Tras la intervención de la Fiscalía Nacional Electoral, a cargo del fiscal federal Ramiro González, la jueza federal con competencia electoral del distrito, Maria Servini, homologó en las últimas semanas dos acuerdos por reparaciones integrales que alcanzaron los 20 millones de pesos. Se trata de dos casos que involucraron infracciones a la ley de financiamiento de partidos políticos.

En el primero de ellos se investigó la falta de informes tras las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de 2023 de la agrupación Republicanos Unidos, correspondiente al distrito Capital Federal, específicamente en lo referido a las categorías de Parlamentarios del Mercosur Regional y Diputados Nacionales. Luego de un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, el tesorero del partido ofreció 15 millones de pesos como reparación integral del daño, lo que fue homologado por la magistrada.

Por su parte, la segunda de las investigaciones tenía como objetivo verificar las irregularidades del balance anual correspondiente al período 2022 del partido Política Obrera Capital Federal. En esa causa, también se llegó a un acuerdo entre la Fiscalía Nacional Electoral y las defensas del presidente y tesorero del partido, que ofrecieron dos millones y medio de pesos por cada uno de los responsables. Luego de la conformidad fiscal, la jueza electoral también hizo lugar al acuerdo de reparación integral y ordenó el pago.

La fiscalía recordó que la Ley 26.215 de Financiamiento de Partidos Políticos estipula en el artículo 63, inciso b, que tanto el presidente como el tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financieros de campaña podrán ser inhabilitados de 6 meses a 10 años para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales en caso de que no pudieran acreditarse debidamente “el origen y/o destino de los fondos recibidos”.

En ambos casos, una vez formulada la acusación por parte de Ramiro González, en el marco de la audiencia de juicio del procedimiento de aplicación de sanciones electorales, las defensas propusieron una reparación integral del perjuicio de carácter económico. Las propuestas contó con el acuerdo del representante del MPF.

Además, la Fiscalía Nacional Electoral propuso que el dinero ofrecido sea destinado al Fondo Partidario Permanente administrado por la Dirección Nacional Electoral, planteo con el que coincidió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, que ordenó que los 20 millones de pesos sean depositados en la cuenta correspondiente.

En las resoluciones, destacó que el fondo al que se destinarán los 20 millones de pesos “contribuye al normal funcionamiento institucional de los partidos políticos, a la capacitación y formación política y a financiar parte de las campañas electorales generales", lo que permite "reducir los gastos públicos dedicados a tales fines”.

Argumentos

La jueza Servini consideró que las resoluciones de los casos se presentan como un mecanismo alternativo de resolución, orientado a lograr la reparación integral del eventual perjuicio ocasionado como consecuencia de la conducta investigada.

En ese sentido, ponderó la relevancia de la intervención del MPF y recordó que en noviembre de 2019 se resolvió la implementación del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, donde se dispone que tanto los jueces como los representantes del Ministerio Público "procurarán resolver el conflicto que surja como consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social".

Sostuvo también que la solución arribada por las partes se vislumbra como justa y reparadora y consideró que los medios alternativos de solución de conflictos son la herramienta que mejor se adecue a la reparación del daño causado.

Rol del MPF

Estas soluciones como método alternativo a la pena de inhabilitación son propuestas por la Fiscalía Nacional Electoral que, además de la pérdida del financiamiento para las agrupaciones políticas por el incumplimiento a la ley 26.215, impulsa en los casos de infracciones de carácter administrativo sancionador que los dirigentes responsables de acreditar el origen y destino de los fondos partidarios contribuyan a la reparación del daño.

Según sostiene la fiscalía, es posible la identificación de un daño mensurable y de un damnificado, cuyo perjuicio puede ser reparado en los términos del instituto sobre el que se discute. En definitiva, se trata de la búsqueda de recomponer, en términos genéricos, la hacienda pública que puede expresare en una ecuación económica.