótesis de la UIF es determinar si mediante la simulación de la compraventa del paquete accionario de diversas empresas "se logró inyectar en el sistema financiero activos originados como producto de las maniobras defraudatorias pesquisadas" en la causa que lleva adelante el juzgado, y por las cuales se requirió la elevación a juicio de los Cirigliano.

El dictamen de la Procelac

En el documento realizado por la Procuraduría se explica que el grupo económico a cargo de los Cirigliano estaba conformado por distintas empresas y su principal ingreso provenía de los subsidios que el Estado Nacional extendía a las empresas de transporte público.

Se presume, en base a los ROS y al análisis de los documentos, que los hermanos Cirigliano habrían desviado "activos generados por la comisión de un delito que luego fueron reinsertados en otras compañías pertenecientes al mismo grupo empresario". Esto se habría realizado mediante la simulación de compra y venta de acciones por medio de "prestanombres" que no reunían el perfil patrimonial suficiente.

En el dictamen se describen las maniobras por las cuales el Grupo Plaza de Inversión SA (GPISA) se hizo cargo de parte del paquete accionario del grupo de empresas denominado "Larga Distancia" (conformado por las empresas Sita SRL, Plus Ultra SRL y Empresa Dumas SRL).

Esa compra-venta puede fraccionarse en dos momentos: el primero corresponde a la adquisición (en septiembre de 2006) de "Larga Distancia" por parte de Jorge Álvarez y Carlos Alberto Lluch a sus dueños originarios Jorge Lago y Verónica Urmenyi, quienes detentaban la tenencia del 90% y el 10% del total de las acciones, respectivamente.

Cabe destacar que ni Álvarez ni Lluch contaban con recursos suficientes para afrontar la operatoria en cuestión, tal como señalaron las autoridades del Banco Central de la República Argentina. Ninguno contaba con "un perfil patrimonial apto que les permitiese actuar en el mercado de curso legal de la manera en que lo hicieron; siendo además que ninguno declaró ante la AFIP tener participación societaria ni deudas contraídas con sus vendedores".

Estos datos, junto con otras informaciones plasmadas en el expediente, autorizaron a inferir que habrían procedido por mandato de otras personas, en este caso, por orden de los hermanos Cirigliano.

Cuando Lago (ex propietario de Larga Distancia) tuvo que dar explicaciones de lo ocurrido manifestó que Lluch y Álvarez actuaron en representación del "Grupo Plaza" y que la negociación fue llevada a cabo por Sergio Cirigliano. Por su parte, los compradores de Larga Distancia aclararon que eran asesores de los Cirigliano y que desarrollaban tareas profesionales por las cuales percibían honorarios.

El otro momento es el relativo al inmediato traspaso de esas acciones a las sociedades “GPISA” (65% de la participación accionaria) y Transporte Automotor Plaza SA-TAPSA”- (35% restante), durante el mes de enero del año 2007. En representación de la primera sociedad actuaron, en carácter de Presidente y Vicepresidente, Mario Alberto Cirigliano y Sergio Claudio Cirigliano.

En el dictamen se hace hincapié en que, en tan sólo cuatros meses -de septiembre/2006 a enero/2007-, el valor de las sociedades se incrementó de U$S 31.922.290 -precio ya sobrevaluado- a U$S 37.922.290, es decir, "una diferencia exorbitante de U$S 6.000.000 que, según el análisis contable de los balances, no respondió ni al 'valor llave' de la operación, ni tampoco a una proyección favorable de utilidades futuras que podrían arrojar las compañías en cuestión".

Una de las conclusiones a las que llega el dictamen es que, según lo expuesto, se denota elocuentemente "la puesta en marcha de una ingeniería financiera criminal que brindó soporte legal y contable para que empresas pertenecientes a un mismo grupo de personas generasen deudas y créditos entre sí".

En concreto, el informe de la Procelac expresa que, por medio de las premisas enunciadas, se revela que Mario y Sergio Cirigliano -escudados en la representación de Lluch y Álvarez- serían "adquirientes 'indirectos' de 'Larga Distancia', directivos de la firma compradora 'GPISA' y, en último término, accionistas/directivos de su empresa controlante (Gpi División Internacional)".

Agrega, además, que puede presumirse que el dinero obtenido como producto de la gestión fraudulenta (que se investiga en otra causa) haya sido destinado a la adquisición del paquete accionario de “Larga Distancia”, o más aún, "que ese dinero haya sido camuflado y/o mezclado con otros fondos de procedencia lícita y traducido en la sobrevaluación de las acciones para así poder ingresarlo en el sistema financiero, o mismo haberse inyectado en el incremento del precio en U$S 6.000.000 que se dispuso mediante adenda del contrato principal".

Finalmente, la Procelac libró oficio a la  Fiscalía General Nº 4 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, a cargo de Fernando Arrigo, acompañando copia certificada del dictamen, que es quien lleva adelante el debate oral por la "tragedia de Once". También remitió las actuaciones a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.