En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) del Ministerio Público Fiscal, junto con la Fiscalía Nacional Electoral y la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, publicaron la actualización —marzo 2026— del e-book “Perspectiva de género en las sentencias judiciales. Derechos electorales de las mujeres”, una compilación de jurisprudencia relevante en materia de participación política y derechos electorales de las mujeres.

El trabajo sistematiza jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Nacional Electoral, juzgados federales con competencia electoral y de los Superiores Tribunales de Justicia y juzgados provinciales.

La publicación, cuya primera versión fue difundida el año pasado, reúne fallos desde 2013 hasta 2025 y organiza los precedentes en cinco ejes temáticos: “Mujeres en la integración de listas y órganos partidarios”; “Reemplazos”; “Identidad de género - Trato digno”; “Violencia política y violencia digital contra las mujeres (Leyes N°25.533 y N°27.736)” y “Mujeres imputadas en delitos electorales”.

Principales actualizaciones

La edición 2026 incorpora y reorganiza contenidos a partir de modificaciones normativas y nuevos pronunciamientos judiciales:

• Paridad de género y decreto reglamentario 171/2019: se actualizó el apartado referido a las cuestiones sobre la aplicabilidad de la Ley 27.412, incluyendo nuevos criterios jurisprudenciales sobre su alcance y la interpretación del decreto reglamentario.

• Reemplazos de bancas con perspectiva de paridad: se sumaron decisiones recientes de la Cámara Nacional Electoral dictadas en 2024 y 2025 vinculadas a la sustitución de candidaturas y bancas legislativas, que profundizan el análisis sobre la aplicación del principio de alternancia y la sustitución por persona del mismo género.

• Violencia política y digital contra las mujeres: el compendio actualiza el capítulo dedicado a la incorporación de los tipos y modalidades previstos en las Leyes 27.533 y 27.736 (conocida como “Ley Olimpia”) a la Ley 26.485, y agrega fallos que examinan su aplicación en el ámbito electoral.

• Valoración probatoria en delitos electorales: se incorporaron nuevos precedentes en los que se analizó la situación de mujeres imputadas en infracciones electorales, con especial atención al contexto de género y a la aplicación de estándares diferenciados en la apreciación de la prueba.

Asimismo, actualiza referencias, agrega enlaces a resoluciones y dictámenes del Ministerio Público Fiscal en primera instancia y ante la Cámara Nacional Electoral y amplía el desarrollo de antecedentes vinculados a la evolución normativa en materia de derechos políticos de las mujeres, desde la Ley N°24.012 de Cupo Femenino hasta la Ley N°27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política.

Una herramienta para el fuero electoral

La DGPG, a cargo de Romina Pzellinsky, tiene entre sus funciones brindar asesoramiento y asistencia técnica a las fiscalías y otras áreas del organismo para transversalizar la perspectiva de género en el ejercicio de sus competencias. En ese marco, la sistematización y difusión de jurisprudencia especializada constituye una herramienta central para fortalecer la intervención del Ministerio Público Fiscal en el ámbito electoral.

La Fiscalía Nacional Electoral —cuyo titular es el fiscal Ramiro González— actúa como fiscalía de primera instancia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de la Capital Federal y, a la vez, como representante del MPF ante la Cámara Nacional Electoral y ejerce funciones respecto de las fiscalías electorales del interior del país. Por su parte, la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata —a cargo de la fiscal María Laura Roteta—, tiene competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires, que representa aproximadamente el 37% del padrón electoral del país.

Desde la DGPG y las fiscalías intervinientes destacaron que la actualización del e-book busca contribuir a la labor de las operadoras y operadores del fuero electoral y reforzar el compromiso institucional con la igualdad real de oportunidades, la representación paritaria y la prevención de la violencia política y digital contra las mujeres en el ámbito de la participación democrática.