22 de junio de 2024
22 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El caso se originó en la Dirección de acceso a la justicia
Tras una presentación de ATAJO, PROCELAC denunció la quiebra fraudulenta de una empresa aceitera
Las irregularidades en el proceso de quiebra perjudicaron a los trabajadores, que conformaron una cooperativa para garantizar la continuidad laboral. Según la denuncia, la compañía fallida era parte de un grupo de empresas que intervinieron en el fraude. La maniobra consistía en endeudar a la empresa con mayor cantidad de trabajadores, para luego vaciarla y quedarse con la segunda empresa, que no registraba deuda alguna.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), actualmente a cargo de Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, denunció por quiebra fraudulenta a los titulares de la empresa Agroindustrias Madero S.A., tras los reclamos que los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Aceitera La Matanza Limitada, hicieron ante la Dirección general de Acceso a la Justicia del MPF. La denuncia quedó registrada bajo el número 63131/2016 y fue asignada al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 4, que la delegó en la Fiscalía Nº 25 del mismo fuero.

La denuncia se originó en la presentación que la coordinadora de asuntos jurídicos de ATAJO, Katia Troncoso Muñoz, presentó ante la PROCELAC, que contiene las declaraciones de tres integrantes de la Cooperativa de Trabajo. La intervención de la Dirección general de Acceso a la Justicia se dio en el marco del acuerdo suscripto en el mes de junio pasado entre la Procuración general de la Nación y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Economía Popular.

Según los testimonios, el fraude consistía en endeudar a Agroindustrias Madero S.A., que tenía la mayor cantidad de trabajadores registrados, para luego vaciarla, y quedarse únicamente con una segunda empresa del mismo grupo comercial, que no registraba deuda alguna.

La cooperativa fue constituida por ex empleados de la empresa denunciada, que el 15 de julio pasado fue declarada en quiebra por el titular del Juzgado Comercial Nº 22, Secretaría 44, tras el fracaso del concurso preventivo. Entonces, la empresa contaba con 126 trabajadores en relación de dependencia.

Los denunciantes señalaron que una vez decretada la quiebra los trabajadores fueron declarados depositarios judiciales de los bienes de la empresa. En virtud de ellos, los trabajadores se presentaron en el expediente como cooperativistas y solicitaron la continuidad laboral.

Pero los trabajadores observaron varias irregularidades. Una de ellas, vinculada con el predio donde funcionaba Agroindustrias Madero, que era propiedad de otra empresa, Molino Navarro S.A., que lo arrendaba a Agroindustrias que a su vez subalquilaba en parte a una tercera empresa, Biomadero S.A. Los trabajadores afirmaron que las tres sociedades “son del mismo dueño”. En su presentación el fiscal Pérez Barberá solicitó que se profundice la investigación porque “podrían encontrarse comprometidos los derechos fundamentales de los trabajadores”, quienes manifestaron que aún subsisten conflictos entre los obreros y las empresas involucradas en la explotación económica del inmueble en cuestión.

La maniobra consistiría en endeudar a Agroindustrias Madero S.A., que tenía la mayor cantidad de trabajadores registrados, para luego vaciarla, y quedarse únicamente con Biomadero, que no registraba deuda alguna. Biomadero fue creada en 2010, en la misma época que fue iniciado el concurso de Agroindustrias.

Según los denunciantes, al comienzo del proceso concursal la firma contaba con un pasivo de $ 80.000.000, suma que luego se quintuplicó, “por lo que era evidente que el concurso fracasaría”.

Al momento de la presentación ante ATAJO, los trabajadores agregaron que llevaban varios meses sin cobrar sus salarios, ni indemnizaciones, y que si bien les retenían los debidos aportes previsionales, éstos no eran ingresados posteriormente al fisco.

Los denunciantes aportaron información comercial sobre las sociedades aludidas, de la que se desprende que las empresas compartían entre sí a las autoridades. En la denuncia presentada ante la Justicia en lo criminal de instrucción, los fiscales a cargo de la PROCELAC solicitaron diez medidas de prueba, al tiempo que indicaron que “correspondería investigar sobre la posible configuración del delito de evasión previsional (arts. 6, 7 y 9 de la ley Nº 24769)”.